España, llave de una Europa social

La cumbre entre la UE y la Celac de esta semana en Bruselas reunirá a líderes de toda Europa y de América Latina para relanzar el diálogo entre ambas regiones. Para la UE, esta cumbre debería servir para enterrar sus errores de estos años y exhibir un nuevo compromiso con la región. En un contexto de emergencia climática y crisis global, guerra en Ucrania y avance de la ultraderecha en todo el mundo, la UE no puede renunciar al potencial de una alianza prioritaria con América Latina, basada en la economía verde y productiva en ambas regiones, la defensa de los derechos humanos y la justicia social y ambiental. Sería inconcebible que España, que asumió la Presidencia del Consejo de la UE este mes, no liderara este proceso, y eso también nos lo jugamos el 23 de julio. 

El ascenso de la ultraderecha en Europa muestra que esta también puede ser un espacio de retrocesos y vulneración de derechos, especialmente para las mujeres, las personas LGTBIQ+ y las personas migrantes, como hemos visto en países como Polonia, Hungría, Italia y ya en algunas comunidades autónomas en España. Por eso es importante que la presidencia española recaiga en un Gobierno progresista que impulse y defienda los avances en derechos y libertades en toda la UE. España puede liderar, por ejemplo, la coordinación de políticas a nivel europeo contra la inflación, la regulación del mercado eléctrico y alimentario; la directiva de trabajadores de plataformas digitales o la directiva de debida diligencia de las multinacionales. También puede y debe impulsar un uso de los fondos orientado a la soberanía energética, digital y tecnológica en toda la UE, escuchando a los territorios para cerrar las distintas brechas en esos sectores y combatir la despoblación y la falta de acceso a servicios públicos.

El refuerzo del pilar social y las políticas feministas en Europa también deberían ser, como lo han sido en España estos últimos tres años y medio, una insignia de la presidencia española. Revalidar el Gobierno de coalición permitiría trabajar en medidas como la implementación de garantía infantil, la tarjeta europea de discapacidad, el despliegue de vivienda pública frente a la especulación, un sistema europeo de cuidados, la protección de los derechos sexuales y reproductivos o una directiva contra las violencias machistas, entre muchas otras. La ultraderecha sabe muy bien que las políticas transformadoras en esos dos ámbitos son un objetivo a abatir. No es casual. Saben que es transformando y ampliando derechos como se frena a la ultraderecha.

Por otro lado, hay retos que requieren un cambio de rumbo si la UE quiere mantener su credibilidad como proyecto de bienestar y derechos. En los últimos meses hemos visto como han avanzado las discusiones sobre el Pacto de Asilo y Migración y como los principios racistas de las derechas han sido asumidos por el Consejo. Las fuerzas progresistas debemos evitar esos marcos y aspirar a una política de asilo y migración basada en derechos y en la protección de la dignidad de las personas. Debemos acabar con la mal llamada «devolución eficiente» y las muertes en las fronteras, porque ninguna política que ponga en duda la universalidad de los derechos puede ser sinónimo de bienestar y seguridad para la ciudadanía europea. Urge abrir vías legales y seguras que aseguren el respeto de los derechos humanos y una política justa, solidaria y eficiente.

Esto también significa un cambio del rol de la Unión Europea hacia las vulneraciones de derechos en otros territorios y una reconstrucción de la idea de vecindad sur. El silencio y el mantenimiento de relaciones prioritarias nos hace cómplices mientras Israel bombardea Palestina, Marruecos expolia los recursos del Sáhara Occidental o la población kurda es reprimida violentamente por ErdoÄŸan. Las derechas intentarán vender los acuerdos migratorios o de defensa con estos países como una garantía de seguridad a corto plazo, pero, en realidad, esta complicidad con sus intereses erosiona las únicas herramientas disponibles para una convivencia pacífica entre pueblos: la defensa de la democracia, los derechos humanos y la propia construcción de paz.

