Epsilon, pagamos a escote

Cuando Ana Agirre defendió la apuesta –y tan apuesta- del PNV y afirmó en el Parlamento vasco que la insultante ayuda del Gobierno de Ibarretxe a Epsilon, cuando los inversores privados de la escudería pusieron tan poco dinero del suyo, fue porque era un “proyecto único” no se refería a esto. Supongo, también, que ahora no piensa rectificar a pesar de que la Justicia ha condenado a los gestores del proyecto. Sí es cierta una cosa. Es un caso único. Un caso único de dinero público apostado en la ruleta, con informes técnicos en contra, y que se ha ido a la misma o mayor velocidad que los bólidos de Epsilon. Ana Agirre fue la consejera de Industria en la época de Ibarretxe cuando se ‘apostó’ por hacer coches de carreras. Hoy es viceconsejera de Justicia.

La condena a Joan Villadelprat va más allá de una sentencia que castiga la mala gestión de un mecánico de Fórmula 1 convertido en empresario frustrado. Está claro que el mundo de la F-1 ya no podrá ver al expropietario de Epsilon Euskadi como un simpático comentarista de lo que pasa en el ‘Gran Circo’ pero que fracasó en los negocios. Su reputación ya no puede estar a prueba de condenas judiciales. Se ha probado que es culpable de llevar a la quiebra fraudulenta a una empresa, y sobre todo con un dinero que no era suyo sino público.

Pero el ‘caso Epsilon’ tiene más implicaciones. En la Audiencia de Álava solo se juzgaba a Villadelprat, y no a quienes le respaldaron desde las instancias políticas. Pero la sentencia refrenda que el PNV no tiene nada de partido inmaculado en la gestión. Que comete graves errores, a la altura de los más chapuceros casos que tanto abundan hoy en la política española.

Epsilon fue un “proyecto nacional” para el Gobierno de Ibarretxe. Quiso hacer de la empresa automovilística el ‘Euskaltel de la Fórmula 1’. Tiró la casa por la ventana, sin reparar en gastos. Aprovechó la debilidad de Zapatero, también responsable, para sacar del Gobierno de Madrid ayudas millonarias. Miró a otro lado ante los informes jurídicos desfavorables y acabó metiendo al Parque Tecnológico de Álava en el embrollo más grande de su historia, al hacerle responsable de una posible quiebra, lo cual ocurrió, y significó un agujero de 16 millones de euros públicos. De euros que eran suyos y míos.

Ana Aguirre defendió con ardor ante el Parlamento su gestión con Epsilon. Pero la prueba del 7 ha llegado desde instancias judiciales. La Administración despilfarró el dinero público en un proyecto en el que el ‘empresario’ Villadelprat había aportado 92.333 euros. Es decir, los políticos arriesgaron mucho más de lo que estaba dispuesto el propio impulsor del proyecto.

Hay que defender que se den ayudas públicas. Pero a proyectos viables, con los pies en el suelo. No a empresarios que juegan con dinero ajeno ni malgastar recursos dejándose cegar por sueños irrealizables. Ya van demasiados casos en los últimos años (el BEC de Barakaldo, las ayudas desviadas a Fagor Electrodomésticos, este caso de Epsilon…) como para forzarles a que sean más serios a todos los administradores públicos, y en especial al partido que patrocinó todos esos agujeros. Hay otra forma de gestionar y de fomentar la actividad económica. Una en la que al final la ciudadanía no paga a escote los errores.