La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno vasco, Olatz Garamendi, ha asegurado este lunes que más del 90% de los trabajadores interinos en la Administración General de Euskadi ha acreditado el perfil lingüístico de su puesto, y ha destacado que el nivel de exigencia que tiene el euskera en la Administración “cuenta con un amplio consenso social”, por lo que ha pedido “respetar este consenso en la Cámara”. “No parece conveniente resucitar debates del pasado porque generarían aún mayor división”, ha señalado.
La Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco ha comparecido a petición de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández para exponer las intenciones del Gobierno vasco en relación con la OPE de consolidación por antigüedad del personal interino. Garamendi ha recordado, según recoge Europa Press, que el pasado 24 de mayo, el Consejo de Gobierno aprobó un total de 8.764 plazas para la oferta pública de empleo de 2022 en la Administración General y sus Organismos Autónomos (1.686 plazas), la Administración Educativa (3.040), los servicios auxiliares de la Administración de Seguridad (315) y el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza (3.723).
En lo relativo a la Administración General, ha precisado que se van a convocar “todas las plazas vacantes ofertables” y ha subrayado que esta oferta se añade a la ya realizada en los años anteriores —2017, 2018, 2019 y 2021, todas ellas pendientes de convocar—, resultando así un total de 3.683 plazas que se van a adjudicar en el marco de los procesos de estabilización para la Administración General. “Algo más del 60% se resolverá por el proceso excepcional de consolidación (concurso de méritos) y el resto mediante el proceso especial (concurso oposición)”, ha recordado.
Además, ha explicado que todas las plazas serán convocadas antes de finalizar este año y “tras la correspondiente negociación sindical, sin perjuicio de que en el mismo periodo temporal se puedan aprobar más ofertas de empleo en la aplicación de la tasa de reposición”. Tras señalar que las bases generales que regirán los procesos selectivos han sido publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco el 23 de mayo, ha defendido que “dentro del marco legal vigente y con la máxima seguridad jurídica,” el Ejecutivo ha diseñado una convocatoria “abierta, respetando el mandato del Tribunal Constitucional y garantizando la igualdad, el mérito y la capacidad y la libre concurrencia”.
“Al mismo tiempo, hemos querido reconocer la larga experiencia y antigüedad acumulada por parte del personal interino, como siempre ha sido nuestro objetivo”, ha asegurado. En una primera fase, han sido ya convocadas 1.272 plazas, un 40,9% de las vacantes ofertables de la Administración General, que realizarán las pruebas el 17 y 18 de septiembre de este año en BEC. Se trata de las plazas correspondientes a cuatro escalas: personal de apoyo (230 plazas), escala auxiliar administrativo (677), escala administrativa (325) y escala enfermería (40).
“Máxima seguridad jurídica”
En este sentido, ha detallado que hasta ahora, 8.785 personas han presentado su solicitud y ha recordado que el plazo está abierto hasta el próximo 22 de junio. Garamendi ha defendido que “cualquier proceso de estas características debe desarrollarse en un contexto normativo de máxima seguridad jurídica, también en lo que al tratamiento del euskera se refiere”.
En este sentido, ha recordado que “hay un marco jurídico que se debe atender en lo que se refiere al euskera y la asignación de acreditación de perfiles lingüísticos en el ámbito de la Función Pública”. Además, ha indicado que esta normativa busca “profundizar en el objetivo de garantizar a la ciudadanía una atención integral y plena en cualquiera de las dos lenguas oficiales, adoptando las medidas oportunas para la normalización del uso del euskera, ya sea como lengua de servicio, como lengua de trabajo y los diferentes ámbitos de competencia”.
“El euskera en general y el nivel de exigencia que tiene en la Administración, cuentan con un amplio consenso social y yo creo que hay que respetar este consenso en la Cámara. No parece conveniente resucitar debates del pasado porque generarían aún mayor división”, ha reclamado. Asimismo, ha asegurado que en la Administración General de Euskadi “además de cumplir el índice obligatorio que se recoge en la norma, más del 90% de los trabajadores interinos ha acreditado el perfil lingüístico de su puesto”. En este sentido, ha explicado que el perfil lingüístico está asignado al puesto que ocupa por las características del servicio y por el trabajo que realizan para hacer sus funciones correctamente. “Con los procesos que hemos puesto en marcha, para nada se han cambiado las reglas del juego; son los perfiles lingüísticos que existían y las plazas que existían, las que están saliendo ahora”, ha defendido.
Menos de 500 interinos
Respecto a la crítica de Vox que cifra en 1.000 las personas interinas que no han acreditado el perfil lingüístico, Garamendi ha dicho que este dato “no es del todo correcto” y ha pedido hablar “con realismo”. “Esas mil personas no están en este momento ocupando plazas vacantes, es más, son alrededor de la mitad de ese número las personas interinas que no tienen el nivel de perfil lingüístico y mucho menos el que está en plazas que no lo tienen preceptivo”, ha explicado.
Además, considerado “imprescindible recordar la posibilidad que tienen los empleados públicos para recibir formación” y ha señalado que el IVAP anualmente pone en marcha dos convocatorias para que los trabajadores del Gobierno vasco participen en programas de euskaldunización. “Lo pueden hacer de dentro o fuera de la jornada laboral”, ha detallado. Garamendi ha destacado el “gran esfuerzo” del Gobierno vasco para “reducir la interinidad en el empleo público” y ha asegurado que esta reducción situará a la Administración general en un porcentaje inferior al 8%.
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU Jon Hernández, ha aclarado que su grupo no tiene la intención de “romper consensos” alrededor del euskera pero cree que tal y como se han planteado estas OPE, “van a dejar fuera a muchas personas con experiencia”, un patrimonio que cree que “no se puede perder”. “No caen en ninguna ilegalidad pero pensamos que no han tenido la flexibilidad necesaria para potenciar el uso del euskera”, ha explicado. La parlamentaria de EH Bildu Pazis García ha defendido que “una de las claves en estos procesos es la negociación con los sindicatos, para que los procesos se hagan adecuadamente” y cree que es necesario convocar “el mayor número de plazas posibles”. “En la administración Pública el euskera es imprescindible en función del perfil de los puestos porque los servicios públicos tienen que garantizar el derecho de los ciudadanos a hablar en euskera”, ha subrayado.
El parlamentario de PP+Cs Carmelo Barrio, por su parte, ha expresado su preocupación porque se exige “altos niveles de euskera a funcionarios interinos que hasta ahora no lo han necesitado para desarrollar sus funciones de servicio a los ciudadanos”. “Hoy no es posible la igualdad total en ambas lenguas si no se fuerzan determinadas situaciones laborales y administrativas; la Administración está para amoldarse a esas necesidades”, ha defendido. La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha denunciado que la situación de los interinos es reflejo de un modelo de “imposición lingüística” que su grupo no comparte porque “pretende extender la euskaldunización a todo el sector público de forma generalizada, sin tener en cuenta la realidad sociolingüística que tiene cada Territorio” y cree que el modelo “limita el acceso al empleo público a miles de vascos”.