La imparcialidad del juez Yusty

Vender cannabis es ilegal en España. Manifestarse a favor de la legalización del cannabis es legal. La monarquía es el sistema político vigente en España. Hacer un acto a favor de la república es legal. Matar a un toro en la plaza es legal en España. Protestar contra la tauromaquia también es legal. Y el referéndum que ha puesto en marcha la Generalitat catalana también es ilegal –ni ellos mismos ocultan que es una desobediencia a la Constitución–, pero manifestarse a favor del derecho a decidir, en una democracia, debería ser perfectamente legal.

El auto que ha firmado el juez José Yusty para prohibir ese acto convocado en Madrid a favor del derecho a decidir es un despropósito jurídico que solo se explica cuando se descubren las filias y fobias políticas de este magistrado conservador. Alguien que firma manifiestos a favor de la unidad de España debería haberse inhibido ante una decisión así. La apariencia de imparcialidad es un requisito imprescindible en el Estado de derecho que Yusty, en este tema y en muchos otros, dista mucho de cumplir.

La opinión del juez Yusty sobre la unidad de España no es el único motivo por el que debería haberse inhibido ante esta decisión. También lo es su animadversión contra la alcaldesa Manuela Carmena, cuyo ayuntamiento cedió un local público para este acto por el derecho a decidir.

Ante miles de jueces en España, Yusty despreció a una representante pública elegida democráticamente por los ciudadanos en unos términos impresentables para un funcionario con su responsabilidad. “¡Pensar que semejante tropa está al mando de nuestras ciudades y villas, y puede estar en el Gobierno de España. Si por lo menos tuviesen un aspecto presentable”, escribió sobre Carmena este juez. Para “tropa”, la que aún anida en una judicatura tan conservadora que asusta. ¡Quién iba a pensar que un foro en el que solo participan jueces iba a ser, en algunos mensajes, indistinguible de Forocoches!

La decisión tomada por el juez Yusty es, además, completamente contraproducente para esa unidad de España que dice querer defender. Con los mismos argumentos que da Yusty para prohibir ese acto en Madrid también se podría haber vetado la manifestación de la Diada. Con jueces así, con autos así, es como realmente se fomenta el independentismo catalán.

Igualmente irresponsable es el recurso que antes presentó el grupo del PP, y que ha provocado este auto. A pequeña escala, estamos de nuevo ante el mismo electoralismo cortoplacista que provocó el incendio independentista que vivimos hoy. Hace once años, Mariano Rajoy se lanzó en el primer referéndum ilegal de esta historia: esa recogida de firmas contra el Estatut de Catalunya cuyo principal objetivo era debilitar al PSOE en las autonomías donde el anticatalanismo prende con facilidad y hacer de Javier Arenas presidente de Andalucía. No lo consiguió, Arenas también fracasó esta vez pero, gracias en gran medida a ese recurso y a esa sentencia del Constitucional, el independentismo pasó en Catalunya del 15% al 47,8%. Gracias a Rajoy.

Hoy el rival no es Manuel Chaves sino Manuela Carmena, pero el objetivo del PP es el mismo: debilitar al rival político, aunque eso dañe la convivencia de los españoles y pisotee derechos fundamentales, como el derecho a la libre expresión y reunión. Sacar pequeño rédito político, aunque eso llene de grandes argumentos a esos independentistas a los que el PP dice combatir.

Vender cannabis es ilegal en España. Manifestarse a favor de la legalización del cannabis es legal. La monarquía es el sistema político vigente en España. Hacer un acto a favor de la república es legal. Matar a un toro en la plaza es legal en España. Protestar contra la tauromaquia también es legal. Y el referéndum que ha puesto en marcha la Generalitat catalana también es ilegal –ni ellos mismos ocultan que es una desobediencia a la Constitución–, pero manifestarse a favor del derecho a decidir, en una democracia, debería ser perfectamente legal.

El auto que ha firmado el juez José Yusty para prohibir ese acto convocado en Madrid a favor del derecho a decidir es un despropósito jurídico que solo se explica cuando se descubren las filias y fobias políticas de este magistrado conservador. Alguien que firma manifiestos a favor de la unidad de España debería haberse inhibido ante una decisión así. La apariencia de imparcialidad es un requisito imprescindible en el Estado de derecho que Yusty, en este tema y en muchos otros, dista mucho de cumplir.