Y, precisamente por eso, urge una modificación de las posturas ante la guerra de Ucrania. Tras 17 meses de sufrimiento, miles de personas muertas y millones de desplazadas, ¿alguien puede decir que ahora estamos más cerca de que esta pesadilla acabe? Alimentar las posturas belicistas no va a incrementar la seguridad y la justicia para el pueblo ucraniano o para Europa en su conjunto. Además, el belicismo es una gran puerta de entrada a discursos de odio capaces de paralizar cualquier avance social y político. Por ello, Europa debe emprender la vía diplomática para una salida negociada al conflicto y un acuerdo que garantice una paz justa y duradera. Debe contar con la mediación de países y organismos internacionales y trabajar por la rendición de cuentas ante los crímenes cometidos en territorio ucraniano. Y debe avanzar en una autonomía estratégica real de Europa, que anteponga los intereses de la ciudadanía europea para construir un proyecto autónomo, democrático, justo y sostenible en todos sus sectores; porque la autonomía estratégica va más allá de la seguridad: va de soberanía energética, alimentaria, tecnológica o digital. Seguridad, de hecho, es tener acceso a energía barata y limpia, a alimentos de calidad y proximidad, y a un desarrollo tecnológico que cierre brechas (en vez de abrirlas) y que genere empleo de calidad.

En lo que respecta a las relaciones con América Latina, considero que España, con un Gobierno progresista al frente, tiene un papel fundamental que cumplir. Nuestro país debe tomar la iniciativa y apostar por la cooperación en un mundo cada vez más multipolar e incierto, frente al reto fundamental de la emergencia climática y la escasez de recursos, la rivalidad entre EE. UU. y China, y la tendencia al rearme y la remilitarización. Para ello, la UE podría empezar revisando su política comercial y extractivista, así como la impunidad con la que sus grandes empresas extraen los recursos de América Latina a costa de sus hábitats naturales y de los derechos humanos. Para esto es esencial impulsar la directiva sobre diligencia debida de las empresas, vincular su actuación a derechos laborales, medioambientales, contra la explotación infantil y terminar con la impunidad e indefensión. Y hacerlo escuchando lo que los pueblos latinoamericanos y originarios tienen que decir sobre los acuerdos comerciales como el de México, Chile o Mercosur; pero también a las propias gentes de Europa que claman por dejar de vender nuestra soberanía y de tener que depender del exterior para nuestro abastecimiento de recursos que son (y serán aún más) estratégicos.

Por todo lo anterior, revalidar el Gobierno de coalición es la única garantía de que una alternativa progresista tenga la posibilidad de construir un horizonte de bienestar, derechos y libertades para toda Europa. El próximo 23 de julio no solo elegiremos quien gobernará España, sino también si Europa debe caminar hacia el pasado o hacia el futuro. Aunque es evidente que el poder no solo se dirime en las instituciones, una Presidencia española de la UE con un Gobierno progresista al frente será una gran herramienta para impulsar importantes avances sociales en toda Europa y plantear debates necesarios para encarar ese futuro. Nos jugamos mucho.

La cumbre entre la UE y la Celac de esta semana en Bruselas reunirá a líderes de toda Europa y de América Latina para relanzar el diálogo entre ambas regiones. Para la UE, esta cumbre debería servir para enterrar sus errores de estos años y exhibir un nuevo compromiso con la región. En un contexto de emergencia climática y crisis global, guerra en Ucrania y avance de la ultraderecha en todo el mundo, la UE no puede renunciar al potencial de una alianza prioritaria con América Latina, basada en la economía verde y productiva en ambas regiones, la defensa de los derechos humanos y la justicia social y ambiental. Sería inconcebible que España, que asumió la Presidencia del Consejo de la UE este mes, no liderara este proceso, y eso también nos lo jugamos el 23 de julio. 

El ascenso de la ultraderecha en Europa muestra que esta también puede ser un espacio de retrocesos y vulneración de derechos, especialmente para las mujeres, las personas LGTBIQ+ y las personas migrantes, como hemos visto en países como Polonia, Hungría, Italia y ya en algunas comunidades autónomas en España. Por eso es importante que la presidencia española recaiga en un Gobierno progresista que impulse y defienda los avances en derechos y libertades en toda la UE. España puede liderar, por ejemplo, la coordinación de políticas a nivel europeo contra la inflación, la regulación del mercado eléctrico y alimentario; la directiva de trabajadores de plataformas digitales o la directiva de debida diligencia de las multinacionales. También puede y debe impulsar un uso de los fondos orientado a la soberanía energética, digital y tecnológica en toda la UE, escuchando a los territorios para cerrar las distintas brechas en esos sectores y combatir la despoblación y la falta de acceso a servicios públicos.