El ‘caso de las ITV de Euskadi’ enconde un sinfín de hechos insólitos, y no solo en los tribunales, donde el Supremo ha determinado la nulidad de la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos. El Gobierno Vasco, en los tiempos del consejero Jon Azua (PNV) como responsable de Industria, concedió a dedo la gestión de un negocio que reporta a su beneficiario 1,5 millones de euros anuales.
Los tribunales, en sucesivas sentencias han demostrado cómo el propio Gobierno Vasco creó las bases del concurso y él mismo se las saltó. Como consecuencia, se dio entregó a unas empresas este suculento negocio que nunca debieron obtener y, por el contrario, se usurpó a los que eran merecidos ganadores del concurso.
La forma en que se realizó la adjudicación estuvo salpicada de decisiones sorprendentes, como la propuesta realizada por un técnico para adjudicar una ITV a una sociedad creada por funcionarios, algo terminantemente prohibido por ley. Aquel técnico dejó años más tarde su trabajo en la Administración para fichar como director general de una de las empresas beneficiadas en el concurso en el que él participó.
Pero, además, se sucedieron otras extrañas circunstancias en el proceso del concurso. Una de las cuatro empresas adjudicatarias del servicio en 1993, Luybas, ganó el concurso de las estaciones de Vitoria y Bergara tras presentar documentación fuera de plazo. La empresa comunicó al Departamento de Industria que entregaría con posterioridad un certificado urbanístico de los terrenos de la estación de Bergara.
Luybas presentó en mayo de aquel año una propuesta de 17 folios de documentación, frente al ingente volumen de datos de otras empresas. Pero, además, hay otro dato sorprendente: se constituyó como compañía el mismo mes en el que se presentaron las ofertas para el concurso.
Luybas no tiene la concesión -ni existe actualmente como empresa en Euskadi-, ya que en 2004 vendió la adjudicación a la multinacional Applus+, que gestiona las estaciones de Arrigorriaga, Zamudio, Vitoria y Bergara.
Cuando concurrió al concurso convocado en abril de 2003, su administrador Luir Ros remitió un fax a José Miguel Corres, el entonces director de Servicios Generales de Industria (el área encargada de contrataciones), en la que textualmente decía: “Referente al certificado urbanístico de la parcela de Bergara se enviará, según acuerdo verbal, mediante fax y el original se presentará a la apertura de la propuesta”. El fax -que no aparece en el expediente administrativo de Industria- está enviado el 25 de mayo de 1993, cuando el plazo de presentación de propuestas finalizaba ese día a las 10 horas.
En la documentación del concurso aparece un estudio de la valoración de las instalaciones de cada una de las 22 ofertas existentes. Por ejemplo, en el caso de Luybas se concede una valoración de 300 puntos pese a que se dice que presentaron un proyecto correcto pero que trata “con poca profundidad” los planes de formación y mantenimiento o que el tratamiento a la parada autobús no es correcto. En cambio, se conceden 250 puntos a otra empresa, Inspecciones Técnicas de Euskadi, con un proyecto “suficiente” y un tratamiento de la parada de autobús “aunque no es malo, no es del todo correcto”.
En su día, el propio Gobierno Vasco aseguró en el Parlamento que tenía constancia de la existencia de un informe desfavorable de la Dirección de Contratación pero que, sin embargo, se extravió el expediente.
Aunque parezca un caso lejano en el tiempo, el asunto todavía está sin resolver. Hay una sentencia del Supremo y un auto del Superior de Justicia del País Vasco que obligan a retirarle a Applus+ la gestión de las ITV de Vitoria y Bergara, y entregarla a su legítimo ganador hace casi 20 años, ITA Asua. De hecho, cada día que transcurre el Gobierno Vasco se arriesga a tener que pagar 4.000 euros diarios por el retraso que lleva en ejecutar la sentencia. Una hipotética reclamación por lucro cesante podría acarrear el pago de hasta un millón de euros.