El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha informado este martes de que se han desestimado las alegaciones al expediente administrativo abierto para la exhumación de los restos enterrados en la cripta de los Caídos, entre ellos los de los generales Emilio Mola y José Sanjurjo.
Según ha dado a conocer en rueda de prensa, las exhumaciones se llevarán a cabo el próximo día 16, tal y como había anunciado, salvo la de Mola, cuyos restos ya han sido retirados por expreso deseo de su familia.
Fue el 31 de agosto cuando el alcalde Joseba Asiron, de EH Bildu, anunció la exhumación de los restos y aseguró que en la decisión “no hay ningún atisbo de revanchismo, ni de favorecer a unos o a otros, sino más bien de cumplir la legalidad vigente y de hacer justicia con una parte de nuestra historia”.
Desde entonces la familia del general Emilio Mola –considerado el cabecilla del golpe de Estado del 36– no se había pronunciado públicamente, pero la de Sanjurjo –cabecilla del ejército sublevado– y las de dos de los cinco navarros enterrados en la cripta habían alegado falta de notificación oficial, una motivación para la exhumación “contraria” a la ley de Memoria Histórica, y que la misma representa una “vejación” y “una absoluta vulneración” de sus “derechos fundamentales”.
Por su parte, el arzobispado de Pamplona y Tudela había presentado alegaciones en contra de la clausura de la cripta, “un lugar de culto” cuya “inviolabilidad se encuentra garantizada por el actual ordenamiento jurídico”, afirma.
Al respecto Asiron ha precisado que se ha llegado a un acuerdo con el arzobispado por el que éste renuncia a recurrir ante el Juzgado Contencioso Administrativo la desestimación de las alegaciones y el Ayuntamiento le reconoce el uso de la cripta, de la que por escritura tiene el usufructo para “actos de culto” y con la obligación de “mantenerlo en buen estado”.
En cuanto a la exhumación de Mola, el alcalde ha desvelado que personalmente se reunió con el representante de la familia para acordar una exhumación que se realizó el pasado 24 de octubre “con absoluta discreción y con la privacidad solicitada”.
Y en este sentido ha comentado que el acuerdo con el arzobispado exige intimidad para todas las exhumaciones, prohíbe la presencia de medios de comunicación y la toma de fotografías, salvo que las familias lo autoricen, y determina que las mismas quedarán documentadas con la “única y exclusiva” intervención de un notario o, en su defecto, de personal técnico del Ayuntamiento.
Preguntado por posibles recursos de alguna de las familias afectadas, el alcalde ha puesto en valor “la buena disposición y el talante dialogante” del Consistorio, al tiempo que ha dudado que las mismas se planteen.
Los motivos, ha dicho, son que se trata de un edificio de propiedad municipal por donación del arzobispado y por tanto “no cabe alegar sobre la privación de ninguna de sus partes”.
A ello Asiron ha sumado que los enterramientos que alberga la cripta, de los que “nada” dice la escritura, “constituyen en sí mismos un cementerio” sometidos a la ley vigente y a un plazo de estancia, sin que las familias posean “ningún título jurídico que les permita reclamar el mantenimiento de las inhumaciones una vez sea cerrado este cementerio”, que “el Ayuntamiento tiene derecho a clausurar”.
El alcalde Pamplona ha subrayado que de esta forma el equipo de gobierno local cumple con dos elementos de su programa, el cambio del nombre de la plaza donde se encuentra el Monumento a Los Caídos, antes Conde de Rodezno y ahora de La Libertad, y “la retirada de los enterramientos de los generales fascistas”, por lo que ahora queda abrir “un debate público” para determinar si el edificio se “derriba” o se transforma.