La diputada foral de Cultura y Deporte de Álava, Ana del Val (PSE-EE), ha defendido este viernes que ha sido la propia Diputación la que ha llevado ante la Fiscalía el caso de una escultura romana de Baco de la que ha perdido el rastro y que según otros grupos políticos y una información publicada por el diario 'El Correo' estaría en manos de un ex alto cargo del PNV, ahora socio de gobierno de los socialistas tanto en Álava como en el conjunto de Euskadi. “No tenemos absolutamente nada que ocultar. He estado en un tono bajo, sencillo, callado, porque me tocaba, porque estábamos trabajando con la Ertzaintza para verificar cómo podíamos hincarle el diente a este tema tan espinoso y judicializarlo. Esperemos que esto llegue a muy buen puerto, porque nuestro objetivo es recuperar la pieza, caiga quien caiga”, ha apostillado, ante las insinuaciones de otros grupos junteros de que desde el Gobierno foral se pudiese estar encubriendo a otras personas.
Desde que se excavó por primera vez en 1976, el yacimiento arqueológico ubicado en la actual Arkaia, uno de los concejos que integra Vitoria, no ha dejado de brindar sorpresas en forma de restos romanos y prerromanos. Si en un primer momento aparecieron el yacimiento y también las termas mejor conservadas de la zona, unas obras de 2015 propiciaron unas excavaciones que hicieron aflorar también construcciones de los siglos I y II, decoraciones hechas a base de mármol y restos caristios de los siglos I y II antes de Cristo. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Álava y cuenta, entre otras cosas, con el complejo termal en mejor estado de conservación de toda la provincia. Todo está documentado y de todo se tiene constancia; de todo menos de un busto del dios Baco, que es como conocían los romanos al que para los griegos era Dionisio, deidad de la fertilidad y el vino. Durante años, el Museo de Arqueología de Álava expuso a Baco, pero con una copia en yeso que se talló y que se retiró en 2009 con una reorganización de la colección.
El busto original habría estado en manos de Jon Buesa Blanco, exportavoz del PNV en las Juntas Generales de Álava. Hermano del dirigente socialista asesinado por ETA Fernando Buesa, ha sido un conocido empresario en Vitoria dedicado a la ingeniería civil. Durante años, ha tenido un despacho en la calle de Manuel Iradier, donde llegaron a estar domiciliadas tres empresas. En el sumario del 'caso De Miguel', el mayor de corrupción en Álava, se descubrió que el parque tecnológico de Miñano había simulado un concurso en el que competían entre sí las tres y tras el cual, lógicamente, una de ellas se llevó la adjudicación. Una de esas tres firmas era de su socio Sergio Fernández Oleaga y se llamaba Stoa. Es una de los sociedades clave de la trama, ya que se demostró que Fernández Oleaga abonaba comisiones para recibir contratos.
Desde el PP, por boca de Jordi Ibarrondo, se ha acusado a la diputada foral de haber gestionado la situación de la escultura de Baco de forma “lamentable” y sin haber rendido cuentas ni brindado la información necesaria al resto de grupos. “No sé si misterio, culebrón, sustracción, suplantación, pero cuando menos algo esperpéntico para la historia de la arqueología alavesa. Vemos que aparecen personajes siniestros. Tiene tintes de 'thriller' negro, los mensajes políticos y técnicos para nada son claros, y los silencios políticos son abrumadores”, se ha quejado Ibarrondo. Más tarde ha ido más allá y tras detallar la participación de Buesa en la trama del 'caso De Miguel', ha subrayado que tiene la “sospecha” de que existe cierta “omertá” para “no alterar el orden de las cosas”. “¿Está encubriendo alguna información? ¿Está encubriendo a algún compañero o a algún amigo de un compañero? ¿Se debe esto a la lealtad a sus socios de gobierno?”, se ha preguntado, para después señalar que es “coincidencia” que la comparecencia de la diputada llegue con dos meses de retraso y “justo” cuando la Justicia ha declarado secreto de sumario sobre el caso. “Le ha explotado en las manos”, le ha espetado.
