Amaia Barredo no informó ni al PNV ni a Ramiro González de que estaba investigada por prevaricación

Amaia Barredo, nueva responsable foral en Álava de Medio Ambiente, no informó ni a su partido, el PNV, ni al diputado general de Álava, Ramiro González, de que estaba siendo investigada por un juzgado de Vitoria a raíz de una denuncia de la Fiscalía, según ha podido confirmar este periódico de varias fuentes de su entorno. Barredo no dio importancia al asunto, que se debe a su intervención en la autorización de un proyecto de valorización de residuos en Bergara, en su salto de esta semana de viceconsejera en el Gobierno vasco a diputada foral a pesar de que ella misma, en un escrito dirigido a la Comisión de Ética del Ejecutivo autonómico, admite que era conocedora de la notificación de la Fiscalía y de que el ministerio público, en su investigación preliminar, había encontrado indicios de delito.

Este periódico publicó este domingo que la Fiscalía había detectado indicios de prevaricación en la actuación de un alto cargo a la luz de un dictamen de la Comisión de Ética. Ese documento no daba ningún dato ni sobre la identidad del afectado ni sobre el alcance de los hechos. Al menos desde el 26 de junio, se había consultado al Gobierno por más detalles del caso. La respuesta oficial era siempre que “no se puede decir nada” en aras a “garantizar el anonimato y la confidencialidad” de los asuntos que tramita la Comisión de Ética.

Después de la publicación, este martes, en la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno, se informó del cese de Barredo como viceconsejera para su incorporación a la Diputación, que de hecho ya se había formalizado minutos antes. Después, preguntado por la investigación, el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, confirmó en genérico que un alto cargo del Gobierno tenía pendiente este asunto. No tenía tampoco información detallada, menos de que en puridad esa persona ya no formaba parte de la estructura de la Administración vasca. El lehendakari, Iñigo Urkullu, tampoco era conocedor de la investigación.

Sí lo era el Departamento de Barredo, el de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, dirigido por Arantxa Tapia. En un comunicado, ha indicado que conocía la existencia de “una denuncia” por el asunto de Bergara. “La Fiscalía solicitó documentación del expediente al Gobierno vaso y éste se la remitió, como siempre, en su función de colaborar con la Administración de Justicia. Transcurridos unos meses, la Fiscalía notifica al Gobierno vasco que eleva la cuestión al juzgado de Instrucción que corresponda”, explicó el Ejecutivo. Necesariamente, también conocía todos los detalles la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ya que es la presidenta de la Comisión de Ética.

A partir de ahí, González se ha dado de bruces con una crisis nada más arrancar la tercera legislatura por un asunto completamente ajeno a la Diputación e incluso a Álava. Por el momento, las tres principales fuerzas de la oposición, EH Bildu, PP y Elkarrekin, ya le han pedido explicaciones. El diputado general, en varias entrevistas, ha dado a entender que se enteró 'a posteriori' de la situación de Barredo, después de que tomara posesión y participara en la primera reunión del Gobierno foral. También fue entonces cuando lo conoció el partido.

Sobre el fondo de la cuestión, todas las fuentes coinciden en que no le ven recorrido a la denuncia, aunque este caso tiene una singularidad. Como argumenta el PNV y el Gobierno, ha habido otros asuntos -y también en el área de Medio Ambiente- que han acabado en imputaciones. Singularmente, existe el precedente del caso relacionado con la planta de Glefaran entre Güeñes y Zalla y que sigue judicializado para Elena Moreno e Iván Pedreira (exresponsables de Medio Ambiente del PSE-EE) y que también fue adelantado por este periódico. El matiz es que ahora la denuncia de los ecologistas al entender que el Gobierno autorizó el proyecto de Bergara contra el criterio del Ayuntamiento está respaldada por una labor de investigación posterior de la Fiscalía que acredita que hay, al menos, indicios de delito en la actualización de Barredo y de su director de Calidad Ambiental, Javier Agirre.

Se espera la resolución de varios procesos contencioso-administrativos paralelos -hasta cuatro- para conocer si realmente la vía penal puede prosperar, aunque fuentes judiciales remarcan que la sala a la que se le ha asignado el caso, Instrucción 3 de Vitoria, dirigida por María Elena Rodríguez Molpereces, no ha movido ni un papel en relación al expediente. Esta magistrada ha llevado recientemente tres casos de relevancia pública: la investigación contra la exportavoz de EH Bildu Miren Larrion por usurpar la documentación de una compañera para hacerse pasar por ella, la denuncia falsa de una excandidata de Vox que dijo haber recibido una paliza de “menas” y una de las derivadas del conflicto interno en EA.

En el caso del proceso contencioso-administrativo radicado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, hace apenas unas semanas, el 22 de junio, el Gobierno vasco envió un informe rechazando que hubiera un mal proceder en la autorización del proyecto Valogreene Paper. Además, existe otro informe jurídico de la Comisión Jurídica Asesora del Ejecutivo (conocida como COJUA) en el mismo sentido. Por el contrario, los denunciantes insisten no solamente en que se ha dado luz verde a un plan muy diferente al original sino que la planta ha recibido incluso ayudas económicas sin tener actividad o trabajadores. Tan es así que han ampliado la denuncia penal y responsabilizan igualmente a la propia consejera Arantxa Tapia.

Públicamente, González -que es un jurista de larga trayectoria- ha llegado a pronosticar que el asunto quedará archivado. “Cuando las decisiones se toman bajo criterios e informes de los técnicos, de los juristas de una institución, los representantes institucionales que tomamos esas decisiones tenemos que tener la tranquilidad de que todo es legal y todo es correcto. Así actuó Amaia Barredo, en el convencimiento de que lo que hacía estaba amparado por la ley”, ha manifestado en Onda Vasca. Eso sí, ha admitido que si el caso llega a juicio no le quedará más remedio que prescindir de Barredo. La Comisión de Ética del Gobierno vasco tiene asentado ya el criterio de que los altos cargos procesados solamente han de cesar en ese momento, antes de una vista oral, salvo que el delito sea de extrema gravedad o genere gran alarma social.