Isabel Díaz Ayuso: “No es un piso de 1 millón. No es mío. Está hipotecado. Está registrado mediante notario. Está legal. Está todo en A”.
No es un piso de un millón. Son dos. Y probablemente valen más de dos millones en total. Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador no residen en una casa de 208 metros cuadrados en el barrio madrileño de Chamberí. En realidad el domicilio familiar ocupa dos plantas y suma 387 metros cuadrados entre ambos, más la plaza de garaje. Son el sexto y el séptimo piso, uno encima del otro. Un espectacular dúplex con una enorme terraza en ese séptimo que es también la última planta, el ático, donde no falta una gran bandera de España. Cómo no.
¿Hay mayor hipocresía que la de aquellos que dicen querer mucho a España pero esconden negocios en Panamá? Porque el amor a la patria no se declara con una bandera: se declara en el IRPF. Sin defraudar.
Isabel Díaz Ayuso: “Esa casa está comprada bien y lo está ante notario registrada y por cierto, hipotecada. No hemos ido con un rulo a comprar nada”.
El piso de abajo está hipotecado, sí. Aunque solo por una parte del valor total: 500.000 euros. El piso de arriba se pagó al contado. Y está escriturado a nombre de una empresa, donde el abogado de su pareja figura como administrador.
El piso de arriba se compró en verano, poco antes de que Ayuso se mudara allí.
Isabel Díaz Ayuso: “Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude. No solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses”.
Es curioso. Alberto González Amador puede ser el primer español de la historia al que una inspección fiscal donde le acusan de tres delitos le sale a devolver.
Tras la rueda de prensa de Ayuso, la Comunidad de Madrid contó a varios medios que la pareja de Ayuso había pagado ya por esos 350.000 euros que había defraudado a Hacienda y que por tanto no debe ya nada. Es una versión muy diferente a la realidad.
Durante la inspección fiscal, a medida que González Amador era requerido por la Agencia Tributaria para que explicara las facturas falsas, intentó retirarlas. Y en el ejercicio fiscal de 2022, cuando la inspección ya estaba abierta, presentó una contabilidad donde eliminaba esas facturas falsas y tributaba por ellas como si fueran nuevos ingresos. Esta manera de actuar no es, ni mucho menos, la forma de regularizar un fraude fiscal. Tampoco pone a cero las deudas con Hacienda, ya que defraudar implica un recargo: una sanción.
Isabel Díaz Ayuso: “Es una inspección de Hacienda sacada de quicio. Ni más ni menos. Aquí no hay ninguna trama, ni sociedades, pantallas ni nada, como se está diciendo”.
Falso. Claro que hay una sociedad pantalla. Según la inspección de Hacienda, la pareja de Ayuso utilizó una segunda empresa para desviar parte de sus ingresos y así defraudar. “Mera sociedad interpuesta”, la llamó expresamente la inspección.
Y claro que hay una trama. Además de Alberto González Amador, han sido denunciadas por la Fiscalía cuatro personas más: los que firmaron las “facturas falsas o falseadas”–así las define literalmente la Agencia Tributaria– que la pareja de Ayuso se dedujo para no tributar por los dos millones de euros que cobró por dos comisiones por la compraventa de mascarillas durante la pandemia.
Isabel Díaz Ayuso: “Hay un caso turbio de todos los poderes del Estado contra un ciudadano anónimo, un particular al que le deben casi 600.000 euros”.
Falso. Y quien reconoce que no es así es el propio abogado de Alberto González Amador, que ofreció a la Fiscalía un pacto: declararse culpable de los delitos a cambio de no ir a juicio.
“Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, reconoció en un escrito ante la Fiscalía. Lo típico en un inocente al que Hacienda le debe dinero.
Isabel Díaz Ayuso: “Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado, porque es mi pareja”.
Falso. Resulta muy hipócrita que una dirigente del Partido Popular –el mismo que tiene a su exministro del Interior procesado penalmente por utilizar a la Policía contra sus rivales políticos y para tapar la corrupción de su partido– se apunte sin pruebas a una conspiración así.
