Ese pasado que Pablo Casado prefiere olvidar

“Las hipotecas, en política, no son hereditarias”, dice Pablo Casado, que se niega a pagar más deudas de un pasado que su partido quisiera enterrar. Desde hoy –o eso asegura– no va a volver a dar explicaciones “sobre ninguna cuestión pasada” de esa organización que aún se llama Partido Popular, y que parece abocada a una refundación. El líder de la oposición abandonará la sede histórica del PP, en la calle Génova, que ocupan desde los años de Manuel Fraga, cuando aún eran Alianza Popular. 

Casado quiere dinamitar el pasado antes de que el pasado le dinamite a él. En sus propias palabras, quiere “soltar lastre” ante “el calendario judicial que se avecina”. “No podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos ni tienen nada que ver con un legado impecable en defensa de la libertad y de España”, dice Casado. Que no está diciendo exactamente la verdad.

Claro que Casado conoce esas facturas: las que fueron y las que están por llegar. Por eso se está intentando distanciar, para ver si así logra sobrevivir a un terremoto que se puede llevar por delante al Partido Popular. 

En la dirección del partido hace días que han saltado las alarmas ante la posibilidad de que pronto aflore aún más corrupción de la que ya se ha destapado. Más concretamente, según publicó La Razón: las cuentas en Suiza de cuatro importantes exdirigentes del PP que la actual dirección del partido sospecha que también ocultaban dinero en este paraíso fiscal.

Pablo Casado quiere renunciar a ese pasado que dice desconocer. A la historia negra de un partido que se financió con dinero negro desde su fundación. Casado nació en 1981, pero no toda esta historia corrupta de la derecha española sucedió durante su minoría de edad. Muchos de los episodios ocurrieron cuando Casado ya estaba allí, en primera fila. No se los han tenido que contar. 

Pablo Casado empezó su carrera en 2003, en el PP de Madrid. Con 23 años, cuando aún estudiaba Derecho, logró su primer cargo público: 50.000 euros al año como asesor de la Consejería de Justicia de Madrid. Allí llegó de la mano de Alfredo Prada, vicepresidente de Aguirre y que hoy está pendiente de un juicio en la Audiencia Nacional por la Ciudad de la Justicia: un proyecto faraónico en el que se despilfarraron 350 millones de euros. 

Anticorrupción pide para Alfredo Prada ocho años de cárcel. En esa época, cuando se puso en marcha la Ciudad de la Justicia por la que va a ser juzgado, Casado era su asesor.

En 2018, cuando Casado llegó a la presidencia del PP, nombró a Alfredo Prada como máximo responsable del partido en la lucha contra la corrupción, al frente de la “Oficina del Cargo Popular”, una suerte de asuntos internos que se inventó Mariano Rajoy cuando estalló la Gürtel. Alfredo Prada tuvo que dejar el cargo cuando llegó su imputación. Tras su destitución, en 2019, Casado cerró esa oficina anticorrupción. Y hoy ha anunciado un “nuevo departamento de compliance”. Lo mismo que antes cerró, pero en inglés.

Pablo Casado, en 2008, fue nombrado presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid. Fue la hoy imputada en la trama Púnica, Esperanza Aguirre, quien le promocionó a esa posición. Fue también Aguirre quien lo metió en las listas autonómicas del PP de Madrid en el año 2007, otra de las muchas campañas en las que el partido se financió de forma ilegal. 

Casado después fue el jefe de gabinete de José María Aznar entre 2010 y 2011. En los años en los que el expresidente del Gobierno firmó un impresentable contrato de comisionista a cambio de colocar desaladoras de Abengoa a la dictadura de Gadafi. Aznar cobró por esa intermediación un adelanto de 100.000 euros, y pactó con Abengoa una comisión del 1% de cada adjudicación que lograra esta empresa en Libia. En ese contrato, que da escalofríos leer, también aparece el nombre de Pablo Casado: es una de las personas a las que debía dirigirse Abengoa para cualquier comunicación sobre “el presente acuerdo”. 

Tras su paso como jefe de gabinete de José María Aznar, Casado volvió a la listas electorales: al Congreso, como diputado nacional. Y desde esa posición se incorporó al equipo de comunicación del PP durante el Gobierno de Rajoy; en la cocina del equipo de prensa del partido y también en las tertulias, defendiendo al PP. En el año 2015, M. Rajoy le nombró el máximo responsable de ese departamento: vicesecretario de Comunicación. Desde ese puesto, ya utilizaba la misma técnica que hoy usa cada vez que afloraba un nuevo caso de corrupción: “Son cosa del pasado”. Faltaría más: la corrupción del presente siempre se conoce en el futuro, y no al revés.

En 2018, Casado ganó las primarias con el apoyo de María Dolores de Cospedal, que después tuvo que dimitir por su relación con Villarejo. Colocó en la dirección nacional del partido a Jorge Fernández Díaz, que hoy está imputado por la Kitchen y tuvo que dimitir. Nombró a Ignacio Cosidó como portavoz del PP en el Senado, al director de la Policía en los años en los que la cloaca operó para el espionaje a Bárcenas. Ese mismo Cosidó que presumió de “controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo desde detrás”, la que tiene la última palabra sobre todos los casos de corrupción. Sobre ese “calendario judicial que se avecina” –en palabras de Casado– y que tanto preocupa al PP.

Hoy Casado quiere matar al padre y al abuelo: renunciar a un pasado que simboliza esa sede de la Calle Génova 13 cuyas obras de reforma pagó el dinero de la caja B. Es un edificio que Pablo Casado conoce bien. Ha trabajado en la primera planta, en su época como presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid. En la segunda, donde está la comunicación. En la quinta, donde estaba su oficina como vicesecretario del PP. Y ahora en la séptima planta, en ese despacho que fue antes de Fraga, de Hernández Mancha, de Aznar y de Rajoy.

En el partido, muchos dirigentes están escandalizados con la deriva que está tomando su líder. Todos le critican: los duros, por los días pares, en los que se hace pasar por moderado. Los moderados, por los días impares, en los que se mimetiza con Vox. Casado cambia su discurso en función de su interlocutor: dice a cada persona lo que quiere escuchar. Un día quiere pactar los ministerios con la ultraderecha y al otro critica las cargas policiales del 1-O.

Los barones, en privado, lo dan casi por amortizado. Creen que no durará. Y la gran duda es si le moverán la silla antes de las siguientes elecciones o justo después, cuando probablemente pierda las generales por tercera vez. Las perspectivas son tan negras para el Partido Popular que algunos de los candidatos con más opciones, por ahora, prefieren esperar.

“Las hipotecas, en política, no son hereditarias”, dice Pablo Casado, que se niega a pagar más deudas de un pasado que su partido quisiera enterrar. Desde hoy –o eso asegura– no va a volver a dar explicaciones “sobre ninguna cuestión pasada” de esa organización que aún se llama Partido Popular, y que parece abocada a una refundación. El líder de la oposición abandonará la sede histórica del PP, en la calle Génova, que ocupan desde los años de Manuel Fraga, cuando aún eran Alianza Popular. 

Casado quiere dinamitar el pasado antes de que el pasado le dinamite a él. En sus propias palabras, quiere “soltar lastre” ante “el calendario judicial que se avecina”. “No podemos seguir pagando facturas de cuestiones que ni conocemos ni tienen nada que ver con un legado impecable en defensa de la libertad y de España”, dice Casado. Que no está diciendo exactamente la verdad.