Hogares clandestinos a pie de calle en Bilbao

En el exterior, el viejo rótulo de lo que fue la panadería de la avenida principal de un barrio bilbaíno. En el interior, a través del vinilo translúcido que cubre la vitrina del escaparate, se reflejan, como sombras chinas, las siluetas de los transeúntes. También las luces azules de los coches de policía que circulan por la carretera. “Para mí es un vehículo más, pero ando con cuidado para no dar indicios de que vivo aquí”, explica Miguel (nombre ficticio), que enmudece cuando, más tarde, una luz azul se detiene al otro lado de la cristalera. De pie y con el ojo puesto frente los escasos milímetros de entre dos bandas de vinilo revela el motivo de su parada. “Nada, están pendientes de un coche que ha aparcado en doble fila”, se relaja. No sería la primera vez que la policía llama a su puerta para preguntarle qué hace en la lonja a esas horas de la noche, además de recordarle que no puede pernoctar en lo que para él es su casa y, para ellos, un local comercial sin cédula de habitabilidad. 

El caso de Miguel no es casual. Ni anecdótico. Según el estudio 'Jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021', dos tercios de los jóvenes españoles no logra acceder a la vivienda por motivos económicos. Una verdad que algunos residentes en la capital vizcaína remedian habitando locales comerciales, con precios más asequibles y menores requisitos de acceso. Pero la realidad es que, pese a que, al igual que el resto de inquilinos pagan cada mes el alquiler, la factura de la luz y la del agua, no solamente no pueden empadronarse (lo que dificulta el acceso a ayudas) sino que, además, se exponen a sanciones e, incluso, al desalojo. Es lo que tiene vivir ilegalmente sin cédula de habitabilidad, el certificado que acredita que los inmuebles cumplen las condiciones de higiene y salubridad exigidas por normativa. 

La Ordenanza Urbanística de Bilbao, que determina el uso de los edificios, permite la reconversión de locales comerciales en viviendas. Señala los aptos, ubicados en su mayoría en los barrios más populares. Corresponde al propietario iniciar los trámites y encargarse de cumplir con los requisitos -no pocos- que establece el reglamento. Una vez adquirida la cédula, el inquilino ha de ser él mismo o un familiar cercano. Es Etxebide, si no, quien gestiona su ocupación, brindando arrendamiento a una persona dada de alta al Servicio Vasco de Vivienda que lleve, al menos, dos años empadronada en la capital. 

Una alternativa a la imposibilidad de alquilar un piso

Mientras el precio de la vivienda va al alza, el del alquiler de locales comerciales ha caído un 25% este 2021 en Bilbao. Año que se cierra con una tasa de paro juvenil de casi el 18% en Bizkaia, siete puntos más que la población general. Un marco que, junto a la inestabilidad laboral, dificulta que los jóvenes cumplan con los requisitos necesarios para arrendar un piso. Arkaitz López, agente inmobiliario de Bilbocasa, los enumera: “Fianza, nómina y contrato con ingresos mínimos demostrables; si es autónomo, declaración de la renta”. Aunque pocas, se topa en ocasiones con personas que le demandan de un local en el que vivir. “Si lo alquilas y vives ahí y el propietario no se entera, el problema es tuyo. Estás haciendo a escondidas algo que es ilegal”, advierte. Detalla el perfil de quienes preguntan: “Son gente joven. Hay de todo: personas solas, parejas, dos amigos… Suelen buscar que tenga ducha, pero pocos locales la tienen”.

Infravivienda

Y, sin ducha, precisamente, vive Fran. Bilbaíno. 30 años. Tras un divorcio y seis meses de sofá en sofá, al cobijo de salones de amigos y conocidos, habita ahora en 30 metros cuadrados por los que paga 200 euros al mes. “Pago menos que para una habitación compartida y aquí tengo intimidad”, señala. Una intimidad que disfruta a duras penas. No tiene cocina y debe estar atento a que el cubo que recoge el agua del lavabo del baño no rebose. Antes de eso, lo vacía en el retrete. Para asearse recurre al barreño o a las duchas públicas de Zabala. 

Un cuadro de Nueva York cuelga sobre la pared rosa del fondo de la estancia: un espacio diáfano con un sofá que le sirve a la vez de cama. Saber si es de día o de noche le implica tener que abrir la puerta de entrada, además de levantar la pesada verja de metal; pues el suelo de la planta de arriba, que le hace de armario, obstruye la poca luz que traspasa las celosías que dan a la calle. Una escalera de madera le da acceso. Desde ahí y a gatas -entre el suelo y el techo hay poco más de un metro-, alcanza las bolsas que guardan su ropa. 