La inspección inicial empezó de la forma más natural: porque es lo que suele pasar –así lo explican distintos fiscalistas– cuando la Agencia Tributaria detecta que una empresa ha disparado sus ingresos sin aumentar su base imponible: los beneficios por los que tributa. En el caso de Maxwell Cremona, una de las empresas de Alberto González Amador, el pelotazo de las mascarillas había multiplicado sus ingresos por seis y había reducido sus beneficios declarados a menos de un tercio. Era evidente que Hacienda iba a mirar.
También es ordinario, lo habitual, que si la Agencia Tributaria detecta un fraude superior a los 120.000 euros en un solo ejercicio y es además un fraude doloso, intencionado, como es falsificar facturas, lo ponga en conocimiento de la Justicia. Es eso lo que ha pasado: ni más ni menos. Lo contrario sí habría sido algo verdaderamente irregular.
Isabel Díaz Ayuso: “Después de toda una vida trabajando, esta persona tiene un patrimonio y se puede permitir comprarse una casa o un coche o siete mientras esté legal, mientras esté todo en A, mientras esté en notario. Yo soy libre de subirme en ese coche o meterme en esa cama y no tengo por eso que dar más explicaciones”.
El coche al que se refiere la presidenta de Madrid es un Maserati. Alberto González Amador tampoco paga las multas, ni el impuesto de circulación.
El problema es justo ese: que no es legal. Porque defraudar 350.000 euros al fisco con facturas falsas y empresas pantalla no es algo amparado por la “libertad”.
Isabel Díaz Ayuso: “Todo esto en una persecución política escandalosa donde todo huele a turbio por cómo se inició la inspección, turbio por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones, por el hecho de que todos salieran en tromba, los medios cercanos al Gobierno, a la misma hora”.
¿Todos salieron en tromba? Tampoco es verdad. La exclusiva la dio elDiario.es, a las 6:00 de la mañana del martes. Y sí: todos los demás medios, de toda ideología (de El País al ABC, pasando por El Mundo o incluso Telemadrid) publicaron el tema poco después, citando a elDiario.es, porque era una clara noticia. Porque no todos los días la pareja de un cargo público de la importancia de la presidenta de Madrid es acusada de tres delitos penales: dos delitos fiscales y otro de falsedad documental.
Hace unos días ocurrió igual. elDiario.es fue de los primeros medios que publicó la detención de Koldo García. Y claro que otros medios salieron en tromba después. Porque es una noticia. El periodismo funciona así.
Isabel Díaz Ayuso: “También quiero aclarar que se ciñe a una etapa de su vida, la de este particular, cuando ni siquiera éramos pareja”
Falso. El fraude del que le acusa Hacienda se cometió en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2020 y 2021. Pero es que este impuesto –igual que el IRPF– se declara al año siguiente de cada ejercicio. Es decir: en el año 2021 y el año 2022. Y sí, en esa época ya eran pareja. La primera noticia sobre su relación es de mayo de 2021. La declaración del Impuesto de Sociedad se presentó el 14 de julio de 2021: unos meses después.
Isabel Díaz Ayuso: “Mi padre murió sin deber un duro siendo un hombre honrado”.
El padre de Ayuso nunca devolvió un crédito de 400.000 euros que pidió su empresa y respaldó Avalmadrid, una entidad semipública participada por la Comunidad de Madrid. Los técnicos alertaron que el préstamo pintaba mal: las garantías no cubrían esa cantidad y el riesgo era altísimo. Aún así, se aprobó –en los mismos años en los que la carrera política de Ayuso empezaba a despuntar en el PP–. En octubre de 2011, apenas 48 horas después de dimitir de esa empresa como administrador, el padre de Ayuso donó todas sus propiedades a sus hijos –a Isabel y a su hermano Tomás– para prevenir cualquier embargo por el impago. El dinero de ese préstamo, que respaldó el dinero público, nunca se recuperó.
Isabel Díaz Ayuso: “Mi hermano es un comercial, como tantos miles de comerciales de este país”.
