La funcionaria que cambió las notas de Cifuentes ahora trabaja en el Rectorado de la URJC. Amalia Calonge se ocupa de las convocatorias de oposiciones. No ha recibido ninguna sanción.
El catedrático que regalaba títulos de máster, Enrique Álvarez Conde, regresará en septiembre a dar clases a la Universidad.
La profesora que falsificó el acta, Cecilia Rosado, también sigue en la URJC. Entre otras materias, enseña Deontología Profesional.
El rector cuando estalló el escándalo, Javier Ramos, continúa al frente de la Universidad.
El rector que mandaba allí cuando regalaron el título a Cifuentes, Pedro González Trevijano, sigue siendo magistrado en el Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular.
Los muchos profesores que pusieron sobresalientes sin merecerlo a Cristina Cifuentes, a Carmen Montón a Pablo Casado y a tantos otros más también siguen dando clases. No han recibido ninguna sanción administrativa. Tampoco penal. Fueron imputados, pero cuando el Tribunal Supremo, pese a haber visto trato de favor, se negó a investigar a Casado, toda la causa se archivó.
Las decenas de políticos y amigos de Álvarez Conde que recibieron un máster regalado en la URJC aún mantienen sus títulos fraudulentos. Todos ellos, salvo Cifuentes, ni siquiera serán juzgados.
Las decenas de miles de alumnos que se esforzaron para aprobar honradamente su carrera o su máster en la URJC no han tenido reparación alguna. Las verdaderas víctimas de ese escándalo siguen igual. Igual de mal.
El mercado laboral aún hace chistes con los títulos de la URJC. En gran medida, porque el mayor escándalo de corrupción de la historia de la Universidad pública española ha quedado impune.
Sí, Cristina Cifuentes, Maite Feito, Enrique Álvarez Conde y Cecilia Rosado se tendrán que sentar en el banquillo. La Fiscalía pide para ellos penas de entre 21 meses y tres años y nueve meses de prisión. Pero no será por regalar títulos universitarios a gente que nunca se los mereció, ni tampoco por aceptar ese injusto trato de favor. Van a ser juzgados por otra razón: por falsificar un acta con la que intentaron tapar la noticia que hace justo un año publicó Raquel Ejerique en eldiario.es.
Gran parte de los protagonistas de aquel escándalo siguen su carrera como si nunca hubiera pasado nada, como contamos hoy.
Ni el rector, ni la Justicia, ni la Asamblea de Madrid, ni el Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades, ni la Conferencia de Rectores ni el Gobierno de Madrid han podido compensar el enorme daño causado a todos los alumnos honrados de la Universidad Rey Juan Carlos.
Mientras alguien no separe el grano de la paja, los títulos ganados con esfuerzo de aquellos otros regalados, la sombra de esta corrupción universitaria manchará a todos por igual.
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P.D. Raquel Ejerique y yo continuamos imputados. Cifuentes nos acusa de un delito agravado de revelación de secretos, que se castiga con hasta cinco años de cárcel.
También están investigados en esa misma causa un informático de la URJC y un profesor, acusado también de revelar información.
Hace poco, la candidata del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó la durísima pena que pide la Fiscalía para su antigua jefa, un “linchamiento” en su opinión. Ayuso omite que la expresidenta de Madrid nos pide dos años mas de prisión que los que exige la Fiscalía para ella. Cinco en lugar de tres.
Muchas veces, Raquel y yo nos preguntamos si mereció la pena. Si sirvió para algo. Si lo volveríamos a hacer. En casi todos los debates en eldiario.es el optimista suelo ser yo. Salvo en este, donde me gana Raquel. “Nosotros hicimos nuestro trabajo, si después la justicia o los rectores no lo hicieron, no es porque fallásemos en eldiario.es”, dice ella. Y tiene razón.
Las víctimas de esta corrupción, los estudiantes de la URJC, no han tenido reparación. Pero dudo que en el futuro otro político se vaya a atrever a aceptar un título universitario regalado. Tampoco creo que haya ningún otro catedrático que quiera seguir el ejemplo de Álvarez Conde, ni que a partir de ahora sean fáciles de encontrar profesores dispuestos a aprobar a los alumnos VIP porque alguien se lo ordene. La próxima vez que un político poderoso presione a unos funcionarios para que le fabriquen una coartada, probablemente se lo pensarán mejor.
Y sí, seguimos imputados. Pero lo volveríamos a hacer.
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