Adquirió la lonja gracias al boca a boca. No se planteó alquilar un piso: le hubieran pedido nómina. “Ahora mismo no tengo ningún tipo de ingreso. Saco los duros haciendo ñapas, chapucilas”, explica. No ha tenido problemas con la policía, pero, de ser así, les exigiría que le brinden una casa, además de admitir su situación: “Reconocería que estoy viviendo aquí. Soy consciente que es ilegal, pero, ¿qué voy a hacer? Si me desalojaran me buscaría otra lonja”. Otra lonja, una opción que advierte viable: “Hay mogollón cerradas”. Un vecino del mismo bloque, Álex Gutiérrez-Solana, de 47 años, relata que Fran es el tercer inquilino que vive en el local. Ni le molesta ni ha oído quejas en la comunidad. Lo tiene claro: “Están mejor ahí que en la puta calle”, sentencia con firmeza.

No obstante, suelen ser los propios vecinos quienes delatan la práctica clandestina de aquellos que habitan en locales comerciales. También la policía. En cualquier caso, los avisos derivan al Ayuntamiento y quedan a cargo del Grupo de Obras que, mediante inspecciones, examina si se le está dando un uso indebido. Acuden en busca de elementos que atestigüen la condición de vivienda, como una cama o una ducha. Una de las inspectoras cuenta que la mayoría admite sin reparo darle uso residencial. “Otros intentan camuflarlo diciendo: ‘Aquí venimos con los amigos como local de reunión’. Pero luego se quedan a dormir. Te dicen que algún día sí se quedan. Es un poco complicado, no es un tema sencillo”, declara. 

Si la inspectora advierte indicios de uso habitacional, traslada el informe al Negociado Jurídico del Ayuntamiento de Bilbao, que abre un expediente. La persona al cargo explica el procedimiento a seguir: de acuerdo al Plan Urbanístico se estudia si la reconversión a vivienda es posible y, de ser así, se pregunta al propietario si desea llevarla a cabo. De no querer, se solicita al inquilino el cese de la actividad y si se niega, se expone a una multa e, incluso, al desalojo. “Tratamos de hacer lo menos lesivo, nosotros actuamos bajo el concepto de la legalidad”, justifican desde El Negociado. El Cuerpo de la Policía Local que vigila las calles del barrio de San Francisco reconoce que los desalojos de lonjas son muy esporádicos, aunque, puesto que no siempre precisan de su presencia, podría haber algunos más. “Nosotros no acudimos a no ser que desde el juzgado se solicite lo que se conoce como ‘auxilio judicial’”, relata uno de los municipales. 

Tratamos de hacer lo menos lesivo. Nosotros actuamos bajo el concepto de la legalidad

Con un expediente abierto por el Ayuntamiento se encuentra Miguel (nombre ficticio). Bilbaíno. 28 años. Si le hubieran dicho tiempo atrás que acabaría en estas condiciones, no se lo hubiera creído. Independizado desde los diecinueve, ha sido un testigo más del incremento de precios del alquiler. Pagó 450 euros por un piso de dos habitaciones en Irala; y 550 euros hasta 2019 en Rekalde por 60 metros (9,13 euros por metro cuadrado). Por lo mismo, debería pagar hoy 819 euros si tenemos en cuenta que el precio medio está en los 13,65 euros por metro cuadrado, según datos de Idealista. “Sobre 2019 pagar un alquiler ya me era imposible”, detalla. Un año antes había inaugurado con ilusión, junto a un amigo, un pequeño negocio de botánica. Dos años más tarde: cerrado. Se le truncó la vida y no le quedó más remedio que ocupar. Una ocupación que se saldó con un desalojo por parte de Fuera Okupas con el que se vio definitivamente en la calle. Y, aunque  alquilar un piso no era una opción, seguro que de haberlo hecho no hubiera conseguido los 200 metros cuadrados en los que habita actualmente por 400 euros al mes. Con esfuerzo construyó una cocina, un salón y una habitación de un espacio vacío colmado de los vestigios de lo que había sido una panadería: grasa en las paredes y harina por los suelos. 

