Rajoy se escuda en que la dimisión del fiscal Eduardo Torres-Dulce es una decisión personal. No es personal. Son negocios, los negocios de un PP que no quiere que nada ni nadie que tenga que ver con la investigación y la difusión de los casos de corrupción escape a su control en pleno año electoral. Han ido a por los jueces, enseñándole la puerta al juez Ruz. A por los policías, donde ya llevan tres ceses en la cúpula Anticorrupción. A por los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados. Ahora le toca a la Fiscalía. Así funciona el respeto por las instituciones democráticas y por la separación de poderes en el Partido Popular.
No, Torres-Dulce no es precisamente un rojo peligroso. Su gestión en casos como el 'Faisán' –donde obligó a los fiscales de la Audiencia, contra su criterio, a acusar de pertenencia a banda armada a la misma policía que llevaba años jugándose la vida con ETA– deja claro que, en muchos asuntos, el PP encontró en él un aliado fiel. No ha sido suficiente.
Al Gobierno no le basta con un fiscal conservador y leal. Quieren algo más: alguien obediente, que no se revuelva, que acate las órdenes. Alguien que no se escandalice cuando, por ejemplo, la presidenta del PP catalán le ordene cuándo y cómo se tiene que querellar; un fiscal general al que no se le ocurra respaldar al juez Ruz cuando decide responsabilizar a Ana Mato y al propio PP por haberse lucrado con la Gürtel. Quieren un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, como decía el José Luis López Vázquez de Atraco a las tres.
Por supuesto, la salida de Eduardo Torres-Dulce tiene muy poco que ver con esos “motivos personales” que el educado fiscal general quiere ahora alegar. Hace ya semanas que el ministro de Justicia estaba buscando su sucesor. Su salida estaba cantada y se va, y así lo dejan claro desde su entorno más próximo, porque el Gobierno no le respaldaba y le pedían que se apartase ya.
Torres-Dulce es a la Fiscalía como Julio Somoano a la televisión pública. Ninguno de los dos puede ser calificado de peligroso antisistema. Pero los dos han caído porque nada es bastante para este PP acorralado por la corrupción, hundido en las encuestas y que en 2015 se juega a doble o nada todo su poder. Son los coletazos de un animal herido, de un Gobierno que prefiere pagar el coste en imagen que suponen todos estos golpes a las instituciones democráticas antes que permitir que el más mínimo mecanismo del Estado escape de su control.
Somoano fue cesado porque el PP quería otro Alfredo Urdaci. Torres-Dulce, porque buscan un nuevo Jesús Cardenal.
Rajoy se escuda en que la dimisión del fiscal Eduardo Torres-Dulce es una decisión personal. No es personal. Son negocios, los negocios de un PP que no quiere que nada ni nadie que tenga que ver con la investigación y la difusión de los casos de corrupción escape a su control en pleno año electoral. Han ido a por los jueces, enseñándole la puerta al juez Ruz. A por los policías, donde ya llevan tres ceses en la cúpula Anticorrupción. A por los medios de comunicación, tanto los públicos como los privados. Ahora le toca a la Fiscalía. Así funciona el respeto por las instituciones democráticas y por la separación de poderes en el Partido Popular.