Instituto-Memorial de Víctimas y de la Democracia

Empezaré por el final: quizás el Gobierno Vasco –su flamante Secretaría General para la Paz y la Convivencia- cuente ya sin saberlo con un documento adecuado para desarrollar políticas públicas en la delicada cuestión del terrorismo y de sus víctimas. Le basta con fotocopiar el que presentó hace unas pocas semanas bajo el título de 'Programa base de prioridades 2015-1016 en materia de memoria histórica' y sustituir franquismo por terrorismo, y víctimas del franquismo por víctimas del terrorismo. Si lo hace así, tendrá dos buenos documentos para encarar sendos asuntos. No en vano, siempre he sostenido que el tema de la guerra civil y el franquismo y sus víctimas, y el del terrorismo y las suyas, deberían acabar teniendo al final exactamente el mismo tratamiento, y que solo la diferencia de tiempo –el terrorismo es aún “memoria viva”; más si cabe que el franquismo- los distinguen hoy en cuanto a terapias. Pero, al final, todo viene a ser una misma cosa, todo viene a tener una similar historia.

Y lo cuenta bien el documento gubernamental. El franquismo –insisto, cámbiese en esta paralela versión por terrorismo- surgió de la voluntad de unos alzados que eligieron la violencia para imponer su proyecto político totalitario a toda la sociedad. Esta fue víctima doble de los resultados del provisional éxito de los victimarios: generaron víctimas de todo tipo por aplicación de su violencia y anularon importantes parcelas de libertad ciudadana. Asimismo, por diferentes medios minoraron –en algunos casos hasta anularlo o demorarlo largamente en el tiempo- el reconocimiento y recuerdo social de las víctimas que produjeron. La restitución de esos perjuicios producidos pasaría de nuevo también por ese reconocimiento a posteriori que se impidió antes, por la visibilización social de las víctimas y por su protagonismo en labores de pedagogía democrática que hagan hincapié, precisamente, en aquello que los violentos arrebataron en todo o en parte: la vida y la libertad.

En esa línea, la Administración está para acompañar y estimular las iniciativas sociales ciudadanas, evitando un abstencionismo que en los dos casos presentes resultaría cómplice de la injusticia. La memoria, en ese sentido, resulta esencial porque sin memoria no hay víctimas y, sin víctimas, ¿de qué estamos hablando? La historia, quizás –un término que no aparece ni una sola vez en un documento de 34 páginas; sí, por supuesto, el acertijo “memoria histórica”-, es lo único que se echa en falta, pues son los historiadores los llamados a proporcionar conocimiento verificado o plausible, conforme lo permitan las fuentes, de lo ocurrido en ese tiempo pasado. No se cita la disciplina ni tampoco a sus practicantes, pero se habla de investigación y de archivos y de una comisión para redactar un informe de lo ocurrido años atrás, y quizás algo tengan que ver profesionales como ellos que no se dedican a otra cosa que a esa; o mejor, que son los únicos que mediante el desempeño de su profesión pueden llegar al conocimiento de los arcanos que el documento señala. Hay que pensar, sin duda, que se trata de un olvido. Seguro.

Interesan los principios que guían el documento: éticos, políticos y democráticos. En este caso, otra vez, han acertado de lleno. Se acabó aquello de quedarse en las consideraciones de orden moral: teniendo su importancia extraordinaria (por primarias, básicas, indiscutibles), las razones éticas obligan inmediatamente a abordar la cuestión desde el prisma de la reparación de las bases políticas y democráticas que la violencia de intenciones políticas quebró. Y el compromiso de la Administración que se afirma en este punto, a favor de la democracia, los derechos humanos, el Estado de derecho y finalmente la convivencia resulta esperanzador: aplicado también al terrorismo y sus víctimas, igual que al franquismo y las suyas, es un camino reconocible y acertado.

Se lía el documento un tanto en lo referido a la misión, algo esencial. Dice que el objeto es “impulsar y reforzar la conciliación de la convivencia”, algo que resulta semánticamente cacofónico, por reiterado. Pero interesa más otra cuestión: aplicado al terrorismo, como propongo, no tiene falla porque la reconciliación social y una plaza pública en la que quepamos todos, en tanto que espacio democrático y tolerante, resultan objetivos estimulantes. Y es así porque ha habido dos sociedades (o dos trozos de sociedad: una, minoritaria, que lo alentó, y otra que lo sufrió).

