2022, el año de la recuperación económica en Euskadi que truncó la guerra de Ucrania

El año 2022 iba a ser el de la recuperación económica después de la grave crisis en la que la COVID-19 sumió a todo el mundo, también a Euskadi, pero la invasión de Ucrania por parte de Rusia, casi recién empezado el año, lo cambió todo. El conflicto que estalló en febrero convirtió el optimismo inicial sobre el año que comenzaba en incertidumbre, y el recrudecimiento de una guerra que todavía continúa sin que de momento se vislumbre un final, supuso además de una grave crisis humanitaria una crisis energética sin precendentes que dio al traste con todas las previsiones económicas, encareció los suministros y materias primas y elevó la inflación a índices desconocidos desde hace años.

Comenzaban unos meses de economía de guerra, como definió el propio lehendakari Iñigo Urkullu en una de sus intervenciones. Aunque ahora, a las puertas ya de que acabe el año, puede decirse que Euskadi ha capeado el temporal mucho mejor de lo que anticipaban los peores augurios y, mientras toda Europa parece mentar ya el fantasma de la recesión para el año 2023, el Gobierno vasco la descarta para Euskadi y prefiere hablar solo de desaceleración, hace gala de optimismo económico y mantiene que la economía vasca seguirá creciendo, aunque a menor ritmo del que se esperaba, y que se creará empleo.

De hecho, las últimas previsiones del Gobierno vasco realizadas en el mes de septiembre sitúan el incremento del PIB en un 4,3% para este año y en un 2,1% para el siguiente, un crecimiento que, no obstante, rebaja a la mitad la previsión anterior y no se descarta que tenga que volver a revisarse a la baja al inicio del año que viene. Con este crecimiento económico se estima que se crearán unos 26.000 puestos de trabajo este año y 12.000 en 2023, y que la tasa de paro baje hasta el 8,8% de media este año y del 8,3% el próximo. Habrá que esperar a 2023 para ver si se cumplen estas previsiones o si el Ejecutivo vasco ha pecado de optimismo. Pero lo cierto es que en 2022 el empleo ha respondido mucho mejor incluso que el crecimiento económico. Los últimos datos del paro correspondientes al mes de noviembre, sitúan a Euskadi con récord de afiliación de trabajadores a la Seguridad Social tras sumar 3.565 afiliados, lo que significa que se crea empleo, y el desempleo, pese a ser todavía elevado teniendo en cuenta que tras la frialdad de los números hay dramas personales, está en la cifra más baja desde 2009. En concreto, en Euskadi hay 110.710 trabajadores que están en paro y 993.255 afiliados a la Seguridad Social.

A la espera de lo que depare económicamente el nuevo año, 2022 ha generalizado para el común de los mortales preocupaciones por el ahorro energético ante la escalada del precio de la luz, del gas y de los carburantes, en un contexto de fuerte inflación que ha encarecido la cesta de la compra y ha motivado que el dinero que los vascos tienen en su cartera sirva cada vez para adquirir menos productos. Es decir, una clara merma del poder adquistivo de los ciudadanos que ha provocado una escalada de la conflictividad con la exigencia por parte de los sindicatos de incrementos salariales vinculados al IPC como bandera y también un estancamiento de la negociación colectiva. De hecho, Euskadi finaliza el año con la mitad de sus trabajadores sin tener sus salarios actualizados a la inflación que el año pasado en Euskadi se situó en el 6,5%. Este año está aún por determinar. Según datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, sólo cuatro de cada diez trabajadores tienen sus convenios actualizados, 247.919 trabajadores, el 41,1% de total. Esto ha derivado en una extensión de los conflictos laborales, muchos de los cuales llegan a final de año sin haberse resuelto y serán deberes pendientes para 2023 para patronales y sindicatos. Este es el caso, por ejemplo de conflicto del sector del metal de Bizkaia, que implica a casi 50.000 trabajadores, y que a finales de noviembre llevó a cabo una huelga para forzar a negociar al la patronal del sector, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), que obligó incluso a parar parte de la producción de Mercedes-Benz en Vitoria por falta de componentes. A diferencia de Bizkaia, el Metal de Álava sí ha firmado el convenio, y en Gipuzkoa se llegó a un acuerdo de actualización de los salarios vinculada a la subida del IPC.

