La prueba del algodón de la lucha contra la corrupción: los denunciantes están desprotegidos y sufren represalias

A las dos semanas de empezar a trabajar en Osakidetza, Manoel ya sabía cómo funcionaban las cosas. “¿No querrás estudiar para sacar tu plaza?”, le decían algunos compañeros. “Si no tienes padrino, no te bautizas”, le avisaban. Estaba todo bien conchabado. Se filtraban los exámenes de las OPEs y los adjudicatarios de las plazas estaban elegidos de antemano. Era una práctica extendida desde hace años en las especialidades médicas, no sólo en la suya de anestesistas. Manoel, un vigués que acababa de establecerse en Euskadi, se juntó con Roberto y Marta. Los tres decidieron hacer saltar la banca por los aires. Fueron a un notario y registraron los nombres de los agraciados. La profecía se cumplió y saltó el escándalo. Las irregularidades están siendo ya investigadas por un juzgado, hay varios imputados y esta misma semana ha dimitido el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón. 

A estos tres médicos no se lo pusieron fácil. No les perdonaron que hubieran denunciado públicamente los amaños. En la investigación inicial de Osakidetza, a Roberto le preguntaron qué motivaciones había tenido para denunciar lo que estaba ocurriendo. Querían saber quién más estaba detrás de ese movimiento. Más tarde, Osakidetza acusó a los denunciantes de cometer una “tentativa de actuación fraudulenta” porque habían intentado recabar pruebas del fraude en los exámenes. El Servicio Vasco de Salud lo llevó a la Fiscalía que, finalmente, no actuó contra los denunciantes y puso en marcha una investigación sobre el fondo del asunto.

“Le oí a uno con carné del PNV decir que nos tenían muy vigilados”, explica uno de los denunciantes. Además del acoso público por su denuncia, han sufrido “represalias” laborales. Están en la lista negra. Roberto suele decir que da por amortizada su carrera como médico en Osakidetza. Manoel ha pedido que se active el protocolo por situaciones de conflicto en el trabajo. Tomaron una decisión con todas las consecuencias y las consecuencias han llegado.

Si supiera lo que iba a ocurrir después, Ainhoa Alberdi quizás se lo hubiera pensado mejor. Un grupo de dirigentes del PNV le reclamó una mordida de 100.000 euros por un contrato público. Ella se negó. Los supuestos chantajeadores llegaron a recurrir a su padre, una persona vinculada al partido. Ella lo denunció a los superiores de los extorsionadores. Nada se movía y decidió grabar conversaciones y guardar mails. Finalmente, acudió a la Fiscalía. Así fue el origen del que se ha llamado el mayor caso de corrupción de Euskadi, el 'caso De Miguel', que está pendiente de la sentencia.

Según relató Ainhoa en el juicio, tras la denuncia de las corruptelas, le rescindieron los contratos que tenía vigentes en otras instituciones. Una “persona política” de Bizkaia le informó además de que nunca iba a conseguir un contrato de una sociedad pública de la Diputación vizcaína. “Me han dado un consejo: que durante muchos años mejor no hagamos el trabajo de presentación de concursos”, explicó en el juicio. El poder se vengó con ella por haber denunciado corrupción: “Existen venganzas desde el principio hasta casi el día de hoy”. Nadie en el establishment la apoyó, ni siquiera los empresarios mostraron un gesto de solidaridad con ella. Cayó bajo la losa de la ansiedad y la depresión.

Son dos ejemplos de las adversidades sufridas por las personas que han osado denunciar prácticas de corrupción. Pero no son los únicos. Hay muchos casos en España y casi todos responden a un mismo patrón. Los denunciantes encuentran algo raro -irregularidades, corrupción, etc- y se niegan a participar en ello o a mirar hacia otro lado. Lo denuncian y sufren represalias. Empiezan a ser víctimas de acoso en sus trabajos, se les avisa de que es mejor que lo dejen pasar, se les quitan funciones. Son aislados. El hecho de atreverse a destapar la basura que se esconde bajo las alfombras se convierte en un lastre para su carrera profesional y, en muchos casos, les provoca graves problemas de salud por depresiones y ansiedad. El precio es muy alto. “El castigo que supone denunciar un caso de corrupción te destroza la vida”, dicen algunos de los alertadores.

Es necesaria una legislación que proteja a los alertadores

Hay varias causas que juegan a favor de los corruptos e inhiben a los denunciantes. En España, el deber público no es una virtud como lo es en otros países. Dentro de las organizaciones -ya sean públicas o privadas- los alertadores de chanchullos son acusados de chivatos o traidores. No sólo sufren la presión de sus jefes, también el ostracismo de sus compañeros. Si reclamar derechos laborales o abandonar la empresa para aceptar otra oferta es ya un signo de ingratitud, alertar de tejemanejes ilegales es directamente una delación. Una falta de lealtad y compromiso con la organización. Y esto no tiene fácil solución porque cambios sociales tan profundos no llegan de un día para otro.