Fingir. Aquí no se pernocta

El joven bilbaíno se someterá la próxima semana, por tercera vez, a una inspección que compruebe que da al local uso de taller artístico -como indica su contrato- y no de vivienda. Comenzó su estancia tres meses antes del inicio del confinamiento, que le delató. Mientras la mayoría de los comercios permanecían cerrados y las personas obligadas a aguardar en sus casas, el vecino de arriba alertó al cuerpo municipal que, bajo sus pies, Miguel vivía en la clandestinidad. “Fue el caldo de cultivo perfecto. En la cotidianidad del día a día no se nos ve tanto”, constata el joven. De hecho, fue cuando el Ayuntamiento recibió más avisos. “Durante la pandemia hubo muchos casos. Ahora, más o menos, como siempre. Siempre hay y habrá muchísimos de los que tan siquiera nos enteramos”, explican desde el Grupo de Obras del Ayuntamiento de Bilbao. 

“La policía durante el confinamiento vio que yo estaba viviendo aquí y se aceptó por parte del Ayuntamiento, de la casera y de la propia policía. Se vio que era la mejor forma para proteger a mi familia”, explica el joven. Su única alternativa era volver a casa de sus padres: tienen casi 70 años y, su padre, con problemas de corazón, formaba parte del grupo de alto riesgo. 

“Cuando terminó el confinamiento vino la policía municipal a cerrar el expediente”, recuerda. Pero una nueva queja vecinal derivó en otra inspección: “Tuve que sacarme la licencia de actividad de taller de artistas y detallar cuántos metros hay destinados a cada cosa. Después vienen a sacar unas fotos para comprobarlo”. Miguel relata su proceder a la llegada de la inspectora para que no percate que vive ahí: “Levanto la cama y la tapo con una manta, contra la pared. En cuanto a la ropa y la lavadora, digo que es de trabajo. En los trabajos hay lavadora y se lavan los buzos, no significa que vivas en el trabajo”. Pero no solo hay que fingir los días de inspección. El joven “malvive” el día a día a escondidas. “No es calidad de vida. Esto es un escaparate. Fuera hay una carretera, hay coches, hay gente, se ven las sombras… Si hablo alto se me oye. Pierdes la intimidad. Al abrir la puerta de tu casa te ve toda la calle”. Pero su mayor preocupación son las implicaciones a las que se expone por su condición: “Estás con una mano delante y otra detrás, no te ampara nada. Soy un inquilino de tercera categoría”, concluye.

Después de dos años viviendo en el local, su situación ha mejorado. “Ahora tengo nómina y podría alquilar un piso, pero me topo con otro problema: las mascotas. Tengo dos perros grandes”, lamenta el joven. “La mayoría no quieren, nunca han querido”, explica Arkaitz López, agente inmobiliario, en referencia a los propietarios y su disposición a aceptar a un inquilino con animales. 

No es calidad de vida, esto es un escaparate

Ainitze San Juanes. Bilbaína. 23 años. Convive con: Óscar Ubierna. Malagueño. 28 años.  La pareja vive junto a su perra tras la fachada granate con un garabato a tiza: 5º bajo. Aunque parece la de un bajo cualquiera, el contrato es de lonja. Creen que el casero trata de sortear así la cuantiosa multa de hasta 90.000 euros por un delito de infracción muy grave tipificado en La Ley de Derecho a la Vivienda por alquilar como vivienda un local comercial sin cédula de habitabilidad. “La alquila de forma ilegal para sacarle más beneficio”, sospecha el malagueño. El propietario la equipó para que se pudiera vivir en ella: lavadora, baño con ducha, cocina eléctrica, salón y dos habitaciones. Muy comprimido. Demasiadas cosas en 42 metros cuadrados: dos plantas de 3 metros de ancho por 7 de largo.

El joven recuerda: “En el momento en el que entramos a vivir aquí yo estaba buscando piso y trabajo, no sé qué hubiera hecho de no ser por esto. Vinimos aquí porque era la única opción”. “Tú no tenías trabajo y yo cobraba 700 euros”, añade Ainitze. Para ella, pese a la pequeñez del lugar, fue una liberación. El divorcio de sus padres la llevó a mudarse con su madre a la casa su abuela, donde vivía con cinco personas más. 

