La comisión de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de las Juntas de Bizkaia ha aprobado en comisión el proyecto de norma foral de la Diputación para la futura implantación de un canon de uso a vehículos pesados de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas en cinco tramos de carreteras del Territorio Histórico de Bizkaiak, que se espera que entre en vigor en 2023. El texto normativo ha salido adelante con los votos a favor de Nacionalistas Vascos y Socialistas Vascos, mientras que EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia se han abstenido y el grupo Mixto-PP Bizkaia ha votado en contra, según han informado las Juntas.
El dictamen que llegará a un próximo pleno incluye 15 artículos y 3 disposiciones finales, y con él se pretende encajar jurídicamente un sistema de arcos de control 'free-flow' -sin barreras físicas- en la red viaria de alta capacidad de Bizkaia. Los tramos incluidos son la A-8 y la BI-10, desde Basurto hasta el Haya; la N-240 por Barazar, desde El Gallo hasta la variante de Ubidea; la N-636 desde Durango a Gipuzkoa (Kanpazar); el corredor del Txorierri (la BI-30 o antigua N-637), entre Erletxes y Rontegi; y la BI-625, desde Laudio hasta Basauri. La totalidad de estos tramos suman 101,7 kilómetros. La intención de la Diputación es disuadir a los camiones del uso de estas carreteras secundarias y que utilicen las autopistas. El uso de peajes se está extendiendo a toda Euskadi. Gipuzkoa lo impondrá a finales de este año y Álava iniciará en breve un estudio para ponerlo en marca en 2026.
El grupo Mixto-PP Bizkaia, única formación que ha presentado enmiendas al proyecto, ha denunciado que la política de carreteras de la Diputación es un “auténtico desastre”. A su juicio, el último hito “negativo” es la implantación de este canon “injustificado e injustificable”, según ha advertido su portavoz Eduardo Andrade, quien se ha quejado de que la Diputación vaya a gastarse 60 millones de euros en la actual coyuntura económica, mientras que el sector del transporte está sufriendo el incremento de los costes operativos. Las 12 enmiendas presentadas por este grupo, una de ellas a la totalidad, han sido rechazadas por el resto de grupos, excepto Elkarrekin Bizkaia que se ha abstenido, informa Europa Press.
Por su parte, Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu han pedido que el texto definitivo tenga en cuenta la opinión del sector. Así, Eva Cabornero, del grupo morado, ha puesto en valor el diálogo y los esfuerzos que se están haciendo desde el departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial para alcanzar un acuerdo. Por su parte, Raúl Méndez, de EH Bildu, ha explicado que la norma tiene “margen de mejora” y ha pedido que la implantación se realice “poco a poco” y que las tarifas sean “acordes” a la situación económica, al tiempo que se busque una consenso que beneficie “a todas las partes implicadas”. En paralelo, ha pedido que se estudien bonificaciones y que se ponga en marcha un Plan Renove con el Gobierno vasco para el sector del transporte de mercancías. Desde las filas de los grupos junteros que apoyan al Gobierno foral han destacado que este proyecto de norma cubre una necesidad como es la de “alinearse” a lo que marca una directiva europea, que obliga a que las vías de alta capacidad sean mantenidas en mayor parte por quienes las utilizan, “aportando más recursos para su conservación y mantenimiento”, ha explicado la jeltzale Naia Landa Bilbao.