También quedan pendientes de resolución otros conflictos, de los que algunos ejemplos son el de las residencias de Bizkaia, que capitanean ELA, que es mayoritario en el sector, y también LAB. Las trabajadoras, porque en su mayoría son mujeres, han exigido con huelgas y encierros, que se dignifique su trabajo y se mejore, además de su salario, el ratio de personas destinadas a cuidar de los ancianos. Otro sector muy feminizado que tamién está levantado en armas y que sigue sin resolver sus problemas es el de la Ayuda a Domicilio de Bizkaia, cuyas trabajadoras llevan siete años sin convenio y con los sueldos congelados, lo que muestra el sector de los cuidados es uno de los que más dificultades está afrontando en este periodo después de la pandemia, cuando se mostraron como esenciales.

Este año pasará también a la historia como el primero en el que una huelga por la firma del convenio colectivo obliga a parar al producción de Mercedes-Benz de Vitoria, la empresa que con 5.000 trabajadores es la mayor de las ubicadas en Euskadi. Finalmente los trabajadores, con un comité dividido, decidieron en votación aceptar la firma de un convenio que no suscribieron ni ELA ni LAB, los sindicatos que ahora, tras las elecciones sindicales, configuran la mayoría de un comité que encabeza ELA.

La firma de este convenio colectivo condicionaba la llegada a la planta alavesa de una inversión de 1.200 millones para introducir los cambios necesarios para que la factoría se vuelque en la fabricación de furgonetas eléctricas a partir de 2025. Una inversión que ya está confirmada por la multinacional y que ya no capitanerá Emilio Titos, que se jubila, y que será sustituido por Bernd Krottmayer en lo que supone una nueva etapa en la que la empresa espera dejar atrás un año en el que ha tenido que modificar a la baja sus previsiones de producción varias veces hasta dejarlas 141.781 unidades, frente a las 158.000 unidades que estaban previstas a principios de año, lastrada por las huelgas la crisis de los microchips o los excesos de stock en los mercados en los que vende.

Pero si 2022 ha sido convulso para Mercedes-Benz, el verdadero tsunami empresarial se ha producido en el Grupo Mondragon. Dos de sus principales cooperativas industriales votaron el pasado 16 de diciembre abandonar el grupo y emprender camino en solitario por amplia mayoría de sus socios. Mondragon empieza en 2023 una nueva etapa en la que tocará cerrar las heridas que deja abiertas el cisma en el principal grupo cooperativo del mundo. La dirección de la corporación descarta nuevas salidas empresariales. De hecho, cooperativas destacadas en el grupo cerraron filas con la dirección en defensa del modelo cooperativo que defiende Mondragon, basado en la solidaridad intercooperativas. Entre ellas, Eroski, la cooperativa de distribución que este año sigue inmersa en cerrar su deuda, y se ha desprendido de Eroski Viajes. Una operación que se produjo poco después de la llegada de Rosa Carabel a la cúpula de la empresa -la primera mujer- en sustitución de Agustín Markaide.

La secuencia de grandes empresas vascas que dejan de serlo para pasar a formar parte de fondos de inversión o multinacionales ha continuado en un goteo en el que compañías hasta hace poco banderas de la economía de Euskadi, van poco a poco perdiendo sus apellidos vascos. Antes pasó con Euskaltel, este año, la OPA de Siemens sobre Siemens Gamesa o la compra de Ibermática por parte de Ayesa o el hecho de que Uvesco, empresa propietaria de los supermercados BM y Amara, sea ahora propiedad del fondo francés PAI Partners, son ejemplos que se unen a otros como el de ITP, que es ahora propiedad del fondo Bain Capital y en cuyo consejo estará presente el Gobierno vasco con un 6% precisamente para garantizarse un voto que impida que esta empresa estratégica pierda arraigo en Euskadi. Un movimiento que el Ejecutivo también ha realizado en otra importante empresa vasca, CAF. En muchas de estas empresas la pérdida de núcleo vasco en el accionariado está relacionado con el hecho de que Kutxabank haya vendido buena parte de sus participaciones industriales, fundamentalmente por la exigencia del Banco Europeo a las entidades financieras de que se centren en sus negocios bancarios. Esto ha supuesto duras críticas desde grupos como EH Bildu o Elkarrekin Podemos-IU contra el banco vasco, especialmente después de su polémica salida del accionariado de Euskaltel. El banco vasco sigue teniendo participaciones significativas en Ingteam, Petronor, y CAF, que está por ver si se mantienen en la nueva etapa que arranca ahora con Anton Arriola como presidente, que asumió el cargo el 30 de noviembre en sustitución de Gregorio Villalabeitia. De momento, sus primeras palabras como presidente de la entidad fueron para garantizar el “arraigo” del banco vasco a Euskadi en un contexto de un convulso mercado bancario en el que Kutxabank se mantenido hasta ahora al margen de la salida a Bolsa y con las Fudaciones BBK, Kutxa y Vital, como sus únicos accionistas.

