La alarma es Ayuso

En circunstancias normales, no habría sido necesario llegar hasta aquí. No ha hecho falta declarar el estado de alarma para cerrar en esta segunda ola Palencia o León, o antes Lleida y L'Hospitalet. 

Ninguna de las medidas que se han tomado en Madrid difieren mucho de las que se están aplicando ya en otras muchas comunidades. Si acaso son más laxas que las que, por ejemplo, están en vigor en Ourense, con otro gobierno del Partido Popular, el que preside Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Son similares a las que han ordenado otras grandes ciudades europeas con muchísimos menos casos. E idénticas a las que el propio gobierno de Ayuso ya había tomado, pero solo para los barrios pobres de la ciudad. 

La anomalía no está ahí: ni en la pandemia ni en la regulación, que no habría requerido dar este paso si no es por otra razón. La anomalía es el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La alarma está en su gestión.

La presidenta de Madrid ha abordado esta pandemia pensando exclusivamente en su 'relato', en cómo iba a quedar ella ante sus votantes y afines, en cómo convertirse en una nueva 'lideresa', en la 'antiSánchez', en una nueva Esperanza Aguirre que aglutinara a la derecha neocón. Ha estado más pendiente de la política cortoplacista de los zasca de Twitter que de las luces largas de la gestión. Se ha negado, con todas sus fuerzas, a remar juntos para buscar una solución. Lo más importante nunca han sido ni los enfermos, ni los sanitarios, ni los rastreadores ni las residencias ni los alumnos ni los profesores. A la vista de sus decisiones, lo prioritario para Ayuso siempre ha sido sacar ventaja política de esta situación. 

Los ejemplos son flagrantes y conocidos por todos. Empezó esta pandemia negándose a cerrar Madrid. Después nos intentó convencer de que el cierre había sido idea suya, que “Madrid enseñó el camino al resto de España”. Más tarde se empeñó en abrir a cualquier precio, cuando su autonomía no cumplía con los requisitos: contra el criterio de sus propios técnicos y de su directora general de Salud Pública, que dimitió. Y cuando aquellas prisas por abrir se convirtieron en una segunda ola descomunal, primero intentó negar la realidad, después se negó a reaccionar y más tarde puso todos los palos en las ruedas para evitar actuar al Ministerio de Sanidad.

De no ser por Ayuso, y su empecinamiento antisistema –ni Quim Torra se ha comportado así–, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no habría tumbado las medidas que hoy vuelven a estar en vigor. En medio, hemos perdido tiempo una vez más. Y Ayuso y su Gobierno han generado entre los ciudadanos una enorme confusión, en la víspera de un puente. Como esperpento final, los madrileños hemos tenido que ver a Ayuso “recomendar” que no saliéramos de la ciudad este fin de semana, después de haber hecho lo imposible para boicotear esa medida. Una decisión tan razonable que, en unos meses, nos intentarán convencer de que ha sido idea suya.

Nunca fue una cuestión de “derechos fundamentales”. Los mismos derechos tienen los vecinos de Parla o Villaverde, que estaban confinados ya con una orden previa que el tribunal superior madrileño sí avaló. La diferencia está en que, en esta ocasión, el Gobierno de Ayuso no hizo suyas esas medidas, y presentó ante la Justicia una argumentación legal donde no utilizaba los mecanismos que tiene a su disposición. Tiene lógica porque Ayuso ya había anunciado que pensaba recurrir lo que su gobierno llamaba “imposiciones” ante la Justicia. Por eso el Tribunal Superior de Castilla y León sí ha aprobado medidas idénticas, pero el de Madrid no. 

Es Ayuso quien hoy es la responsable de la estigmatización que supone el estado de alarma, del daño reputacional para la región. No habría sido necesario sin su nefasta gestión. Solo espero que tengamos algo de memoria: que cuando Ayuso intente de nuevo reescribir la historia, recordemos exactamente lo que pasó.

En circunstancias normales, no habría sido necesario llegar hasta aquí. No ha hecho falta declarar el estado de alarma para cerrar en esta segunda ola Palencia o León, o antes Lleida y L'Hospitalet. 

Ninguna de las medidas que se han tomado en Madrid difieren mucho de las que se están aplicando ya en otras muchas comunidades. Si acaso son más laxas que las que, por ejemplo, están en vigor en Ourense, con otro gobierno del Partido Popular, el que preside Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Son similares a las que han ordenado otras grandes ciudades europeas con muchísimos menos casos. E idénticas a las que el propio gobierno de Ayuso ya había tomado, pero solo para los barrios pobres de la ciudad.