Acuerdo con Gipuzkoa para Deskarga
Por otro lado, la comisión ha aprobado una enmienda transaccional presentada por Nacionalistas Vascos, Socialistas Vascos, EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, en la que se ha abstenido el grupo Mixto-PP Bizkaia, que insta a la Diputación de Bizkaia a que estudie, junto con el Gobierno de Gipuzkoa, “en un plazo máximo de seis meses”, la posibilidad de ampliar el ámbito del límite de gasto interterritorial, de tal manera que Gipuzkoa incorpore el uso de la Variante Sur Metropolitana y los Túneles de Artxanda. Por su parte, Bizkaia añadiría la A-636, la conocida como la autovía de Deskarga. Como han explicado los grupos junteros, la causa de esta iniciativa es la comparecencia el pasado 6 de mayo de dos residentes de Bizkaia en la Comisión de Peticiones y Relaciones con la Ciudadanía de las Juntas Generales de Bizkaia. Ambos ciudadanos pusieron el foco en la situación de discriminación que viven muchos vizcaínos que trabajan en el Goierri guipuzcoano y que sufren el aumento de gasto derivado por la puesta en marcha desde enero del peaje de la A-636 entre Beasain y Bergara. Ambos solicitaron que se recogiera en la normativa de Bizkaia una subvención para cubrir parte de los gastos generados por el incremento de coste de sus traslados diarios, que sólo en peajes “casi se ha duplicado”, pasando de 85 euros mensuales a 171, como han recordado varios junteros.
Asimismo, los responsables de Azpiegiturak e Interbiak han acudido a la comisión, a petición de EH Bildu, para hacer un balance de la actividad de estas empresas adscritas al departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. Itziar Garamendi y Mikel Iriondo han acompañado a Imanol Pradales, quien ha hecho un recorrido por los proyectos en los que ambas entidades están inmersos. Comenzando por los 'Elkartegis', y contestando a las preguntas de la coalición abertzale, Pradales ha señalado que, a fecha de hoy, los módulos industriales de estas infraestructuras desarrolladas por Azpiegiturak tienen una ocupación del “67%”, un porcentaje que ha considerado “muy positivo y apropiado”.
En total son 18 infraestructuras empresariales en las que se incluyen 275 módulos de oficinas y 151 pabellones industriales. Desde 2018, se han asentado 36 empresas más en estos espacios y en los últimos tres años se han invertido 1,3 millones de euros en mejoras. El diputado espera que en verano de 2023 se inicien las obras del Elkartegi de Zalla.
Respecto a los equipamientos sociales, Azpiegiturak espera tener concluido para su apertura el 1 de julio el centro EtxeTIC de Etxebarri. El siguiente centro en abrir sus puertas será Zalla, cuyas obras comenzarán en octubre y finalizarán “en mayo de 2023”, ha confirmado Pradales. Tras Etxaniz (Bilbao) -abierto ya con 141 personas que están siendo atendidas-, y Etxebarri y Zalla, Basauri será el municipio que acoja este nuevo modelo de centro asistencial que combina servicios presenciales y telemáticos.
Preguntado por las obras del Centro Internacional de Emprendimiento, Pradales ha anunciado que “prácticamente” se han acabado las obras de la primera fase de este proyecto que incluye de momento una encomienda del departamento de Promoción Económica para acondicionar las plantas 6, 7, 8 y 9 de la Torre Bizkaia.
Pradales se ha referido también al funcionamiento del Meaztegi Golf y al parque foral de vivienda. El diputado se ha mostrado muy satisfecho de la evolución de los principales parámetros del campo de golf público desde 2019. Según ha detallado, han crecido los abonados un 28,2% hasta situarlos en 850 deportistas. En cuanto al parque residencial, Azpiegiturak ha promovido 1.450 viviendas. Actualmente, 174 son de propiedad foral, de las que 23 están sin arrendar.
En cuanto a la extensión de la banda ancha por el territorio, y con datos hasta el 15 de abril, Azpiegiturak ha finalizado su implantación en el 25% de las zonas previstas. Se ha instalado banda ancha en 201 zonas y 1.224 portales. Otro 56% está en fase de obra, un 16% en fase de recibir los permisos oficiales, y un 3,4% en fase de diseño.
Por su parte, Interbiak, que juega “un papel relevante”, a juicio de Pradales, en el cierre del anillo metropolitano de Bilbao, la innovación tecnológica de las infraestructuras y el impulso de la bicicleta y de las vías ciclables, entre otros asuntos, no sufrirá “ningún cambio” en los planes de financiación, ya que cuenta con una situación “solvente y saneada”. Entre las grandes novedades de esta sociedad foral, está la incorporación del tramo vizcaíno de la AP-68 al sistema del límite de gasto mensual que desde que se implantó ha permitido devolver a los conductores del territorio 39,2 millones de euros.