El problema lo tiene el documento en la versión original referida solo a la guerra civil, el franquismo y sus víctimas, toda vez que al haber obviado en 34 páginas que hubo una sociedad vasca que alentó desde lo civil el golpe militar de julio de 1936, que contribuyó a ella con miles de voluntarios y que luego sostuvo con su participación inequívoca cuarenta años de dictadura, desde las alturas de los ministerios hasta las alcaldías de aldea, no se sabe muy bien con quién tiene que “conciliar la convivencia” la ciudadanía vasca que nunca se movió de los criterios de democracia y de respeto al poder legítimo, el de la República Española. Esa parte se tiene que enmendar en el documento inicial, que vamos a llamar Documento 1 (para la guerra civil, el franquismo y sus víctimas).

Y al final, los objetivos: las víctimas y la memoria. Perfecto. Y las prioridades: el derecho a que se conozca la verdad de lo ocurrido en todos los episodios de violencia que se han sufrido aquí desde el 18 de julio de 1936 hasta el 20 de octubre de 2011; el derecho a la justicia que tienen las víctimas (y la sociedad, indirectamente), y ante el que no parará en mientes la Administración; la reparación, mediante dinámicas políticas públicas de memoria; y, finalmente, muy importante, la garantía de no repetición, mediante una política de conocimiento, de reconocimiento de los valores democráticos que representaban las víctimas cuando la violencia las convirtió en tales y de defensa del Estado de derecho como principal garantía de que lo ocurrido no vuelva a pasar. Y de cómo la pedagogía y el desarrollo de una memoria crítica y democrática son los mejores instrumentos para que la ciudadanía impida con su acción una hipotética y futura repetición del mal. Lo dice así… por fin.

El Gobierno Vasco –su flamante Secretaría General para la Paz y la Convivencia- ha encontrado la mejor definición de objetivos y de hoja de ruta para desarrollar en el Memorial de Víctimas del Terrorismo. No debería ser egoísta y quedarse con el documento solo para su aplicación en el Instituto de la Memoria y la Convivencia. Cuando uno ha encontrado la piedra filosofal, ha de ser generoso.

Empezaré por el final: quizás el Gobierno Vasco –su flamante Secretaría General para la Paz y la Convivencia- cuente ya sin saberlo con un documento adecuado para desarrollar políticas públicas en la delicada cuestión del terrorismo y de sus víctimas. Le basta con fotocopiar el que presentó hace unas pocas semanas bajo el título de 'Programa base de prioridades 2015-1016 en materia de memoria histórica' y sustituir franquismo por terrorismo, y víctimas del franquismo por víctimas del terrorismo. Si lo hace así, tendrá dos buenos documentos para encarar sendos asuntos. No en vano, siempre he sostenido que el tema de la guerra civil y el franquismo y sus víctimas, y el del terrorismo y las suyas, deberían acabar teniendo al final exactamente el mismo tratamiento, y que solo la diferencia de tiempo –el terrorismo es aún “memoria viva”; más si cabe que el franquismo- los distinguen hoy en cuanto a terapias. Pero, al final, todo viene a ser una misma cosa, todo viene a tener una similar historia.

Y lo cuenta bien el documento gubernamental. El franquismo –insisto, cámbiese en esta paralela versión por terrorismo- surgió de la voluntad de unos alzados que eligieron la violencia para imponer su proyecto político totalitario a toda la sociedad. Esta fue víctima doble de los resultados del provisional éxito de los victimarios: generaron víctimas de todo tipo por aplicación de su violencia y anularon importantes parcelas de libertad ciudadana. Asimismo, por diferentes medios minoraron –en algunos casos hasta anularlo o demorarlo largamente en el tiempo- el reconocimiento y recuerdo social de las víctimas que produjeron. La restitución de esos perjuicios producidos pasaría de nuevo también por ese reconocimiento a posteriori que se impidió antes, por la visibilización social de las víctimas y por su protagonismo en labores de pedagogía democrática que hagan hincapié, precisamente, en aquello que los violentos arrebataron en todo o en parte: la vida y la libertad.