Entre dos y cinco años de prisión

Ya han pasado varias semanas desde la publicación de los correos de Miguel Blesa pero, al fin, la Fiscalía se ha decidido a actuar. ¿Para pedir el reingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid? ¿Para enjuiciar los enchufes, los créditos a dedo o esas misteriosas tarjetas de crédito “black a efectos fiscales” que Blesa amparó? ¿Para analizar los extraños favores que pedía José María Aznar? Por supuesto que no. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, pide la apertura de una investigación… contra los medios que publicamos esa relevante información.

Según Moix, difundir estos correos podría atentar contra el artículo 197.4 del Código Penal. Se refiere a un delito de revelación de secretos que está condenado en España con entre dos y cinco años de prisión. Repito: entre dos y cinco años de prisión.

Moix responde así a los ruegos de José María Aznar. Hace unas semanas, el expresidente del Gobierno anunció “acciones jurídicas”. Después se conformó con pedir la actuación del fiscal, que ahora llega en su auxilio.

El fiscal olvida algo importante en su escrito: la jurisprudencia española, que ampara la publicación de estos correos. Tal y como han establecido en distintas sentencias tanto el Tribunal Supremo como el Constitucional, el derecho a la información prevalece sobre el derecho a la intimidad, siempre y cuando esté suficientemente justificado el interés informativo de esa noticia.

Y todo lo que hemos publicado estas semanas en eldiario.es –gracias a una fuente anónima derivada por el Partido X–, en Infolibre, en El País, en El Mundo, en 20 Minutos, en la SER, o incluso en la prensa internacional, responde a ese derecho constitucional. Que todas las radios y televisiones –sin excepción, hasta RTVE– hayan difundido después esos correos demuestra que el interés informativo era más que notable. Tan “íntimos” son esos correos como los cables diplomáticos que desveló Wikileaks.

Además, los correos de Blesa no eran de su cuenta personal sino de su buzón corporativo: una herramienta de trabajo propiedad de Caja Madrid, tal y como establecían las propias condiciones de uso de ese mail. Y la intimidad de Blesa nada tiene que ver con los correos que se han publicado: unos emails que, además de apuntar a varios delitos, demuestran la forma en la que gestionó una caja pública cuya ruina es una de las principales causantes del rescate financiero español.

Pocas cosas hay hoy en España de mayor interés informativo que lo que pasó en Caja Madrid. Todos, también nuestros nietos que están por nacer, somos afectados directos de lo que Blesa hizo porque para eso estamos pagando los platos rotos de su gestión.

Que la Fiscalía esté más preocupada por intimidar al mensajero que por investigar la quiebra cuando menos negligente de una de las principales instituciones financieras del país es un símbolo tan obvio del momento que vivimos que no merece más explicación. Sólo nuestra respuesta: en eldiario.es vamos a seguir investigando este escándalo, por mucho que le disguste a la Fiscalía, a Miguel Blesa o a José María Aznar. Es nuestra obligación.

Ya han pasado varias semanas desde la publicación de los correos de Miguel Blesa pero, al fin, la Fiscalía se ha decidido a actuar. ¿Para pedir el reingreso en prisión del expresidente de Caja Madrid? ¿Para enjuiciar los enchufes, los créditos a dedo o esas misteriosas tarjetas de crédito “black a efectos fiscales” que Blesa amparó? ¿Para analizar los extraños favores que pedía José María Aznar? Por supuesto que no. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, pide la apertura de una investigación… contra los medios que publicamos esa relevante información.

Según Moix, difundir estos correos podría atentar contra el artículo 197.4 del Código Penal. Se refiere a un delito de revelación de secretos que está condenado en España con entre dos y cinco años de prisión. Repito: entre dos y cinco años de prisión.