Cuatro personas. Dos perras. 42 metros cuadrados

Ainitze y Óscar pagan 430 euros por el local, pero fueron 200 cuando entraron a vivir y lo compartían con otra pareja con una perra. En un espacio tan pequeño “había que tomar turnos”, comenta el joven. A la hora de cenar, el primero que comenzaba a cocinar era el primero que comía. En la estancia, que parece más bien un pasillo, hay que hacer peripecias para que pasen dos personas al cruzarse. 

Aunque para Ainitze la claustrofobia es la peor parte, reniega de abrir las ventanas. “Cualquier persona puede meter la mano ahí”, se ríe. Para Óscar, es la falta de derechos. “Para vivir da. Pero para ser una vivienda digna habría que dar un giro de vuelta. Poder empadronarte, por ejemplo, o poder pedir ayudas”. Señala igualmente  que “intentarlo sería más negativo que positivo”, puesto que con ello “daría señales” de estar viviendo clandestinamente. Por si fuera poco, “los impuestos son distintos para una casa que para una lonja de uso comercial”. “Hay impuestos que me salen más caros”, lamenta.

La pareja mira al futuro con ilusión. Son sus últimos días en el local comercial que se disfraza de bajo. Durante el año que llevan en lo que han para ellos ya es casi su hogar, el malagueño encontró trabajo estable como encargado de una cadena de comida rápida, lo que les ha permitido ahorrar. El mes que viene se marchan al sur de Portugal, donde esperan establecerse y prosperar. “Ese es el objetivo, vivir mejor”, se entusiasma Óscar.

Es el turno de otros. 42 metros cuadrados: dos plantas de 3 metros de ancho por 7 de largo. Sin padrón. Sin cédula de habitabilidad. 42 metros cuadrados que exponen a sus inquilinos a una multa e, incluso, al desalojo.

Viviendas protegidas

En 2018 Bizkaia puso en marcha el proyecto de crear 45 nuevas viviendas en locales de edificios del Gobierno vasco. Veía así el consejero de vivienda, Iñaki Arriola, una forma de contribuir a la oferta pública de alquiler y ayudar a la revitalización del espacio urbano. “Todos conocemos -decía- barrios nuevos y viejos de nuestros pueblos con edificios llenos de lonjas tapiadas que sabemos que nunca van a convertirse en comercios o negocios. Son espacios que, en muchos casos, son susceptibles de transformarse en viviendas, especialmente para personas jóvenes”. Daba así la aprobación y el pistoletazo de salida a una tendencia que va al alza también para particulares. De hecho, grupos empresariales como Vusa Eraikuntza Taldea, del sector de la construcción, ya ofrece en su página web servicio de asesoramiento, plan de obra y ejecución para la recalificación y reconversión de locales comerciales en viviendas.

En el exterior, el viejo rótulo de lo que fue la panadería de la avenida principal de un barrio bilbaíno. En el interior, a través del vinilo translúcido que cubre la vitrina del escaparate, se reflejan, como sombras chinas, las siluetas de los transeúntes. También las luces azules de los coches de policía que circulan por la carretera. “Para mí es un vehículo más, pero ando con cuidado para no dar indicios de que vivo aquí”, explica Miguel (nombre ficticio), que enmudece cuando, más tarde, una luz azul se detiene al otro lado de la cristalera. De pie y con el ojo puesto frente los escasos milímetros de entre dos bandas de vinilo revela el motivo de su parada. “Nada, están pendientes de un coche que ha aparcado en doble fila”, se relaja. No sería la primera vez que la policía llama a su puerta para preguntarle qué hace en la lonja a esas horas de la noche, además de recordarle que no puede pernoctar en lo que para él es su casa y, para ellos, un local comercial sin cédula de habitabilidad. 

El caso de Miguel no es casual. Ni anecdótico. Según el estudio 'Jóvenes y el mercado de la vivienda en 2021', dos tercios de los jóvenes españoles no logra acceder a la vivienda por motivos económicos. Una verdad que algunos residentes en la capital vizcaína remedian habitando locales comerciales, con precios más asequibles y menores requisitos de acceso. Pero la realidad es que, pese a que, al igual que el resto de inquilinos pagan cada mes el alquiler, la factura de la luz y la del agua, no solamente no pueden empadronarse (lo que dificulta el acceso a ayudas) sino que, además, se exponen a sanciones e, incluso, al desalojo. Es lo que tiene vivir ilegalmente sin cédula de habitabilidad, el certificado que acredita que los inmuebles cumplen las condiciones de higiene y salubridad exigidas por normativa.