Desde que se declaró el estado de alarma, en marzo de 2020, la Diputación Foral de Bizkaia ha preparado una marmita indigesta de medidas fiscales. Ha hecho uso y abuso de técnicas normativas de urgencia con hasta 12 decretos forales normativos, 20 órdenes forales y diversas instrucciones que tienen la virtud de evitar un debate sosegado sobre la forma más justa y eficaz de responder a la pandemia. Lo que ha preocupado al equipo de gobierno foral de Bizkaia es transmitir a la ciudadanía la impresión de que hacía muchas cosas aunque fuera de forma irreflexiva. El resultado es un batiburrillo de medidas inconexas, dispersas y descoordinadas cuyo coste exacto es imposible de determinar dado que la Diputación arrastra el mal hábito de acompañar sus medidas fiscales de informes de impacto presupuestario que se limitan a reconocer que no son capaces de calcularlo.
A un sistema fiscal ya extraordinariamente complejo, cuajado de normas y reglamentos, que una persona normal no tiene tiempo ni ganas de conocer, durante el estado de alarma la Diputación ha añadido docenas de cataplasmas fiscales. Pero el sesgo y pretensión de esta batería de medidas es evidente: se ayuda con generosidad a quienes conservan intacta su capacidad de inversión. Si es usted una persona adinerada está de enhorabuena: se encontrará con un amplio surtido de incentivos a la inversión. Podrá reconfigurar su cartera de activos financieros con generosos plazos para invertir, por ejemplo, a través de fondos europeos de inversión. Se beneficiará de deducciones por comprar participaciones y acciones en PYMES; amortizaciones aceleradas que le permiten gestionar su cuota tributaria a placer; magnánimos plazos de reinversión de beneficios extraordinarios; exenciones de hasta el 60% de su cuota del impuesto sobre sociedades del año 2019. Si usted vive de rentas procedentes de locales comerciales puede haberse visto obligado a negociar un acuerdo con su inquilino una reducción del precio del alquiler pero Hacienda le ayuda duplicando su impacto fiscal. También es un buen momento — ¿por qué no?— para reformar su vivienda o comprarse una nueva. Si tiene vocación filantrópica también puede encontrar oportunidades de mecenazgo que, de paso, le reducirán la cuota tributaria.
Para el pequeño comercio, personas autónomas o pequeñas empresas del sector turístico o de la hostelería se ofrece un muestrario de aplazamientos de pagos, trámites, requerimientos. Es decir, la cuota seguirá siendo la misma, aunque con pagos fraccionados. Si es usted un comerciante que ha visto cómo Amazon y Ali Baba le comían la tostada está de enhorabuena: la Diputación ha tirado la casa por la ventana con una desgravación para la digitalización de su negocio de hasta 300 €. Y si es usted uno de los dos o tres perceptores del ingreso mínimo vital que viven en Euskadi, puede felicitarse: su miserable percepción de hasta 469,93 € estará exenta de tributar en el IRPF aunque cuesta imaginar cómo podría darse tal situación si el límite para tributar se ha puesto en una renta anual de 14.000 €.
La respuesta a una catástrofe como la que ha provocado la COVID-19 no debería limitarse a ayudar a quienes pueden seguir pagando impuestos sino apoyar a aquellas personas que, precisamente porque se han quedado sin negocios y rentas, no pueden tributar
Si usted quiere digitalizar su tienda, Hacienda le regala 300 €; pero si va a invertir en acciones de una nueva empresa innovadora podría llevarse hasta 40.000 €. Si le parece injusto quizá debería dejar de tratar de sobrevivir con su pequeña boutique y dedicarse a gestionar su patrimonio mobiliario. La Diputación no es capaz de calcular el impacto de todas estas medidas pero no sería demasiado arriesgado apostar que benefician desproporcionadamente a rentistas y capitalistas. Una pista nos la da la evolución de la recaudación de 2020: la del IRPF, el impuesto directo que recae sobre la mayoría, ha experimentado una caída de apenas el 3,5% respecto al año anterior; el impuesto sobre sociedades cayó un 22,2%.
Y todo tiene una sencilla explicación: el neoliberalismo. Ese proyecto político que ha conseguido transformar nuestra sociedad en un experimento de ingeniería social sin precedentes. Desde los años 80 del siglo pasado ha trabajado por someter el Estado al mercado antes que a la ciudadanía, actuando mediante una democracia constreñida que lidera una tecnocracia impermeable a las exigencias sociales. Los servicios públicos quedan sometidos a la comercialización: el suministro de agua potable y energía, la educación, la vivienda o las residencias de mayores dejan de ser bienes públicos para convertirse en oportunidades de negocio y bienes de consumo. Porque, sobre todo, el neoliberalismo es una ideología al servicio de la clase capitalista.
Este proyecto fue asumido con entusiasmo por los partidos del régimen del 78, los conservadores católicos nacionalistas (PP, PNV) y los conservadores laicos (PSOE). España es hoy el alumno aventajado del Neoliberalismo en Europa. El Estado Capitalista Neoliberal (en adelante ECN) no dirige, cede el protagonismo al sector privado, en especial a los grandes oligopolios y fondos de inversión. Son ellos quienes deciden qué recursos se emplean y movilizan y qué modelo de desarrollo económico debemos seguir. El papel del ECN se limita a crear el entorno regulatorio en el que operan las oligarquías capitalistas.
El ECN sabe crear regulaciones y licitar obras de construcción de infraestructuras. Para eso está adecuadamente configurado. Para lo que no está ideológicamente preparado es para gestionar grandes catástrofes y crisis económicas y, de todas formas, carece de los recursos necesarios para hacerlo. En Bizkaia, el ECN se manifiesta en forma de recaudador de impuestos. A medida que el proyecto del PNV ha ido perdiendo credibilidad, ha tenido que aceptar un binomio PNV/PSE para legitimar un sistema tributario profundamente clasista. Nuestro sistema tributario mima siempre a los grandes capitales sacrificando la progresividad de impuestos como el IRPF o el Impuesto sobre el Patrimonio. Cuando ha llegado la pandemia su actuación sólo podía ser un batiburrillo de medidas fiscales confiando en que será el sector privado el que sabrá sacarnos de la emergencia.
El ECN está fallando a la mayoría social. La respuesta a una catástrofe como la que ha provocado la COVID-19 no debería limitarse a ayudar a quienes pueden seguir pagando impuestos sino apoyar a aquellas personas que, precisamente porque se han quedado sin negocios y rentas, no pueden tributar. Un Estado consciente de su responsabilidad habría asegurado que todos aquellos que han visto su actividad económica interrumpida o perjudicada por la pandemia contaran con una renta suficiente para superar la emergencia. Necesitamos complementar rentas, no rebajas fiscales.
Un Estado que se enfrenta a una gran catástrofe no confiaría en que los mecanismos de mercado y los incentivos fiscales la resolvieran, sino que se pondría al frente de su gestión, movilizando cuantos recursos fueran necesarios para minimizar su impacto y estaría desarrollando un plan. Pero esto exige contar con buenos gestores públicos, capacidad de planificación, contratar a personas y olvidarse de esas reglas de equilibrio presupuestario que, consciente o inconscientemente, siguen imprimiendo carácter a las políticas. Pero vivimos en un Estado Capitalista Neoliberal.
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