Sí a los derechos de los creadores

Ríos de tinta se han escrito en los últimos tiempos sobre la reforma de los derechos de autor a nivel europeo. Ríos que, lejos de arrojar luz sobre las discusiones en torno a la nueva directiva, han servido para inundar de falsedades el necesario debate sobre una cuestión de extrema importancia, habida cuenta del impacto que para la propia salud de una democracia tiene que sus voces más libres, sus creadores, reciban una remuneración justa por las obras que crean.

Con el voto en pleno de esta semana sobre el acuerdo alcanzado el pasado 26 de febrero se pone punto final a unas negociaciones que se han alargado más de dos años (la propuesta data de septiembre de 2016) y que han estado rodeadas de polémicas dirigidas con poca finura y mucho argumento grueso. Como, por lo demás, suele ser habitual cuando se trata de regular la economía digital.

Lo cierto es que cada vez que tratan de tomarse medidas para corregir los excesos de la economía digital aparecen los heraldos del apocalipsis de turno advirtiendo del fin de Internet como la habíamos conocido. Y siempre es falso.

Es el mismo debate que vivimos hace cinco años al aprobar el reglamento sobre el mercado único de las telecomunicaciones cuando se introdujeron las primeras normas sobre la neutralidad de red en Europa, o en las sucesivas reformas sobre la privacidad, el nuevo código de comunicaciones electrónicas, la respuesta a las fake news o el copyright.

No, nadie acaba con la libertad en Internet. Pero Internet no puede ser un territorio sin ley.

Algunos confunden economía digital con economía innovadora. Desde luego que Internet es uno de los ámbitos innovadores por excelencia. Y soy el primero en defender la introducción de mejoras para favorecer la innovación y nuestro desempeño en la economía digital. Pero comienzan a acumularse los casos en que la única innovación que aportan ciertas plataformas de Internet es la de crear nuevas formas de explotación de terceros: he ahí el caso de los repartidores de empresas como Deliveroo, he ahí el caso de la explotación de contenidos creativos de terceros por plataformas como Facebook o Youtube.

La economía digital, por tanto, como cualquier otra parcela de la economía, demanda reglas, reglas justas, que equilibren las relaciones de fuerza entre quienes tienen poder y quienes no lo tienen. Ese es el verdadero quid de la cuestión en el debate sobre la nueva directiva de derechos de autor: reequilibrar la cadena de valor.

Empresas como Google y Facebook controlan el 80% del mercado de la publicidad, explotan nuestros datos, controlan lo que consumimos. Empresas que incrementaron sus beneficios el año pasado un 40% y un 38%, respectivamente. Y lo hacen, además, sin pagar apenas impuestos en Europa ni lo que es justo a quien crea los contenidos que suben sus usuarios, 'vampirizando' su trabajo.

Europa tiene el deber de proteger a sus autores y a sus industrias culturales y creativas. Industrias que, como un informe del año 2016 del Parlamento Europeo reconocía, aportan más de 12 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, lo que representa el 7,5 % de la mano de obra de la Unión, y que generan aproximadamente 509.000 millones de euros de valor añadido al PIB (el 5,3 % del VAB total de la Unión). Industrias que, además, preservan y fomentan la diversidad cultural y lingüística y refuerzan las identidades europea, nacional, regional y local. Por ello, resulta chocante tener que desmentir acusaciones como las que se han formulado en los últimos tiempos.

Con la nueva directiva, no se coarta la libertad de expresión. Todo lo contrario. Garantizar que las voces más libres de nuestra sociedad, los creadores, puedan vivir de sus obras es la mejor forma de garantizar la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto.

La nueva directiva tampoco impone ninguna obligación de monitoreo general. Hasta el Supervisor Europeo de Protección de Datos lo ha negado, entre otras razones, porque tal previsión iría contra la normativa comunitaria.

La nueva directiva no pone en riesgo los enlaces, como se ha dicho, dado que quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del nuevo derecho de editores. Como tampoco pone en riesgo los memes, dado que están protegidos por otras excepciones existentes como las de caricatura, parodia o pastiche, algo expresamente recogido en la directiva.

Esta directiva ha sido objeto de la mayor campaña de desinformación y presión que yo haya vivido a lo largo de esta legislatura, por desgracia, sobre argumentos falsos que han impedido que trasciendan muchos de los elementos positivos que contiene, como las nuevas excepciones sobre extracción de textos y datos, los nuevos usos digitales de obras para ilustración en enseñanza o para las instituciones de patrimonio cultural o las mejoras en los contratos de los creadores.

Por todo ello, yo digo sí a la directiva, sí a los derechos de los creadores.

Ríos de tinta se han escrito en los últimos tiempos sobre la reforma de los derechos de autor a nivel europeo. Ríos que, lejos de arrojar luz sobre las discusiones en torno a la nueva directiva, han servido para inundar de falsedades el necesario debate sobre una cuestión de extrema importancia, habida cuenta del impacto que para la propia salud de una democracia tiene que sus voces más libres, sus creadores, reciban una remuneración justa por las obras que crean.

Con el voto en pleno de esta semana sobre el acuerdo alcanzado el pasado 26 de febrero se pone punto final a unas negociaciones que se han alargado más de dos años (la propuesta data de septiembre de 2016) y que han estado rodeadas de polémicas dirigidas con poca finura y mucho argumento grueso. Como, por lo demás, suele ser habitual cuando se trata de regular la economía digital.