El parking con las tarifas más baratas de todo Madrid está en la Universidad Complutense: cuesta una quinta parte que los demás. También es el aparcamiento subterráneo más grande de la ciudad. Tiene cinco plantas, 65.000 metros cuadrados y 1.498 plazas que no se han llegado a llenar jamás: apenas se ocupa el 30% de su capacidad. Sale muy económico para el que allí aparca, pero no lo es tanto para los contribuyentes que lo pagamos. Tardó en construirse 15 años y costó seis millones de euros, además del mantenimiento.
Mi duda: ¿tiene sentido gastar el dinero público en subvencionar el garaje a esa minoría de estudiantes cuyas familias tienen recursos suficientes como para pagarles un coche con el que ir a la universidad?
El café para todos no siempre supone una política de igualdad: hace falta tener una taza o, en este caso, un coche para disfrutar de algunas ayudas públicas, que siempre son escasas. Por supuesto, el aparcamiento también lo usan los profesores y el resto del personal de la universidad (con automóviles mucho más modestos que los de algunos alumnos), y también estudiantes que trabajan y necesitan el coche para desplazarse, les guste o no. En teoría, es un parking disuasorio para descongestionar la capital, pero en la práctica nunca ha funcionado como tal (entre otras cosas, porque no se ha promocionado). Puede ser lógico que el dinero público sirva para subvencionar el garaje a estos trabajadores, pero ¿también a los estudiantes, en una ciudad con la red de transporte público que tiene Madrid? Si se trata de ayudar a los universitarios con el dinero público, ¿no es más justo gastar esos fondos en pagarles el metro –que no para de subir–, en vez de la plaza de garaje? Sí, es verdad que el abono de transportes joven está bonificado, pero no en la misma proporción. El abono sale un 36% más barato frente al abono normal, mientras que la rebaja del aparcamiento es del 80% frente al precio de los demás parkings públicos.
El caso del aparcamiento de la Complutense es menor y anecdótico; no es tampoco muchísimo dinero ni es especialmente indignante –más aún en un país que se va a gastar lo que no tiene en salvar al sector financiero–, pero sirve de pequeño ejemplo del tipo de grandes injusticias que los políticos suelen cometer al distribuir el dinero público. En ocasiones el Estado funciona como Robin Hood, pero al revés: le quita el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Recauda de las clases medias para pagar con ese presupuesto inversiones y servicios de los que mayoritariamente disfrutan las clases privilegiadas. Es lo que está pasando con el AVE, y su desmesurado despliegue para que una minoría se ahorre algo de tiempo en los viajes de negocios. O lo que sucede con la exuberante T4 de Madrid –hoy medio vacía–, o con tantos y tantos aeropuertos de dudosa utilidad. O lo que ocurre con la deducción por compra de vivienda: que ahorra más impuestos al que más tiene e incluso subvenciona al que se compra una mansión. O con la deducción de los planes de pensiones privados: la congelación de las pensiones de este año, por ejemplo, es equivalente a lo que está presupuestado para esta deducción fiscal; recortamos dinero del pensionista pobre porque no hay dinero, pero sí lo hay para el futuro jubilado rico.
Pero volvamos al parking, porque de todos los ejemplos de política “anti Robin Hood” éste es, sin duda, uno de los más sutiles y más difíciles de explicar. El gasto más redistributivo que tiene el Estado hoy en España es el de las pensiones: es el que más ayuda a reducir la desigualdad, la brecha entre ricos y pobres. ¿El más regresivo? Según varios estudios, es el gasto en la universidad. Aumenta la desigualdad, en vez de acortarla, porque las posibilidades que tiene el hijo de una familia de clase media baja de cursar estudios superiores son muchísimo menores de las que tiene una persona nacida en una familia de clase alta o media alta. La universidad la pagamos entre todos, pero la disfrutan más unos que otros. Como el AVE.
Por supuesto, la solución no pasa por privatizar la universidad y que el Estado deje de invertir en educación superior, sino por buscar los mecanismos para que los hijos de las clases populares tengan las mismas posibilidades que los que vienen de familias acomodadas; por revisar en qué se gasta cada euro para garantizar que sirva a este fin. Pero para eso hacen falta más becas, y menos plazas de aparcamiento subvencionadas.