Solo un 8% de las actuaciones de la Inspección de Trabajo en Euskadi en 2022 conllevaron una multa

La Inspección de Trabajo realizó durante el año pasado un total de 18.742 actuaciones en Euskadi, pero solo un 8% de este total, 1.487, conllevó una infracción con la correspondiente multa. En total, se impusieron multas por 7,52 millones de euros, de las que la mayor parte están relacionadas con infracciones en el empleo, 3,36 millones, seguidas de las que tienen que ver con la Seguridad y Salud Laboral, 3,10 millones y las Relaciones Laborales, 1,05 millones de euros. “No es una labor punitiva lo que pretendemos, sino que sea más preventiva”, ha dicho la viceconsejera de Trabajo Elena Pérez, que ha destacado que un 18% de esas actuaciones han supuesto un requerimiento a la empresa para que subsane esa irregularidad. “Se busca garantizar los derechos de los trabajadores y, en la medida en que actúa, las empresas corrigen, a iniciativa propia, determinadas situaciones”, ha señalado.

En total se revisaron el año pasado 25.948 contratos, de los que se transformaron en indefinidos y a tiempo completo 8.760, es decir un 34%, según los datos proporcionados por la viceconsejera, que ha hecho balance de la labor de la inspección junto a la subdirectora de Inspección de Trabajo, Iciar González. Este porcentaje de contratos que se han transformado en indefinidos se eleva hasta más de la mitad de los inspeccionados, el 50,3% en el caso de los que se han revisado a través de campañas específicas, como el plan de choque contra la contratación temporal, con que se han transformado 5.733 contratos. De ellos, 494 eran contratos fijos discontinuos de carácter irregular, un 8,6%.

Precisamente la vigilancia de estos contratos fijos discontinuos que se usen de forma fraudulenta, es una de las prioridades de la inspección para este año 2023, aunque Elena Pérez ha recordado que es un tipo de contrato que no se utilza tanto en Euskadi como en otras comunidades autónomas, ya que es más habitual en la agricultura y la hostelería relacionada con el turismo. Este contrato es uno de los que permite la reforma laboral, mientras se restringe mucho la temporal, por lo que hay un temor real de que se convierta en una forma de esconder la contratación temporal no permitida en la reforma.

También se reforzarán las campañas para controlar la contratación parcial y de hecho, está en estos momentos abierta la segunda fase de un plan de choque contra el fraude en la temporalidad, con 1.326 actuaciones inspectoras abiertas a empresas a la espera de recabar los datos. Por otra parte, vigilará el control de los horarios, una cuestión en la que el año pasado se constató un alto nivel de incumplimientos. De un total de 566 actuaciones, un 52% ha acabado en infracción o en requerimiento, pese a las dificultades que existen para demostrar en este caso posibles irregularidades, salvo que la infracción sea no disponer del registro de horarios. “En caso de que se falsee la jornada es necesaria la colaboración de alguno de los trabajadores”, ha recordado Elena Pérez. “Una cuestión que no siempre es fácil”.

Precisamente, han destacado la importancia que está teniendo en estos momentos las denuncias anónimas que se realizan al buzón del fraude. El año pasado se denunciaron por este canal 859 denuncias, frente a las 305 en 2021 y 538 en 2020. No obstante, Elena Pérez ha señalado que no siempre son efectivas si al llegar a la empresa no se puede demostrar las irregularidades.

En cuanto a la siniestralidad laboral, el año pasado se desarrolló un plan de choque para la reducción de la siniestralidad mortal en colaboración con el Organismo Estatal Autónomo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEAITSS) y en coordinación con Osalan en sectores como construcción, recogida de residuos, instalaciones eléctricas, transporte por carretera y mudanzas, entre otros.Se realizaron 3.794 actuaciones inspectoras, 538 mediante visita física a la empresa, que se tradujeron en 124 expedientes sancionadores por un importe total de 612.139 euros, y otros 470 requerimientos de subsanación de las irregularidades detectadas.

Otra de las novedades del pasado ejercicio fue la puesta en marcha de un plan estival eminentemente preventivo con motivo de la exposición a altas temperaturas en sectores como invernaderos, lavanderías, tintorerías, construcción, hostelería y diversas actividades al aire libre. Está previsto realizarla de nuevo este año, aunque ampliada a condiciones ambientales adversas, ha anunciado la viceconsejera.

Se amplían las plazas de inspectores, pero no se cubren

Para este año 2023 la plantilla de la inspección se reformará con nuevas plazas, según han adelantado las responsables de la inspección en Euskadi, aunque lo cierto es que, pese al empeño del Departamento de ampliar la plantilla, esas plazas siguen quedando vacantes. De hecho, en estos momentos hay un total de 51 plazas, de las que hay 10 vacantes:3 en Álava, 4 en Bizkaia y 3 Gipuzkoa. Tampoco la situación es mejor en lo que se refiere a cubrir las vacantes de subinspectores: hay 20 plazas de las que están sin cubrirse 7 plazas, 2 en Álava, 2 en Bizkaia y 3 en Gipuzkoa.

Este año se van a crear otras dos plazas de subinspector laboral, uno de Empleo y Seguridad Social, y otro de Seguridad y Salud y siete plazas de inspectores: 3 plazas ya creadas por estar presupuestadas de origen por el Departamento, y 4 plazas en fase de creación aún. Pero estas nuevas plazas tendrán que esperar a que se convoquen oposiciones para este cuerpo o que se pidan traslados y puedan cubrirse.