La nueva Ley de Educación vasca arranca la recta final de su tramitación y cada vez parece más lejano que se consiga aprobar con el consenso político al que se llegó en el acuerdo previo de 2022, que aglutinó al 90% del arco parlamentario vasco. Es decir, todos los grupos salvo el PP y Vox. Hoy en día hay cada vez más dudas de si el acuerdo podrá contar con todos los grupos que firmaron el preacuerdo e incluso el propio lehendakari Urkullu ha recordado que podría sacarse adelante sólo con los partidos del Gobierno (PNV y PSE--EE), aunque trabajarán para conseguir los mayores consensos posibles.
EH Bildu ha presentado este miércoles las líneas generales de las que serán sus enmiendas al proyecto, entre las que destacan las estarán destinadas a exigir que la norma “concrete la política lingüística a seguir” para garantizar que los alumnos tengan “un nivel B2 en ambos idiomas oficiales y un B1 en un idioma extranjero al fin de la educación obligatoria”, partiendo de las base de que “el debate sobre los modelos lingüísticos” en los que se divide ahora el sistema educativo “está superado”.
El director de Programa de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha sido el encargado de adelantar las enmiendas que prepara su grupo y que deben presentarse antes del 3 de octubre y que en líneas generales están encaminadas a que la ley defina las “bases jurídicas que esta ley requiere” para conseguir los objetivos que se marca.
En este sentido, además de que quede fijada cuál es la política lingüística a seguir, quiere que se establezca cuáles serán las consecuencias para los centros escolares que no cumplan las obligaciones que les marca la ley.
Es decir, “qué sucede con los derechos cuando las obligaciones no se cumplen” en el Servicio Público de Educación Vasca. En este sentido, Otxandiano ha recordado que en los últimos meses, “tanto cuando se ha pedido reducir las cuotas de financiación de los nuevos servicios educativos a la hora de renovar los conciertos, como cuando se han aplicado las primeras medidas en contra de la segregación, cada agente del sistema sólo ha mirado por su propio interés, anteponiendo su necesidad de hacer frente a la reducción de la tasa de natalidad”.
Por ello, ha considerado que se requieren “normas de juego claras”, sobre todo en un contexto de “competencia muy aguda por captar los pocos alumnos que quedan en un contexto de bajada de natalidad. Va a haber muchos menos alumnos en el sistema en los siguientes años y es muy importante regular el servicio básico”, ha afirmado.
También ha señalado que los mecanismos de gobernanza que plantea el sistema “tienen que estar muy bien definidos para que la descentralización que se plantea en esta ley sea o vaya en beneficio de una mejora en la equidad del sistema y un aumento generalizado de la calidad educativa dentro del sistema y no sea para beneficio de unas determinadas partes del sistema o para el beneficio de unos pocos”.
Las enmiendas de EH Bildu estarán encaminadas también a que se garantice que no haya segregación. Aunque en el proyecto de ley se recoge el compromiso de desarrollar un pacto-social en contra de la segregación se ha preguntado si hay “voluntad popular para ello” . “Aunque los avances sean evidentes, no parece que haya la unión suficiente para desarrollar un pacto de dichas características”, ha señalado.
Al margen de las enmiendas, Otxandiano ha considerado además que “otoño es buen momento para definir un plan estratégico para la educación pública. Y creemos que la educación pública necesita un salto de calidad como consecuencia del cambio de sistema, la aplicación de las medidas estructurales acordadas con LAB y los Interinos (temporalidad, mantener el corpus del profesorado, nuevos recursos…), una planificación estratégica en contra de la segregación escolar (que debería recogerse en el pacto) y un plan de inversión ambicioso tanto en infraestructura como en equipamiento”.
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