Ejemplaridad y transparencia

¿Qué tiene que ver el aforamiento del rey padre con la ley orgánica complementaria de racionalización del sector público? Nada, salvo que esa ley que casualmente pasaba ahora por el Parlamento será el atajo que use el Gobierno de Rajoy para blindar judicialmente a Juan Carlos de Borbón a través de una autoenmienda; de una chapuza legal. El Gobierno que se llena la boca hablando del «respeto por la legalidad», el que da lecciones sobre no cenar antes de la merienda y cumplir con los pasos que fija la ley, recurre a una inaceptable triquiñuela para aforar al rey abdicado a toda velocidad. Las enmiendas están previstas para que la oposición mejore leyes con sus propuestas, no para que el Gobierno se enmiende a sí mismo y cuele en un par de párrafos, por vía rápida y sin debate, un aforamiento a Juan Carlos de dudosa constitucionalidad.

Es verdad, en España hay más de 10.000 aforados. Son muchos, pero todos lo son por su responsabilidad actual, no por lo que fueron. Son jueces, fiscales, diputados, ministros… en el ejercicio de su función, ninguno jubilado. Como bien dice el catedrático de Derecho Penal Joan J. Queralt, “quien ninguna función pública ejerce, ninguna protección específica merece”. Y el rey saliente no tiene ya función constitucional alguna, por lo que tampoco tiene derecho a ser aforado, un privilegio que ni aparece ni tiene encaje en nuestra maltratada Constitución.

Blindaje total

Su aforamiento, además, será una protección personal por lo civil y por lo penal, tan única como excepcional. Su blindaje judicial no solo atañe a hechos relacionados con el desempeño de su cargo, sino también a su vida privada. Hablando claro, tanto el aforamiento como las prisas responden al miedo del Gobierno a las demandas de paternidad de un barcelonés de 58 años, Albert Solà, de asombroso parecido con Juan Carlos. Desde hace años, Solà pleitea (con poco éxito) para lograr una prueba genética que, hasta ahora, la justicia ha negado, y que le podría acreditar como el primer hijo varón del rey padre. No ha podido comprobar su ADN con el de Juan Carlos, pero sí con otra supuesta hija ilegítima del rey, la belga Ingrid Sartiu. Los resultados de la prueba aseguran que Solà y Sartiu tienen madres distintas, pero comparten progenitor.

La inmunidad del Rey impedía cualquier investigación de este asunto hasta que el Rey abdicó. Y lo que busca la enmienda urgente y el aforamiento es que sea el Supremo -más controlado por los partidos que un juez de primera instancia- quien decida qué hacer ante las temidas demandas de paternidad. Todo, como se ve, tan transparente como ejemplar.

Publicado ayer en El Periódico

¿Qué tiene que ver el aforamiento del rey padre con la ley orgánica complementaria de racionalización del sector público? Nada, salvo que esa ley que casualmente pasaba ahora por el Parlamento será el atajo que use el Gobierno de Rajoy para blindar judicialmente a Juan Carlos de Borbón a través de una autoenmienda; de una chapuza legal. El Gobierno que se llena la boca hablando del «respeto por la legalidad», el que da lecciones sobre no cenar antes de la merienda y cumplir con los pasos que fija la ley, recurre a una inaceptable triquiñuela para aforar al rey abdicado a toda velocidad. Las enmiendas están previstas para que la oposición mejore leyes con sus propuestas, no para que el Gobierno se enmiende a sí mismo y cuele en un par de párrafos, por vía rápida y sin debate, un aforamiento a Juan Carlos de dudosa constitucionalidad.

Es verdad, en España hay más de 10.000 aforados. Son muchos, pero todos lo son por su responsabilidad actual, no por lo que fueron. Son jueces, fiscales, diputados, ministros… en el ejercicio de su función, ninguno jubilado. Como bien dice el catedrático de Derecho Penal Joan J. Queralt, “quien ninguna función pública ejerce, ninguna protección específica merece”. Y el rey saliente no tiene ya función constitucional alguna, por lo que tampoco tiene derecho a ser aforado, un privilegio que ni aparece ni tiene encaje en nuestra maltratada Constitución.