Criminalizando la defensa de los derechos

Pasados unos años ya desde la implantación del neoliberalismo y aunque empieza a dar serias muestras de agotamiento, urge revisar la relación entre este sistema y los derechos humanos. La característica fundamental en este campo se podría enunciar en una sencilla y clarificadora regla: en la misma proporción que ha crecido el poder del sistema financiero y de los mercados con su insultante acumulación de riqueza, se han reducido y recortado las libertades y derechos de los pueblos y personas. En esta relación ha crecido también la brecha de la desigualdad por la falta de redistribución de la riqueza, lo que va a incidir también de forma directa sobre el cumplimiento de determinados derechos como, por ejemplo, los que corresponden a una educación y salud universal y gratuita, a desplazarse libremente, o a una vida digna para todas las personas y no sólo para quienes pueden pagarse esos servicios tras los procesos de privatización.

De esta forma, y aunque vistos los acontecimientos políticos y económicos de los últimos años, es posible afirmar que se ha entrado en las fases finales de este injusto sistema, hoy los procesos de criminalización y persecución contra quienes defienden los derechos humanos y alternativas al modelo dominante aumentan y se multiplican en todo el mundo. Alguien podría pensar que es esta una afirmación exagerada y alarmista; hacemos por eso un breve recorrido por tres ámbitos que han visto en estos años redoblarse las actuaciones en contra de los derechos.

Derecho a la tierra y el territorio. Un paseo por América Latina nos muestra un continente donde la vida está estrechamente ligada a la tierra y a los territorios. En éstos los pueblos (indígenas, afros, comunidades campesinas) encuentran su razón de ser, su identidad. Sin embargo, hoy sufren la intromisión y ataques a los mismos a través de la imposición de megaproyectos extractivos que no hacen sino perjudicar sus condiciones de vida. Transnacionales y oligarquías locales, ligadas a la minería, hidroeléctricas, agroindustria o hidrocarburos, caracterizadas todas ellas por su agresividad en los métodos de extracción, invaden los territorios. La consecuencia directa es la destrucción de la biodiversidad, la privatización de recursos naturales y públicos, la contaminación de suelos y aguas, y un largo etc. En estos procesos los pueblos luchan por la defensa de los derechos más elementales como aquéllos que aluden a la vida digna en sus tierras, a no ser expulsados de las mismas y a la obligación de ser consultados ante todo gran proyecto que les pueda afectar. Y por ello son criminalizados.

Pero, estas mismas situaciones de agresión y criminalización de la protesta social se llevan adelante también en nuestro entorno más cercano. En nuestros países se producen igualmente expropiaciones y recalificaciones de tierras y degradaciones del medio ambiente, al servicio de intereses económicos, y a través de la imposición, de grandes infraestructuras o la extensión de monocultivos, también sin consulta a la población afectada. Y todos ellos gestionados por las grandes empresas beneficiarias de este modelo de desarrollo.

Derecho al asilo y refugio. A pesar de las pomposas declaraciones de muchas autoridades políticas, cercanas y lejanas, en este ámbito también se ha llegado a perseguir y criminalizar la defensa de los derechos de movimiento de cualquier ser humano. Se abren las fronteras para las mercancías y dineros, pero se levantan muros y vallas para las personas, si éstas son pobres. En 2016 más de 36 países devolvieron ilegalmente personas a países en los que su vida y derechos peligraban o, simplemente, no tenían condiciones de respeto y protección. El Mediterráneo se ha convertido en la mayor fosa común de la historia y sólo en ese mismo 2016 más de 5.000 personas murieron en ese mar en su intento de alcanzar una vida negada en sus países de origen. Mientras esto ocurre a las puertas de Europa, en su interior quienes defienden los derechos de estas personas, quienes por ejemplo llaman o practican la desobediencia civil como método pacífico de denuncia y acción son detenidos, multados o recluidos en centros de detención, al igual que las personas refugiadas que consiguen entrar en la fortaleza europea. Y los gobiernos miran para otro lado mientras miles de hombres y mujeres tratan de huir de la guerra o la miseria. Fenómenos estos sobre los que precisamente esas mismas autoridades tienen demasiadas e inconfesables responsabilidades.

Pero, a la par que esto sucede en torno al Mediterráneo, en Colombia, según informe del Centro Nacional de Memoria entre 1958 y 2012 una cifra que casi alcanza los 6 millones de personas sufrieron desplazamiento forzoso a causa de las acciones de los diferentes actores armados implicados en la guerra en ese país, fuerzas armadas bajo la dirección del Estado incluidas. Hoy en día a pesar del éxito largamente deseado de las conversaciones de La Habana y la posterior firma de los Acuerdos de Paz, se están incrementando los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos. Actores armados, principalmente el paramilitarismo, hoy reocupan territorios dejados por la guerrilla en su proceso de desmovilización y tratan de imponer sus reglas en la vida de las poblaciones; mientras el estado no actúa para frenar esta grave situación.