En respuesta a estas preguntas, Del Val ha recalcado que la apropiación le parece “deplorable” y ha subrayado la “implicación activa” de toda la Diputación contra la apropiación del patrimonio. “Esperemos que esto llegue a muy buen puerto, porque nuestro objetivo es recuperar la pieza, caiga quien caiga”, ha sostenido. Ha explicado, además, que el informe que les hicieron llegar los servicios jurídicos argumentaba que la ley de patrimonio no era aplicable en este caso y que el asunto había prescrito, razón por la que les resultaba imposible recurrir a la vía administrativa o a la penal. “En todo caso, si fuera de suficiente interés, se podría recurrir a la expropiación forzosa”, ha asegurado que señalaba el informe. Ha hecho hincapié, además, en que los hechos ocurrieron hace más de cuatro decenios. “Nadie ha hecho nada en 46 años. Aquí han estado todos los grupos políticos gobernando, y nadie ha hecho nada salvo esta diputada. Aquí estaré en cuanto se levante el secreto de sumario”, ha zanjado.
“No es un caso aislado”
Kike Fernández de Pinedo, de EH Bildu, ha insistido en que Buesa “no es un cualquiera”, sino “un alto cargo público y político del PNV”. “Desde la política se debe ser éticamente riguroso. Se tiene que ir en este asunto hasta las últimas responsabilidades”, le ha implorado a la diputada, y ha anunciado que solicitará la comparecencia del propio Buesa. “Esto no es un caso aislado. El patrimonio en nuestro territorio ha sufrido demasiados expolios en los últimos años [los ha cifrado en veintiocho en el último lustro]. También ha habido actuaciones de particulares que han destrozado yacimientos que estaban catalogados. Hasta ahora ha sido gratis hacer expolios, destruir el patrimonio, quedarse con piezas originales...” ha lamentado. Se refería, entre otros casos, al del yacimiento de Iruña-Veleia, también en la provincia. La sentencia del juicio a un caso que la propia institución llevó ante los tribunales condenó en 2020 a dos responsables de la excavación de ese otro yacimiento —a apenas dieciséis kilómetros de distancia de Arkaia— por falsificar informes para otorgar legitimidad a unos hallazgos “excepcionales” que iban a hacer del lugar la nueva Pompeya y a reescribir la historia del euskera y el cristianismo. No fueron tales. Aunque la Diputación pedía en aquel caso hasta siete años y medio de cárcel para Eliseo Gil, director de la excavación, y que abonara hasta 600 euros por cada una de las piezas que dañó —se llegaron a hacer inscripciones falsas con un punzón—, la estafa se saldó con una condena penal mínima y una indemnización de 72 euros por pieza.
Tanto EH Bildu como PP han llamado la atención sobre el contraste que hubo entre las primeras declaraciones de la diputada, socialista, y la del diputado general, Ramiro González, del PNV. En un primer momento, frente a lo que parecía un 'no' inicial de Del Val a tomar cartas en el asunto porque habría prescrito, González salió a defender que la pieza tenía que ser “pública” y que la Diputación haría “todo lo que esté en su mano dentro de la ley” para recuperarla, porque la apropiación le parecía “deplorable”. En ese momento, ya se había publicado que el busto estaría en manos de Buesa, compañero de partido. Del Val se ha defendido y ha asegurado que fue la prensa la que interpretó que ella consideraba que había prescrito y que, en cambio, la Diputación estaba trabajando ya entonces con la Ertzaintza. “Es un tema complejo jurídicamente, pero si la Fiscalía vio que había un resquicio, ahí hemos estado apoyando. Hemos trabajado en silencio, pero la Justicia tiene unos tiempo y unos plazos”, se ha defendido.