Comerciales que se hayan llevado 234.000 euros de comisión por un contrato que adjudica a dedo el Gobierno que preside tu hermana, ¿cuántos hay? ¿Miles también?
Isabel Díaz Ayuso: “La ministra de Hacienda ya soltaba por los pasillos y allá donde tenía ocasión, intereses, ya soltaba esos datos personales de este particular que ni siquiera el propio afectado conocía”.
Ayuso insinúa que toda la información que está publicando elDiario.es proviene de una filtración de la ministra de Hacienda. A esa teoría se sumaron después distintos medios de comunicación conservadores. ¿La prueba? Que el martes, en unas declaraciones en el Congreso, María Jesus Montero aseguró que Ayuso “debía dar explicaciones” por el piso donde vivía y que se había pagado “con comisiones de mascarillas”.
Es cierto que, en la primera información de elDiario.es que publicamos el martes, no detallamos las cifras y el origen exacto del botín por el que Alberto González Amador había intentado no tributar. Pero tampoco hacía falta ser Sherlock Holmes para llegar a esa conclusión.
En nuestra primera noticia ya se explicaba de forma clara que el dinero venía “de sus negocios millonarios durante la pandemia”. ¿Un “técnico sanitario” haciendo “negocios millonarios durante la pandemia”? ¿Qué podrá ser? ¿Un pájaro? ¿Un avión? Montero no dijo nada muy diferente a lo que comentaron distintos tertulianos a lo largo del día, en todos los programas de televisión.
En cuanto a las fuentes de nuestra información, como siempre, no las vamos a desvelar. Es nuestro derecho constitucional: el secreto profesional.
No es la primera vez que nos ocurre algo así. Cuando publicamos las primeras noticias sobre el máster fraudulento de Cristina Cifuentes, hubo medios que se dedicaron a investigar y a intentar desacreditar a quien decían que era nuestra fuente. Hay quien prefiere mirar al dedo, porque hablar de la Luna les va fatal.
Isabel Díaz Ayuso: ¿Quién y cómo se ha filtrado esto y cómo hemos llegado hasta aquí? Creo que el periodismo –que es un contrapoder, un contrapeso, soy yo también periodista y para eso estudié esta carrera– está para eso.
La pregunta pertinente no es quién lo ha filtrado. La pregunta es si nuestra información es veraz. Es relevante. Es de interés general. En eso consiste el periodismo. En eso consiste ejercer de contrapeso, de contrapoder.
Es relevante conocer que la pareja de la presidenta de Madrid, la persona que gestiona el dinero público y cobra una parte de los impuestos, es un defraudador fiscal, que además está acusado de tres delitos.
Es de interés general saber cómo se pagó la casa donde vive la presidenta de Madrid.
Es importante descubrir que su pareja no es un mero “técnico sanitario”, como nos contaron muchos medios. Que un técnico sanitario es otra cosa. Que en realidad su fortuna proviene de su trabajo de comisionista que, en el peor momento de la pandemia, ganó dos millones de euros por intermediar en la compraventa de mascarillas y trató de no tributar por el botín.
Es nuestro trabajo explicar los nexos de su pareja con el Grupo Quirón, empezando por esa empresa en Panamá en la que también figuraba uno de sus directivos. Porque Quirón no es una empresa cualquiera: porque hablamos del primer contratista privado de la sanidad pública de Madrid.
Desde el Gobierno regional, desde el Partido Popular, han empezado ya las presiones contra elDiario.es. El nuevo argumentario que repite el PP es que “publicar datos fiscales es un delito”. Una vez más –ya nos pasó con Cifuentes– van a intentar pararnos. Desacreditar nuestro trabajo. Destruir nuestra credibilidad. Todos los periodistas de esta redacción somos plenamente conscientes de ello. Nos ha pasado antes. Lo conocemos bien.
Os aseguro que no lo van a conseguir. Mientras contemos con el respaldo de decenas de miles de socios y socias, no nos vamos a rendir.
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