Discapacidad y empleabilidad. Hacia un nuevo modelo económico: social, responsable e inclusivo

Desde hace algún tiempo, cuando se trata de abordar el lugar de las personas con discapacidad en la sociedad, la noción de inclusión ha dominado los debates. Una sociedad llamada “inclusiva” se adapta a las diferencias de la persona, va por delante de sus necesidades para darle todas las posibilidades de éxito en la vida. Por lo tanto, la inclusión requiere, para su plena aplicación, la movilización colectiva y la voluntad de los organismos sociales, políticos y económicos para lograr la integración de las personas más vulnerables.

Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, han sido muchas las empresas que han demostrado su contribución social, no solo donando equipamiento médico y ayudando a los más desfavorecidos sino también invirtiendo grandes cantidades de dinero en la preservación del empleo y fabricando mascarillas, respiradores, geles y otros productos imprescindibles a nivel sanitario. Además, se han alzado voces para hablar del mundo después de la crisis. ¿Volverá todo a la normalidad? ¿Era aquella normalidad normal? ¿Es deseable volver a ese mundo de antes? ¿Podría surgir un mundo nuevo impulsado por el deseo de solidaridad? ¿Una nueva sociedad marcada por más ayuda mutua y tolerancia? ¿Un nuevo modelo económico?

Han pasado ya muchos años desde que las normas de Responsabilidad Social Empresarial daban sus primeros balbuceos y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitaba el nombramiento de un representante especial para estos temas. Era imprescindible en aquellos momentos abrir a nivel europeo un ámbito explícito de reflexión y acción sobre derechos humanos en el mundo empresarial. Aún resonaban los ecos de Bhopal en los años ochenta, la masacre del pueblo Mapuche por la empresa hidroeléctrica Endesa o el desastre medioambiental en el Delta del Níger por los vertidos de la empresa holandesa Shell. Las grandes empresas, especialmente las multinacionales, querían demostrar lo responsables que se sentían más allá de la relación tradicional empresa-producto-cliente, pero seguía y sigue fallando la iniciativa de las grandes corporaciones en la distribución de los beneficios, (su responsabilidad fiscal), por lo que sus buenas acciones, consideradas a menudo meramente cosméticas, han sido objeto de todo tipo de críticas.

Entre las empresas privadas con sus normas de RSE y los sectores públicos, Stiglitz propone un tercer pilar que representa además una alternativa al modelo económico actual: la economía social. Este modelo formado principalmente por cooperativas y entidades sin ánimo lucrativo representan para el autor el modelo empresarial del futuro. Su virtud principal es que conjugan la eficiencia empresarial con la equidad en la distribución de los beneficios. La propiedad democrática de las cooperativas significa que la distribución de excedentes se hace de manera igual para cada asociado, en contraste con el mecanismo de distribución proporcional al aporte de capital de las sociedades anónimas y otras formas de empresas capitalistas. Además, es importante la aportación de la economía social como “fuente de innovación” de la que también se beneficia el resto de la economía, así como su capacidad de inclusión de los sectores más vulnerables de la población.

La estrategia de discapacidad aprobada por la Comisión el pasado 4 de marzo establece una serie de objetivos y legislación vinculantes de aquí a 2030 entre los que se incluye un plan de acción sobre economía social para mejorar el entorno propicio para las empresas sociales. Es importante aprovechar este impulso de la estrategia para fortalecer el lazo entre economía social y empresa inclusiva, pues el nivel de interacción entre el ámbito de la discapacidad y la economía social es aún insuficiente. A pesar de que se tiende a relacionar empresa inclusiva con economía social, esta relación está todavía lejos de ser una realidad. En España, por ejemplo, dentro de las empresas y entidades de la economía social, el 6,2% de los trabajadores tiene una discapacidad reconocida, un porcentaje muy superior al observado en las empresas mercantiles (1,7%).

Las empresas inclusivas pueden ser tanto sociales como mercantiles y, a pesar de la proximidad en valores y posicionamientos entre empresa inclusiva y economía social, se observa que el desconocimiento del ámbito de la discapacidad, en general, sigue siendo también una barrera a la contratación e incorporación del colectivo dentro de empresas con objetivos sociales.

Una economía en la que prevalece el interés privado por encima del público obstaculiza la innovación y la eficiencia para maximizar los beneficios de unos pocos. Un aumento de la democracia interna en las empresas no solo puede garantizar un entorno laboral más agradable, sino también más innovador y, con ello, una sociedad más innovadora en su conjunto. Son las entidades con una cultura socialmente responsable las que suelen traducir esta posición en una mayor representación de los colectivos que experimentan mayores cuotas de discriminación, como las personas con discapacidad. Por ello, es importante repensar la RSE para que deje un lugar real a la economía social e inclusiva en nuestra sociedad, acelerando la transición de la rentabilidad a la sostenibilidad y al bienestar social.

La Cumbre Social Europea prevista para mayo en Oporto es una gran oportunidad para materializar el principio 17 del pilar europeo de derechos sociales dedicado a la inclusión de las personas con discapacidad y poner por delante la economía social, estableciendo objetivos e indicadores concretos como el índice de desarrollo inclusivo que sustituya al ya obsoleto PIB y también indicadores de inversión en sistemas públicos de bienestar social.

Desde hace algún tiempo, cuando se trata de abordar el lugar de las personas con discapacidad en la sociedad, la noción de inclusión ha dominado los debates. Una sociedad llamada “inclusiva” se adapta a las diferencias de la persona, va por delante de sus necesidades para darle todas las posibilidades de éxito en la vida. Por lo tanto, la inclusión requiere, para su plena aplicación, la movilización colectiva y la voluntad de los organismos sociales, políticos y económicos para lograr la integración de las personas más vulnerables.

Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, han sido muchas las empresas que han demostrado su contribución social, no solo donando equipamiento médico y ayudando a los más desfavorecidos sino también invirtiendo grandes cantidades de dinero en la preservación del empleo y fabricando mascarillas, respiradores, geles y otros productos imprescindibles a nivel sanitario. Además, se han alzado voces para hablar del mundo después de la crisis. ¿Volverá todo a la normalidad? ¿Era aquella normalidad normal? ¿Es deseable volver a ese mundo de antes? ¿Podría surgir un mundo nuevo impulsado por el deseo de solidaridad? ¿Una nueva sociedad marcada por más ayuda mutua y tolerancia? ¿Un nuevo modelo económico?