Euskadi y su consejero de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, están orgullosos de ser pioneros en España en reconocer legalmente el derecho a un alojamiento digno en régimen de alquiler para todos aquellos ciudadanos que no superen unos determinados umbrales económicos. Al nivel de la sanidad, la educación o una renta básica. Y es que, al contrario de lo que dice la creencia popular, la Constitución de 1978 no reconoce el derecho a una vivienda, simplemente es un “principio rector” de la política económica del Estado que ha de regularse por ley. Arriola, que regresa al Departamento de Vivienda tras ocuparlo en el mandato de Patxi López (2009-2012), estima que hasta 2025 18.000 personas serán beneficiarios de la nueva prerrogativa.
¿Cómo garantizarlo si la construcción de cada piso protegido cuesta 100.000 euros a las arcas públicas? ¿Hay que poner 1.800 millones de euros, el 18% del presupuesto vasco? Arriola, que ha presentado este lunes en el Parlamento Vasco las líneas generales para la legislatura en Vivienda y también en las otras dos áreas de su competencia, Medio Ambiente y Urbanismo (Política Territorial), con unos 170 millones de presupuesto anual, ha defendido que “lo más sostenible es actuar sobre la vivienda vacía”. “Es lo más económico”, ha reiterado sobre la necesidad de publicar el parque público de viviendas.
Con “19 ó 20 millones de presupuesto”, el programa Bizigune permite movilizar 4.500 viviendas. Bizigune consiste en convertir viviendas privadas desocupadas en pisos para alquiler social. El propietario cede su casa al Gobierno a cambio de una renta garantizada y un seguro de cobertura de cualquier desperfecto; y el Ejecutivo se ahorra una nueva construcción. Arriola ha apostado por dar un impulso a este programa de intermediación e incluso ha manifestado su predisposición a mejorar la renta que se abona a los propietarios, que en la actualidad es de 450 euros, poco competitiva en un mercado inmobiliario como el vasco. En un inicio llegó a 750 euros y más tarde ya quedó en 600 euros. Otro programa paralelo, ASAP, también será reforzado.
“Vamos a mejorar los incentivos a los propietarios de este tipo de viviendas de cara a facilitar su puesta en el mercado de alquiler protegido en aquellos ámbitos territoriales en los que resulte más necesario”, ha indicado el consejero en la Cámara, sin ofrecer cifras más concretas.
Una única prestación
El derecho vasco a la vivienda recogido en la legislación vasca se satisfará, de manera preferente, con un alojamiento digno del parque público. Sólo si no es posible se abonará una prestación sustitutoria de 250 euros, equivalente a la actual prestación complementaria de vivienda que abona Lanbide a los beneficiarios de ayudas sociales sin vivienda en propiedad.
Arriola ha insistido en que esta legislatura tocará refundir en una sola ambas prestaciones, que cubren la misma necesidad. Ya lo intentó hace unos meses su predecesor, Ángel Toña, pero el decreto propuesto fue polémico al ser más restrictivo para los extranjeros que la anterior prestación de vivienda. Según Arriola, la idea es no dejar a nadie fuera porque la Ley de Vivienda “es de progreso y no de regreso”.
Pendientes del Tribunal Constitucional
La Ley de Vivienda, en todo caso, tiene parte de su articulado pendiente del recurso que el Gobierno central interpuso ante el Tribunal Constitucional, básicamente lo relativo a la definición de vivienda vacía y a la expropiación forzosa de los pisos propiedad de la banca tras un desahucio (aunque el derecho a la vivienda ya está blindado). Arriola ha indicado que esperan sentencia “este año” y que, en caso de que el fallo sea desfavorable a los intereses vascos, habrá que arbitrar “medidas paliativas”. La presión sobre el Constitucional, en todo caso, crecerá ya que Extremadura ha aprobado recientemente una normativa gemela a la vasca que probablemente será también recurrida.
A diferencia de otras normas aprobadas la pasada legislatura, como la Ley Municipal, en la que se ha llegado a un acuerdo, los Gobiernos central y vasco no han incluido esta ley entre las susceptibles de negociación en la comisión bilateral existente. El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, ya explicó que Euskadi la defenderá en bloque porque la norma salió del Parlamento contra el criterio del Gobierno y del PNV. El Ejecutivo no se ve en condiciones de negociar los términos de un texto redactado por PSE-EE, EH Bildu y UPyD.
El ‘apretón’ de Mikel Otero
La nota curiosa de la comparecencia parlamentaria de Arriola, de casi cuatro horas, la ha puesto el representante de EH Bildu, Mikel Otero, con su manera de preguntar sobre las políticas de saneamiento y aguas. Ésta es la transcripción literal de su intervención: “¿Le parece a usted lógico que en el país de Arantza Innovation Tapia Basque Country 4.0 Climate Smart Creed I+Di+i y yo que sé cuántas cosas más me pase la semana pasada que vaya a una reunión a Busturialdea, me entre un apretón y la resultante vaya recorriendo nada menos que la reserva de la biosfera de Urdaibai y tenga que estar a la deriva hasta que la marea decida llevárselo al mar? ¿O que pase lo mismo en el Nervión, donde los restos humanos se pasean por la ría de Bilbao? Apretones personales aparte, la pregunta es, ¿le parece medio normal el estado del saneamiento y la depuración?”.
Arriola, con humor, ha asegurado que EH Bildu le ha “ametrallado” con sus preguntas. Más en serio, ha respondido que peleará por contar con el máximo presupuesto posible para el área de Medio Ambiente, aunque siendo consciente de las estrecheces presupuestarias del conjunto del Gobierno. “Dependerá del techo de gasto. Hombre, se agradecería que en el debate presupuestario ustedes como oposición puedan coadyuvar. Espero tener la colaboración de ustedes”, ha tendido la mano Arriola, que ejerce también de coordinador de los tres consejeros del PSE-EE en el Gobierno de coalición con el PNV.