Lo que demuestra el ocupa de la Real Fábrica de Tapices

Fue Esperanza Aguirre, entonces ministra “hola majete” del Gobierno de Aznar, quién inauguró esta surrealista situación. En 1997, la titular del Ministerio de Cultura decidió el rescate público de la Real Fábrica de Tapices. Aguirre lideró una coalición entre las tres administraciones de la capital –el Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid– para salvar de la ruina a la empresa que gestionaba esta histórica manufactura real. Con el apoyo de Caja Madrid, inyectaron 400 millones de pesetas para cubrir los más de 200 millones de deudas que arrastraba esta quebrada sociedad. Pagaron las pérdidas con dinero público, convirtieron la Real Fábrica en una fundación, pero dejaron al frente al mismo director que había arruinado la empresa, Livinio Stuyck. Todo, como ven, muy liberal.

Tras la quiebra y posterior rescate público, Stuyck no solo mantuvo el puesto; también una inusual ‘residencia oficial’. Sin ser ya dueño de la empresa –de la sede nunca lo fue, era patrimonio del Estado desde que se construyó– se quedó viviendo en la Real Fábrica de Tapices, en un enorme dúplex de casi 700 metros cuadrados en las dos últimas plantas del edificio. Aguirre no puso pegas, o no se quiso enterar. Todo, de nuevo, tremendamente liberal.

En 2002, el patronato de la fundación despidió por fin a Stuyck. Nunca se explicó la causa, ni por qué se tomó la decisión. Pero nadie del patronato –ni en el Ministerio de Cultura, ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad– movió un dedo para sacarle de su pisito de casi 700 metros cerca del parque del Retiro, en un edificio público declarado como Bien de Interés Cultural.

Entre 1997 y 2017 no solo han pasado veinte años. También ocho ministros de Cultura (incluido Mariano Rajoy), tres presidentes autonómicos de Madrid (incluida otra vez Esperanza Aguirre) y tres alcaldes. Con ellos, otros tantos patronos nombrados por estas administraciones en la fundación. Ninguno de ellos movió un solo dedo para desalojar al ocupa de la Real Fábrica de Tapices. No es solo que no pagase el alquiler. Es que no pagaba ni el agua ni la electricidad. Livinio baja la basura y sube la compra por la misma entrada por la que pasan los turistas que vienen a visitar los tapices de Goya. Tiene las llaves de su ‘dúplex’ y de la entrada principal. Todo, por supuesto, gratis total.

Veinte años, ocho ministros de Cultura, tres presidentes autonómicos y cuatro alcaldes después, ha tenido que llegar Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid para que esta película de Berlanga empiece a terminar. El actual equipo municipal es quien ha presionado al Gobierno para que comience los trámites para un desalojo que ya veremos si se llega a concretar. En derecho, el usufructo es también una forma de propiedad. Y la indiferencia, la incompetencia, la dejadez y el silencio de dos décadas de gestores públicos pueden acabar con un patrimonio de todos privatizado por la vía de la negligencia. Una negligencia que sale gratis a quien la comete, porque la pagamos los demás.

“Apoyar ocupas es un atentado a la seguridad jurídica porque en España la propiedad esta protegida y la ocupación penada”, dijo Esperanza Aguirre hace no tanto. Se refería a otros ocupas, a otras propiedades y a otra seguridad jurídica, claro está.

Fue Esperanza Aguirre, entonces ministra “hola majete” del Gobierno de Aznar, quién inauguró esta surrealista situación. En 1997, la titular del Ministerio de Cultura decidió el rescate público de la Real Fábrica de Tapices. Aguirre lideró una coalición entre las tres administraciones de la capital –el Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid– para salvar de la ruina a la empresa que gestionaba esta histórica manufactura real. Con el apoyo de Caja Madrid, inyectaron 400 millones de pesetas para cubrir los más de 200 millones de deudas que arrastraba esta quebrada sociedad. Pagaron las pérdidas con dinero público, convirtieron la Real Fábrica en una fundación, pero dejaron al frente al mismo director que había arruinado la empresa, Livinio Stuyck. Todo, como ven, muy liberal.

Tras la quiebra y posterior rescate público, Stuyck no solo mantuvo el puesto; también una inusual ‘residencia oficial’. Sin ser ya dueño de la empresa –de la sede nunca lo fue, era patrimonio del Estado desde que se construyó– se quedó viviendo en la Real Fábrica de Tapices, en un enorme dúplex de casi 700 metros cuadrados en las dos últimas plantas del edificio. Aguirre no puso pegas, o no se quiso enterar. Todo, de nuevo, tremendamente liberal.