Así, ambos contextos, el europeo y el colombiano se dan la mano en cuanto al abandono de millones de personas que buscan asilo o refugio y que día a día ven vulnerados sus derechos más elementales. De alguna forma, a unas personas se las criminaliza y persigue en su derecho a emigrar, al refugio y asilo, mientras a otras se las reprime o asesina por denunciar que siguen creciendo las violaciones a los derechos humanos en función de intereses económicos más o menos ocultos y con la cobertura de los poderes políticos.

Derecho de las mujeres a una vida en libertad. Y sin violencias habría que añadir, para subrayar que hoy las mujeres de Asia, África, América, Oceanía o Europa siguen siendo perseguidas y asesinadas por el machismo y el patriarcado. Entre 2012 y 2014 se registraron más de 1.600 agresiones a mujeres defensoras de los derechos humanos solo en El Salvador, Honduras, Guatemala y México, con un aumento respecto a años anteriores superior al 45%. Entre 2012 y 2016, en esos mismos países, fueron 42 las mujeres defensoras asesinadas.

Un aspecto más en este contexto, y establecemos así relación con los dos primeros ámbitos antes enunciados, es la no visibilización cuando se habla de procesos de criminalización de estos derechos, de las agresiones y violaciones de los derechos específicos que sufren las mujeres, con especial atención a todos los referidos a la violencia sexual y el incremento de las acciones y actitudes machistas. La gravedad estriba además en que este tipo de ataques, en la inmensa mayoría de las ocasiones no son denunciados y quedan en la más absoluta impunidad. Sin embargo, por diferentes fuentes y conocimientos comunitarios se sabe que éstos son una constante.

Pero, sin mirar tan lejos, un estudio reciente realizado por feminicidio.net y Mugarik Gabe, mostraba que más allá de las cifras oficiales, la realidad es más dura, también en nuestra sociedad. Entre 2010 y 2015 en Euskal Herria, 33 mujeres fueron asesinadas por hombres. Y, a pesar de estos datos, a pesar de la lucha necesaria por la defensa de los derechos de las mujeres, en igualdad con los hombres, y con el objetivo de erradicar esas violencias machistas, se sigue generando desde distintos poderes cierta desconfianza, y a veces criminalización directa o indirecta, de aquellas mujeres defensoras y organizaciones feministas que día a día evidencian y denuncian esta realidad de nuestra sociedad.

Por todo ello, y tras este breve repaso, volvemos a reafirmar y evidenciar que los procesos de criminalización y persecución a quienes defienden y a quienes exigen el cumplimiento de los derechos han aumentado en los años del sistema neoliberal. Por eso hoy la defensa de quienes defienden y su no criminalización tienen que seguir siendo una razón de denuncia y reivindicación. Los derechos humanos, que hasta hace poco tiempo estaban constantemente en las grandes declaraciones y en boca de las élites políticas tradicionales, no pueden perderse y quedar supeditados a conveniencias, mercados u otros intereses económicos.

Pasados unos años ya desde la implantación del neoliberalismo y aunque empieza a dar serias muestras de agotamiento, urge revisar la relación entre este sistema y los derechos humanos. La característica fundamental en este campo se podría enunciar en una sencilla y clarificadora regla: en la misma proporción que ha crecido el poder del sistema financiero y de los mercados con su insultante acumulación de riqueza, se han reducido y recortado las libertades y derechos de los pueblos y personas. En esta relación ha crecido también la brecha de la desigualdad por la falta de redistribución de la riqueza, lo que va a incidir también de forma directa sobre el cumplimiento de determinados derechos como, por ejemplo, los que corresponden a una educación y salud universal y gratuita, a desplazarse libremente, o a una vida digna para todas las personas y no sólo para quienes pueden pagarse esos servicios tras los procesos de privatización.

De esta forma, y aunque vistos los acontecimientos políticos y económicos de los últimos años, es posible afirmar que se ha entrado en las fases finales de este injusto sistema, hoy los procesos de criminalización y persecución contra quienes defienden los derechos humanos y alternativas al modelo dominante aumentan y se multiplican en todo el mundo. Alguien podría pensar que es esta una afirmación exagerada y alarmista; hacemos por eso un breve recorrido por tres ámbitos que han visto en estos años redoblarse las actuaciones en contra de los derechos.