Pero hay medidas que se pueden adoptar. Y no se están adoptando.  

Existen algunas legislaciones autonómicas -mejorables y algunas incluso contraproducentes-, pero en líneas generales en España no existe una normativa específica que proteja a los denunciantes de la corrupción. En septiembre de 2016, Ciudadanos presentó en el Congreso una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. En ella han estado trabajando diputados de la formación naranja, PSOE y Podemos, pero dos años y medio después, la iniciativa ha decaído por la convocatoria de elecciones. Esta propuesta de ley fue obstaculizada por el PP. La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa tampoco aceleró los trámites: el Gobierno prefería esperar a lo que dictaminase Europa sobre esta materia. Salvo sorpresa vía decreto ley, este es el escenario ahora mismo.

Pero, en todo caso, la ley promovida por Ciudadanos estaba viciada desde sus inicios. Tal y como ha denunciado la plataforma Xnet -especializada en la protección de alertadores y que ha destapado casos como los correos de Blesa- la propuesta de Albert Rivera carecía de algunas medidas básicas para conseguir que fuera efectiva: sólo protegía a los funcionarios y no garantizaba el anonimato de las denuncias. Casi mejor será empezar de cero.

Aunque no exactamente de cero. Xnet ha elaborado una plantilla para legislaciones sobre este tema con los estándares más altos de Europa que ya ha servido para promover las iniciativas que se están tramitando en Euskadi y en Cataluña. Y su modelo de buzón de denuncias anónimo está siendo implantado por algunas instituciones. 

Uno de los rayos de esperanza para los alertadores puede que llegue de Europa. Esta misma semana se ha producido un acuerdo europeo para aumentar la protección de los alertadores y que “no sean penalizados, despedidos, degradados o demandados ante los tribunales por actuar correctamente en beneficio de la sociedad”. Las medidas que barajan las instituciones europeas son más avanzadas que el desaguisado de ley que se estaba tramitando en Madrid, pero está todavía por ver si el texto final es eficaz y responde a las aspiraciones iniciales del Parlamento europeo. La batalla -recuerda Simona Levi de Xnet- está ahora en garantizar que los alertadores puedan elegir su canal de denuncia sin obstáculos y que los intermediarios -medios de comunicación y ONGs- también sean protegidos. 

España ha mejorado ligeramente la puntuación que le otorga Transparencia Internacional en su ranking de corrupción, pero sigue en el mismo puesto dentro del grupo de los países más corruptos de la Unión Europea. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa reprendió el pasado año a España por no cumplir con las recomendaciones en la lucha contra la corrupción. España no está entre los diez países que han aprobado legislaciones globales para proteger a los denunciantes. España, en definitiva, podría hacer mucho más.

En España, como en otras muchas cuestiones, los partidos han preferido apostar por la represión -por el Código Penal- antes que por la prevención. En España, los partidos han derrocado gobiernos y han alimentado el circo mediático a cuenta de la corrupción. Han anunciado mano dura, pero por lo general han sido blandos con los suyos. Han promovido más castigos pero han saboteado investigaciones. Y lo que no han hecho es tomar medidas preventivas. A pesar de la sucesión de escándalos de corrupción, en España los alertadores siguen sin protección, sufren presiones y el sistema está montado para que no te atrevas a denunciar.  

A las dos semanas de empezar a trabajar en Osakidetza, Manoel ya sabía cómo funcionaban las cosas. “¿No querrás estudiar para sacar tu plaza?”, le decían algunos compañeros. “Si no tienes padrino, no te bautizas”, le avisaban. Estaba todo bien conchabado. Se filtraban los exámenes de las OPEs y los adjudicatarios de las plazas estaban elegidos de antemano. Era una práctica extendida desde hace años en las especialidades médicas, no sólo en la suya de anestesistas. Manoel, un vigués que acababa de establecerse en Euskadi, se juntó con Roberto y Marta. Los tres decidieron hacer saltar la banca por los aires. Fueron a un notario y registraron los nombres de los agraciados. La profecía se cumplió y saltó el escándalo. Las irregularidades están siendo ya investigadas por un juzgado, hay varios imputados y esta misma semana ha dimitido el consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón. 

A estos tres médicos no se lo pusieron fácil. No les perdonaron que hubieran denunciado públicamente los amaños. En la investigación inicial de Osakidetza, a Roberto le preguntaron qué motivaciones había tenido para denunciar lo que estaba ocurriendo. Querían saber quién más estaba detrás de ese movimiento. Más tarde, Osakidetza acusó a los denunciantes de cometer una “tentativa de actuación fraudulenta” porque habían intentado recabar pruebas del fraude en los exámenes. El Servicio Vasco de Salud lo llevó a la Fiscalía que, finalmente, no actuó contra los denunciantes y puso en marcha una investigación sobre el fondo del asunto.