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Enrique Arnaldo y el secuestro de la Justicia

10 de noviembre de 2021 23:03 h

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El nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional es una vergüenza democrática. Entre todos los juristas, el Partido Popular tenía cientos de nombres mejores para elegir, igualmente conservadores. ¿Es mucho pedir que un candidato al Constitucional no tenga esas manchas en la toga? ¿Era muy difícil encontrar a alguien que no se dedicara al pluriempleo siendo funcionario, que no pasteleara con imputados por corrupción sobre los nombramientos en la Fiscalía, que no se hubiera librado de una investigación penal por estar los hechos prescritos

Al lado de Enrique Arnaldo, alguien tan sesgado como Concepción Espejel parece un ejemplo de independencia judicial, digna del Tribunal de La Haya. Y eso que hablamos de “querida Concha”, como la llamaba Cospedal cuando la condecoró: una jueza que debe toda su carrera al PP –en este artículo anterior repaso su vida y milagros– y que fue apartada del caso Gürtel por sus propios compañeros de la Audiencia Nacional por su evidente afinidad con el PP. 

En palabras de varios políticos del Gobierno, votar los nombramientos de Arnaldo y Espejel supone “tragarse un sapo”. Uno muy gordo; uno muy feo y desagradable. Pero conviene recordar de dónde salió ese sapo. Quién es su dueño. Quién lo puso sobre la mesa. 

Lo que ha pasado y sigue pasando con el Tribunal Constitucional, con el Poder Judicial, con el Tribunal de Cuentas o con el Defensor del Pueblo se entiende mejor con una metáfora: es un secuestro. El Partido Popular ha tomado todos estos órganos constitucionales como rehenes. Y se niega a cumplir con su obligación legal, desde hace ya más de tres años. 

No es siquiera novedad. El PP lo hace siempre que pierde las elecciones. Porque le conviene: porque así prolonga artificialmente un poder que perdió en las urnas. Y también porque puede: porque le sale gratis.

El PP solo ha aceptado, a regañadientes, renovar una parte de esos órganos constitucionales. Terminar con una parte de ese secuestro –el del CGPJ continúa–, pero cobrando un rescate.

Ese rescate consiste en el nombramiento de alguien tan inapropiado para el Tribunal Constitucional como es Enrique Arnaldo. Todo esto, mientras Casado nos da lecciones sobre “despolitizar la Justicia”.

Llegados a este punto se ha abierto uno de esos encendidos debates tan habituales en la izquierda, que con razón se exige a sí misma una coherencia y una pureza en los valores con las que rara vez se castiga a sí misma la derecha. Unos creen que hay que plantarse y no ceder al chantaje. Otros apuestan por lo malo frente a lo peor: tragarse el sapo, pagar el rescate.

Entiendo ambas posiciones y les confieso mis dudas. No sé qué haría si estuviera en los zapatos de esos diputados progresistas que este jueves tendrán que votar estos nombramientos con una pinza en la nariz. No sé si el Gobierno tuvo margen para un acuerdo mejor, que no pasara sí o sí por Arnaldo. Pero el propio debate que se ha desatado en la izquierda, en contraste con la falta de presión sobre el PP, explica muchas cosas.

Si fuera Unidas Podemos o el PSOE quien se negara a cumplir la Constitución desde hace más de tres años, sus líderes ya estarían enfrentándose a un juicio por prevaricación. O por sedición. O por desacato a la autoridad. O por todos los delitos anteriores y algún otro. 

Y si Enrique Arnaldo fuera un candidato al Tribunal Constitucional propuesto por la izquierda, no habría nombramiento, porque se habría descabalgado su candidatura hace semanas. Solo el PP puede aguantar este chaparrón: porque llueve en otros barrios, que no son los suyos.

Hace días que el debate ético sobre el nombramiento de Enrique Arnaldo es el tema principal en los medios progresistas, y en las tertulias que escuchan y ven los votantes de la izquierda. No encontrarán algo similar en los medios y tertulias de la derecha. Se da el absurdo de que el nombramiento de Arnaldo tiene más desgaste político para el PSOE y Unidas Podemos que para el PP y Pablo Casado, los dueños del sapo.

Es lo de siempre: unos practican el ballet, otros juegan al rugby. El campo de juego mediático está completamente desequilibrado, y la portería de la izquierda está siempre cuesta abajo.

El nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional es una vergüenza democrática. Entre todos los juristas, el Partido Popular tenía cientos de nombres mejores para elegir, igualmente conservadores. ¿Es mucho pedir que un candidato al Constitucional no tenga esas manchas en la toga? ¿Era muy difícil encontrar a alguien que no se dedicara al pluriempleo siendo funcionario, que no pasteleara con imputados por corrupción sobre los nombramientos en la Fiscalía, que no se hubiera librado de una investigación penal por estar los hechos prescritos

Al lado de Enrique Arnaldo, alguien tan sesgado como Concepción Espejel parece un ejemplo de independencia judicial, digna del Tribunal de La Haya. Y eso que hablamos de “querida Concha”, como la llamaba Cospedal cuando la condecoró: una jueza que debe toda su carrera al PP –en este artículo anterior repaso su vida y milagros– y que fue apartada del caso Gürtel por sus propios compañeros de la Audiencia Nacional por su evidente afinidad con el PP.