Guía de artimañas para reabrir una central nuclear en España

La central nuclear de Garoña debía cerrar en julio de 2013 pero lo hizo a finales de 2012 porque no era rentable. La empresa Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa) tomó la decisión pocos días antes de que empezara el nuevo año que amenazaba con impuestos millonarios para el combustible nuclear “hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal”, según palabras de la propia empresa.

Garoña cerró un año después de cumplir sus 40 años de vida útil. Los riesgos derivados de su antigüedad, su papel residual en la generación de energía en España y el vencimiento de la vida útil recomendaban echar la persiana.

Zapatero pudo haber aprobado el desmantelamiento definitivo de Garoña en 2011, pero lo evitó y autorizó una prórroga de dos años. Los suficientes para no molestar a las eléctricas y permitir que el PP –que llegó a la Moncloa en 2011– comenzara la larga marcha hasta el despropósito que hemos vivido esta semana.

Para febrero de 2014, con la central parada, el Gobierno de Rajoy ya había armado una normativa a la carta que permitiera a las eléctricas reclamar legalmente la reapertura de Garoña. Lo llamaron Real Decreto para la Gestión Responsable y Segura del Combustible Nuclear Gastado, por no llamarlo Real Decreto de las Eléctricas Mandan Más que Rajoy y Zapatero Juntos.

Los obstáculos políticos se habían salvado e Iberdrola y Endesa no tardaron en responder a la mano tendida del Gobierno: apenas tres meses después anunciaron la solicitud de reapertura hasta el año 2031, 20 años más de los previstos para la central.

La siguiente barricada que había que retirar de la calle era el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el organismo regulador encargado de emitir un informe sobre la reapertura. Si el informe era negativo, el Gobierno no podría autorizar la puesta en marcha de Garoña; en caso de que el informe fuera favorable, el Ministerio de Energía tendría la última palabra.

En octubre de 2015 el PP dio un golpe de estado encubierto en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear que tenía que decidir sobre Garoña. A pesar del rechazo político de la oposición y tirando de nuevo de un decreto, el Gobierno de Rajoy sustituyó a un consejero de CIU por uno del PP que pasaba a controlar tres de los cinco consejeros del pleno del CSN. El camino quedaba despejado.

Mientras tanto, la tensión crecía dentro del Consejo de Seguridad Nuclear. Un grupo de técnicos del CSN asociados en ASTECSN denunciaba “presiones inadmisibles” por parte de sus superiores. “Cuando el rigor en el trabajo lleva a conclusiones que son contrarias a las solicitudes de los titulares (las compañías eléctricas), surgen esas presiones inadmisibles”, afirmaban en un comunicado. Por si acaso, el CSN ponía el candado sobre los informes que se estaban realizando. El silencio y el temor estaban instalados entre los trabajadores del CSN.

Y, pese a todas las presiones, un técnico dejó constancia en una carta de abril de 2015 que para que el CSN emitiera su informe sobre la solicitud de Nuclenor, la empresa tenía que realizar, como requisito previo, una serie de mejoras de seguridad en la central. Sin esas mejoras, no habría informe.

Pero Nuclenor no realizó las mejoras de seguridad y el CSN ha aprobado el informe favorable, algo que nunca debió suceder. En el dictamen técnico analizado por el pleno del CSN se certifican esos incumplimientos pero, a renglón seguido, aparece una frase que dice que esas faltas “quedan fuera del alcance de la presente propuesta de dictamen”. Fin del problema.

Algunos técnicos del CSN alertaron del escándalo pero no fueron escuchados.

Ya solo quedaba votar y esta semana el PP se ha impuesto con la ayuda de una consejera del PSOE alineada con los consejeros populares (y el silencio cómplice de la Gestora del PSOE). El único voto crítico ha sido el de la exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, la otra consejera socialista, a quien el presidente del consejo, Fernando Martí, había acusado con anterioridad de “menoscabar la credibilidad del CSN” por no ceder a las presiones y votar con el resto.

Ahora la decisión está en manos del Ministerio de Energía. Varios medios de comunicación han publicado que Iberdrola y Endesa no tienen intención de abrir Garoña porque las mejoras de seguridad en la ajada central son muy caras. ¿Por qué entonces han pedido la reapertura? Es difícil saberlo: puede que estén jugando la carta de una compensación económica por no reactivar la central o puede que esta victoria sea una pieza más del juego de intereses de las eléctricas y el PP para ampliar –sin un debate público y transparente– la vida de todo el parque nuclear español. O puede que reabran Garoña.

La teoría oficial sostiene que el proceso vivido en los últimos años con Garoña ha sido técnico y administrativo, pero los acontecimientos prueban que se ha tratado de una maniobra política y económica opaca, sin transparencia, repleta de artimañas y juego sucio.

La central nuclear de Garoña debía cerrar en julio de 2013 pero lo hizo a finales de 2012 porque no era rentable. La empresa Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa) tomó la decisión pocos días antes de que empezara el nuevo año que amenazaba con impuestos millonarios para el combustible nuclear “hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de disolución y en situación concursal”, según palabras de la propia empresa.

Garoña cerró un año después de cumplir sus 40 años de vida útil. Los riesgos derivados de su antigüedad, su papel residual en la generación de energía en España y el vencimiento de la vida útil recomendaban echar la persiana.