Este fin de semana ha tenido lugar la oposición para lograr una plaza de médico en el servicio de Angiología y Cirugía Vascular en Osakidetza. Hace cinco años y medio, en la primavera de 2018, también se celebró otro examen, pero aquellas plazas aún no han sido asignadas porque en esta categoría y en otra docena hubo denuncias e indicios de que se produjeron filtraciones para beneficiar a unos candidatos muy concretos. La investigación lleva meses en vía muerta pero una sentencia colateral ha desvelado que dos especialistas del hospital de Santiago, en Vitoria, que se sintieron perjudicados por lo ocurrido en las pruebas de Angiología y Cirugía Vascular, fueron víctimas de represalias por levantar la voz. Osakidetza tendrá que abonarles ahora 61.181 euros como indemnización (a cada uno) pero el asunto ha destapado que estos dos especialistas, de los únicos que hacían algunas intervenciones complejas y muy específicas, ahora ya no trabajan en la Sanidad pública y que sus responsables prefirieron incluso tener a pacientes esperando durante un año -o derivarlos a otros hospitales- antes de que los atendieran estos facultativos.
La resolución judicial, emitida el 17 de agosto de 2023 por la magistrada de la jurisdicción social (laboral) de Vitoria Cristina Hidalgo, recoge en su apartado de hechos probados 64 actuaciones contra estos dos profesionales. Las cometieron bien Osakidetza como organización o bien (las más comunes) los responsables directos del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del hospital universitario de Álava (HUA, que es como se llama la organización que aglutina a Santiago y al otro centro de referencia de la capital vasca, Txagorritxu).
¿Cuál fue el desencadenante de esta venganza profesional? Los dos médicos, a pesar de su larga experiencia, eran interinos en el Servicio Vasco de Salud. Uno de ellos, de hecho, encadenaba contratos temporales de cinco meses de duración. Como dato, de once integrantes del servicio de Angiología y Cirugía Vascular del HUA solamente cinco tienen una plaza fija, a salvo de cambios con las oposiciones actuales. En la OPE de 2018 salió a concurso una plaza en Vitoria y uno de los miembros del tribunal, el doctor José María de Egaña, denunció que se habían producido irregularidades.
No fue una excepción. En Anestesia tres opositores dijeron lo mismo, en Traumatología un examinador llegó a decir que los aprobados entregaron pruebas sospechosamente iguales y perfectas -“fotocopias”- y en otros exámenes se hablaba de “tongo” o “pucherazo”. El caso se llevó por delante en los meses siguientes al consejero de Salud, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y a otros altos cargos y hoy es el día en que esas plazas siguen bloqueadas pendientes de que otra sala de Vitoria decida si la investigación penal ya cerrada es base suficiente para celebrar un juicio contra los imputados.
En el caso concreto de estos dos doctores, verbalizaron que sentían que habían quedado suspendidos “de forma intencionada”. Y formalizaron una reclamación. Sostuvieron que al no ser “afines” a quienes, aparentemente, repartían irregularmente las plazas no habían podido aprobar. Informes estadísticos que se hicieron en 2018 mostraban cómo era común que en variadas categorías sin relación entre sí los colegas de hospital de quienes hacían las preguntas obtuvieran notas altas -a veces perfectas, como en Cardiología- y que el resto tuviera puntuaciones anómalamente bajas para ser especialistas en sus áreas.
Uno de los dos afectados en Vitoria remarcó que ambos eran los “más preparados” y que realizaban las cirugías “más complejas”, incluidas las “endoprótesis fenestradas” o, en el caso de uno de ellos, el “transplante arterial”. Un delegado sindical de LAB -organización que denunció el fraude de la OPE al igual que ESK- les informó de que se les estaba culpando “directamente” de las “filtraciones”. Y no de las del examen, sino de que los medios de comunicación empezaran a publicar informaciones sobre la crisis abierta en Osakidetza.
La sentencia constata que “a partir de ese momento se produce una sobresaturación o sobrecarga laboral” para la pareja de facultativos. “Se produce un inadecuado, desigual y discriminatorio reparto de tareas”, añade. Una de las personas ahora indemnizadas tuvo que pasar en 2019 80 días revista en planta, fue asignada a quirófano 60 días y pasó consulta durante 50 turnos. Estuvo de guardia en el 'busca' -la tarea más sencilla- diez días. Por el contrario, una colega que se posicionó a favor del resultado de la OPE hizo 20 días de planta, 35 de quirófano y 35 de consulta y 80 de retén con el 'busca'. Todo esto ha quedado documentado en este proceso judicial con carteleras (turnos de trabajo), correos electrónicos y mensajes de WhatsApp.
Entre 2018 y 2020, a uno de los dos cirujanos no se le asignó ninguna operación de “endoprótesis fenestrada”. Los doctores alertaron de que, con esta decisión, se estaban retrasando atenciones de pacientes y lo único que se les dijo es que eran muy caras, aunque en el resto de la red de Osakidetza no se pararon. La sentencia concluye que “esto ha llevado a intervenir pacientes con demoras de más de un año en lista de espera” aunque se trata de “procedimientos preferentes”. Se trata, por ejemplo, de aneurismas. Se han tenido que repetir pruebas preparatorias muy duras por la radiación a causa de esta 'vendetta' interna. Ha habido pacientes en Vitoria con “sobreexposición innecesaria” a rayos.
En mayo de 2020, en pleno confinamiento, se acordó derivar algunos casos al hospital Donostia. En septiembre de ese año, finalmente, se retomaron las intervenciones en Vitoria. Eso sí, es la propia jefa del servicio la que se encarga de ellas aunque, nominalmente, continuó figurando como responsable de los pacientes el especialista, que llevaba atendiendo estos casos desde 2012. ¿Qué consecuencias se produjeron? “Esta situación ha acarreado problemas, como ha notificado el banco de tejidos. La falta de supervisión ha conllevado la pérdida de un homoinjerto que no ha llegado a implantarse. Y se ha perdido”, se puede leer en el fallo judicial. Se estima que se produjo una “apropiación de funciones” por un motivo de castigo.
Los dos médicos denunciantes dirigieron escritos, igualmente, a instancias más altas tanto de su hospital como de Osakidetza. Nunca recibieron una solución. Finalmente, como recoge el fallo, decidieron abandonar la Sanidad pública y saltar a la privada. Ahora trabajan en una clínica de Vitoria. Uno de ellos llegó a sufrir un ataque de ansiedad pasando consulta y trabajó dos años medicado, de 2018 a 2020.
Ambos profesionales pedían una indemnización más elevada, pero finalmente se ha fijado en 61.181 euros para cada uno. Tendrá que abonarlos Osakidetza por una “infracción en la normativa de prevención de riesgos laborales” pero de manera solidaria con la aseguradora Zurich. Los médicos querían otra condena de tipo más simbólico, pero no ha sido aceptada. Su deseo es que la sentencia -de 44 páginas y muy contundente- fuera colgada durante 30 días “ininterrumpidos” en el tablón del HUA, así como en la Intranet de Osakidetza y en la página web. Arguye la magistrada que no hay una necesidad de hacerlo porque no se ha producido una vulneración del derecho al honor ya que el conflicto nunca trascendió a la opinión pública y quedó dentro del ámbito “interno” de la Sanidad vasca.
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