40 años de visibilización de las víctimas

España ha sido, junto con el Reino Unido e Italia, uno de los países europeos que más ha sufrido la violencia terrorista. Desde 1960 hasta la actualidad, ha habido más de 1.400 víctimas mortales además de casi 5.000 heridos y un enorme número de personas amenazadas, extorsionadas y secuestradas. Estas cifras solo dejan entrever el drama que la lacra del terrorismo ha causado a la sociedad española desde hace sesenta años. Ante esta situación, las autoridades públicas y la propia ciudadanía han actuado de manera muy diferente con las víctimas: mientras que el terrorismo yihadista sí provocó una pronta reacción en protesta y en defensa de sus damnificados, como se demostró tras el 11-M, la respuesta al terrorismo de ETA fue tibia y mucho más tardía a nivel social e institucional. Debido a esta falta de respaldo, las víctimas estuvieron desamparadas. Durante años tuvieron que actuar sin soporte alguno. 

Esta soledad hizo indispensable que algunas de ellas se organizaran. Armándose de valor dieron la cara y decidieron constituirse en movimiento social para hacerse visibles y reclamar unos derechos más esenciales. Por eso es tan importante recordar que un 9 de diciembre de hace cuarenta años tres valientes mujeres, Ana María Vidal-Abarca, Isabel O’Shea y Sonsoles Álvarez, comparecieron ante Rafael Ruiz Gallardón, notario del Ilustre Colegio de Madrid, para firmar las escrituras de constitución de la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo, embrión de la que después sería la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). 

Se trataba del primer hito en el camino de la visibilización de las víctimas del terrorismo en España. La AVT fue durante muchos años la única entidad que agrupó a los damnificados y sus familiares, pues la llegada de otras asociaciones se hizo esperar. Las siguientes como la Fundación Profesor Manuel Broseta, la Asociación Andaluza de Víctimas del Terrorismo o COVITE, aparecieron bien entrados los años 90. España acabó convirtiéndose así en uno de los países que más organizaciones posee en este ámbito y donde la labor de las mismas sigue siendo más activa. En la actualidad hay 37 entidades repartidas por toda la geografía de nuestro país.

Las asociaciones y fundaciones de víctimas desempeñan muchas y variadas funciones. Las más importantes han sido la defensa y la promoción de los derechos de las víctimas, así como la prestación tanto de apoyo psicológico y emocional, como asesoramiento jurídico y ayuda financiera. Pero también promover la presencia de las víctimas en la vida pública ha sido una función esencial para construir y mantener viva su memoria. Su participación en programas de testimonios en las escuelas, así como la organización de actos de homenaje y reconocimiento, han supuesto una clara y necesaria contribución a la deslegitimación de la violencia terrorista. 

Mientras que el terrorismo yihadista sí provocó una pronta reacción en protesta y en defensa de sus damnificados, como se demostró tras el 11-M, la respuesta al terrorismo de ETA fue tibia y mucho más tardía a nivel social

El movimiento asociativo ha sido, sin duda, el vehículo de expresión de un gran número de víctimas, aunque cabe destacar que no es la voz de todas y cada una de las víctimas. Por un lado, porque no todas están asociadas y, por otro lado, porque hay muchas y diversas entidades, y a menudo sus mensajes no coinciden. Las víctimas del terrorismo, como la sociedad en su conjunto, están caracterizadas por su pluralidad: pese a lo que a veces parece reflejar la prensa, su manera de pensar y actuar de ningún modo es homogénea. Cuando algunas asociaciones han querido actuar como agentes con una orientación partidista, han provocado enfrentamientos entre víctimas. Los intentos de politización de algunos de estos organismos han hecho flaco favor a un colectivo en cuyo seno todavía se registran divergencias notables. 

A día de hoy, sancionados en gran parte sus derechos gracias a la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, y con la organización terrorista ETA desaparecida, quedan pendientes algunas cruciales reivindicaciones de las víctimas. Por un lado, justicia y verdad para los casos sin resolver. Por otro, que el relato de lo sucedido sea divulgado con rigor a la sociedad en general y a los jóvenes en particular, sin dar cabida al blanqueamiento de una historia de terror que les ha marcado de por vida.

Teniendo en cuenta todo este recorrido y la necesidad, de abordar la protección y la asistencia a las víctimas del terrorismo de una manera coordinada desde instancias europeas y también desde el sistema de Naciones Unidas, la voz y la experiencia de las asociaciones y fundaciones españolas se antoja más necesaria y oportuna que nunca. Nadie mejor que ellas para contribuir, desde su loable y experimentada trayectoria en defensa de las víctimas, a afrontar los retos que nos depara un fenómeno como el terrorismo que nos afecta a escala global y que, por desgracia, aún no ha terminado.

España ha sido, junto con el Reino Unido e Italia, uno de los países europeos que más ha sufrido la violencia terrorista. Desde 1960 hasta la actualidad, ha habido más de 1.400 víctimas mortales además de casi 5.000 heridos y un enorme número de personas amenazadas, extorsionadas y secuestradas. Estas cifras solo dejan entrever el drama que la lacra del terrorismo ha causado a la sociedad española desde hace sesenta años. Ante esta situación, las autoridades públicas y la propia ciudadanía han actuado de manera muy diferente con las víctimas: mientras que el terrorismo yihadista sí provocó una pronta reacción en protesta y en defensa de sus damnificados, como se demostró tras el 11-M, la respuesta al terrorismo de ETA fue tibia y mucho más tardía a nivel social e institucional. Debido a esta falta de respaldo, las víctimas estuvieron desamparadas. Durante años tuvieron que actuar sin soporte alguno. 

Esta soledad hizo indispensable que algunas de ellas se organizaran. Armándose de valor dieron la cara y decidieron constituirse en movimiento social para hacerse visibles y reclamar unos derechos más esenciales. Por eso es tan importante recordar que un 9 de diciembre de hace cuarenta años tres valientes mujeres, Ana María Vidal-Abarca, Isabel O’Shea y Sonsoles Álvarez, comparecieron ante Rafael Ruiz Gallardón, notario del Ilustre Colegio de Madrid, para firmar las escrituras de constitución de la Hermandad de Familiares de Víctimas del Terrorismo, embrión de la que después sería la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).