COP23 de Bonn. La batalla política por el clima

Estos días se celebra en Bonn la 23ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP23. Conviene recordar que la COP21 fue la conferencia ‘de las decisiones’, en la que 195 países suscribieron el Acuerdo de París, presentado como un gran éxito internacional por los mandatarios del mundo. Y que la COP22, de Marrakech, se dijo que sería la ‘de las soluciones’ –pero más bien resultó ‘la de las paradojas’–. Ahora nos encontramos con que la COP23 o es la ‘de los compromisos económicos’ o habremos llegado, definitivamente, tarde.

Muchos países del norte global querrán renegociar en la COP23 para ver el alcance de sus compromisos en la lucha contra el cambio climático limitados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para no incluir ninguna mención de adaptación al cambio climático a través de un cambio en el modelo económico y productivo. El desafío al que nos enfrentamos es, por un lado, que no lo logren y, por otro, que contribuyan económicamente con los objetivos de lucha contra el cambio climático fijados por los países del sur global. Tanto el Acuerdo de París como el Convenio Marco obligan a los países ricos a contribuir a estos costos. Cerrar esta brecha sigue siendo una cuestión urgente. Desde Podemos Europa lo hemos dicho muchas veces: mientras no haya un cambio de modelo de crecimiento económico, no habrá forma de paliar el deterioro medioambiental del planeta.

Para evitar que el calentamiento global nos lleve a fenómenos climáticos incontrolables debemos transitar desde ya hacía un modelo de energía distribuido y democrático basado en el 100% renovables. Esa transición energética debe permitir un abandono paulatino de los combustibles fósiles que no deje a nadie atrás, debe hacerse de manera justa, incluyendo plenamente a los trabajadores de los sectores afectados. Se trata de no hacer cierres, sino finales con alternativas para todos y todas. Invertir en renovables, ahorro y eficiencia energética generará más empleos, más sostenibles y menos contaminantes.

En Europa estamos trabajando para que la nueva legislación energética permita incentivar el desarrollo de las energías renovables. Existen experiencias transformadoras desde los ayuntamientos del Cambio, la distribuidora pública y 100% renovable de Barcelona o a la mesa de transición de Cádiz son un hito esperanzador en el camino hacia un modelo energético en manos de las personas, que pone en el centro la sostenibilidad de la vida.

El agua, fuente de vida y derecho humano fundamental es el eje central de una crisis que enfrentan millones de personas diariamente y esperamos que en esta Cumbre se aborde con la urgencia que requiere. Según los datos de la ONU, 748 millones de personas no disfrutan de un acceso de agua potable y 2500 millones no cuentan con un saneamiento mejorado. En la lucha contra el Cambio Climático, Podemos reivindica en la COP23, una apuesta por una gestión pública y participada bajo el prisma de la Nueva Cultura del Agua, que propone una hoja de ruta basada en políticas de mitigación y adaptación.

Esperemos que gane protagonismo la visión del mundo de las mujeres, especialmente de las mujeres campesinas e indígenas; sus conocimientos sobre el cultivo respetuoso de la tierra y la gestión de los recursos naturales deben ser puestos en valor. Y esperamos que pierda todo el poder la visión de los lobbies energéticos y de las multinacionales que hablan a través de muchos de nuestros gobiernos. Celebramos que, por primera vez, para la COP23 se esté elaborando un plan de género, que tendrá en cuenta los efectos del cambio climático en las mujeres y su papel fundamental en la transformación de sus comunidades. Y también celebramos que por fin se esté discutiendo y poniendo en tela de juicio la legitimidad de los lobbies’ energéticos para participar en la COP23.

No queremos olvidar tampoco que “El cambio climático tiene rostro” Los refugiados climáticos son las víctimas silenciosas del calentamiento global. Según ACNUR, 64 millones de personas se ven ya forzadas a desplazarse por desastres y efectos climatológicos. En los próximos 50 años, se prevé que podríamos ascender los 1.000 millones de refugiados climáticos.

Son los y las agricultoras de la región del Sahel que ya no pueden cultivar sus tierras por falta de precipitaciones y que tienen que emigrar a la ciudad, son habitantes de las Islas Fiyi (país que ocupa la presidencia rotativa de la COP) que deben dejar sus islas porque el nivel del mar está subiendo. Por solidaridad, humanismo y por la justicia climática, atajar las razones que llevan estas víctimas silenciosas a dejar sus casas y reconocerles un estatuto protector debe ser una de nuestras prioridades.

La UE debe apoyar los esfuerzos de los países del norte global en la transición hacia sociedades de bajas emisiones de carbono; para que sean así más sostenibles y más seguras. Pero también debe instarse a sí misma a dejar de hacer políticas al servicio de los mercados, y empezar a hacerlas al servicio de las personas. Porque, ¿de verdad creemos que es compatible la política comercial de la UE con la lucha contra el cambio climático? No, no lo es. La batalla por el clima es política y enfrenta dos visiones del mundo.

Estos días se celebra en Bonn la 23ª edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la llamada COP23. Conviene recordar que la COP21 fue la conferencia ‘de las decisiones’, en la que 195 países suscribieron el Acuerdo de París, presentado como un gran éxito internacional por los mandatarios del mundo. Y que la COP22, de Marrakech, se dijo que sería la ‘de las soluciones’ –pero más bien resultó ‘la de las paradojas’–. Ahora nos encontramos con que la COP23 o es la ‘de los compromisos económicos’ o habremos llegado, definitivamente, tarde.

Muchos países del norte global querrán renegociar en la COP23 para ver el alcance de sus compromisos en la lucha contra el cambio climático limitados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y para no incluir ninguna mención de adaptación al cambio climático a través de un cambio en el modelo económico y productivo. El desafío al que nos enfrentamos es, por un lado, que no lo logren y, por otro, que contribuyan económicamente con los objetivos de lucha contra el cambio climático fijados por los países del sur global. Tanto el Acuerdo de París como el Convenio Marco obligan a los países ricos a contribuir a estos costos. Cerrar esta brecha sigue siendo una cuestión urgente. Desde Podemos Europa lo hemos dicho muchas veces: mientras no haya un cambio de modelo de crecimiento económico, no habrá forma de paliar el deterioro medioambiental del planeta.