Energía, el cambio hacia las renovables

La guerra de Ucrania ha obligado a cambiar nuestra forma de consumir energía y a adelantar medidas de ahorro para controlar el gasto, que sin embargo, en un contexto de lucha contra el cambio climático como el que estamos parecían ya inevitables. Siguiendo la senda de las medidas impuestas por el Gobierno de España de control de la temperatura de calefacciones y aire acondicionado, cierre de puertas o reducción del tiempo de iluminación de los edificios públicos el Gobierno vasco aprobó su propio plan de contingencia con medidas y recomendaciones, que no con multas, para propiciar el ahorro energético entre empresas y particulares. De ese plan han derivado la ampliación de ayudas a las inversiones para mejorar la eficiencia energética y planes renove para bajar la factura energética a los diversos sectores, autónomos y particulares, que no siempre han sido suficientes.

La crisis ha afectado a todos los sectores. Desde a la industria electrointensiva, hasta el sector primario. De hecho, los ganaderos vascos han tenido que sacrificar hasta 60.000 vacas de leche este año por el elevado precio de los piensos. La construcción ha acusado también con fuerza la subida de los precios de los materiales y muchas obras se han quedado sin aspirantes al no serles rentable por el alza de los costes. Los casos más sonados han sido, por ejemplo, el de la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao, del que ya se ha colocado la primera piedra. Las obras costarán alrededor de 44 millones de euros después de tener que modificar los pliegos de contratación dos veces al no haber constructoras que consideraran rentable la obra con el alza de los precios. Algo parecido pasó con la Facultad de Medicina de Bilbao. La UPV/EHU ha sacado de nuevo a concurso la obra por 64,1 millones de euros, once más que en la primera adjudicación, en la que las empresas que conformaban la UTE adjudicataria renunciaron en el último momento a firmar el contrato. Pero también se ha encarecido todas las obras de vivienda nueva, tensionando aún más el mercado inmobiliario.

Pero si se puede buscar un lado positivo a la crisis energética es que ha puesto de manifiesto que hay que poner fin a la dependencia energética del petróleo y de los combustibles fósiles y se ha acelerado la apuesta por las renovables, un proceso en el que Euskadi lleva tiempo, pero al que ahora se le ha dado un importante impulso. Incluso desde grupos como EH Bildu, casi siempre en la oposición a la construcción de parque eólicos, han entrado en debate de la necesidad de la apuesta por esta fuente de energía, y algunos municipios gobernados por la coalición abertzale han visto con buenos ojos los proyectos de empresa noruega StatKraft. Este ha sido el caso, por ejemplo del Ayuntamiento de Azpeitia. En otros, como Aramaio, se mantiene todavía una fuerte oposión a los mismos. Este, el de la energia eólica y el resto de renovables, será uno de los debate que entrarán con fuerza en 2023, porque se trata de proyectos a largo plazo, pero que tendrán que empezar a contar con los permisos necesarios para arrancar. Unos proyectos, que en la mayoría de los casos tienen contestación por el difícil equilibrio que mantienen con el cuidado del medio ambiente. Esto se ha visto, por ejemplo en las alegaciones al plan renovables del Gobierno vasco, en las que la Diputación Foral de Álava ha constatado afecciones graves o muy graves para el entorno en nueve de los emplazamientos.

Mientras tanto, en Euskadi empiezan a proliferar cooperativas energéticas de placas solares en pueblos y se impulsa el autoabastecimiento de comunidades de vecinos eliminando trabas administrativas a su colocación y se recuperan proyectos para instalar plantas de biomasa como la Lantaron, en Álava, a la que todavía le queda limar también posibles afecciones medioambientales.