Aceptan que la mujer de De Miguel y otros cuatro condenados por corrupción eviten la cárcel

La Audiencia Provincial de Álava ha notificado este miércoles que acuerda la “suspensión” de la pena de un año y medio que había recibido Ainhoa Bilbao, la mujer de Alfredo de Miguel y que ejerció como testaferro de la empresa pantalla Kataia Consulting. Esta mercantil fue el centro de una trama de corrupción liderada por De Miguel, ex 'número dos' del PNV alavés. La Fiscalía, a la luz de que nunca ha colaborado con la Justicia y de que no se ha arrepentido y al constatar que no quería abonar una de las multas, había pedido su ingreso incluso a pesar de que lo habitual es que las penas menores de dos años suelen quedar sin efecto.

La resolución judicial, firmada por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta, da a entender que no aceptará la suspensión que también busca De Miguel, para quien la pena es de doce años (nueve de cumplimiento máximo). Y es que asegura que el matrimonio tiene dos hijos menores de edad a su cargo. “Estas circunstancias personales deben ser valoradas”, estima el tribunal, que remarca que si en los próximos tres años vuelve a cometer un delito podrá ver revocada esta suspensión. Argumenta también que el no abono de una multa no es motivo suficiente para entrar en prisión e incide en que Bilbao ha abonado otra parte de sus responsabilidades económicas. La resolución asegura que esta suspensión es lo “habitual” en la jurisprudencia.

Asimismo, la Audiencia Provincial de Álava ha acordado igualmente la suspensión de la entrada en la cárcel de otros cuatro condenados por corrupción en el 'caso De Miguel' con penas de menos de dos años. Son Iratxe Gaztelu-Urrutia, otra de las socias de Kataia Consulting y esposa de otro dirigente del PNV alavés, Koldo Ochandiano, los empresarios corruptores Jon Iñaki Echaburu y Sergio Fernández Oleaga, de las empresas Loizate y Stoa, y Josu Arruti, socio y amigo de De Miguel que ya confesó en el juicio que había sumas elevadas de comisiones ilegales en las operaciones urbanísticas de Zambrana, una localidad al sur de Álava. Gaztelu-Urrutia y Fernández Oleaga no podrán delinquir en tres años, mientras a Echaburu y Arruti se les rebaja ese período a dos años.

La Audiencia alavesa tiene pendiente resolver aún las suspensiones solicitadas por más condenados en este sumario. Ochandiano y Aitor Tellería, el tercer exdirigente del Araba Buru Batzar implicado en la trama, esperan un análisis médico porque han alegado problemas de salud. De Miguel no lo ha hecho pero sí coincide con sus excolegas en haber demandado un indulto político al Gobierno de España. Y luego hay dos casos, los de Iñaki San Juan y Josu Azkarraga (antes Josu Montés), con penas de más de dos años de cárcel pero sin que ninguno de los delitos supere esa barrera. La Fiscalía ha rechazado también que puedan esquivar la prisión. Aunque la sentencia firme de este proceso es de marzo y ya se conocía desde enero, solamente Xabier Sánchez Robles, exalto cargo del Gobierno vasco, no ha buscado resquicios y desde hace una semana cumple su pena de siete años en la cárcel de Zaballa, a las afueras de Vitoria.