El hecho diferencial vasco se caracteriza por un modelo territorial medieval cuyas competenciales forales entorpecen la toma de decisiones conjuntas, hasta para lograr unificar las tarifas del transporte público. En ese complejo contexto se ha impulsado una limitada revisión tributaria, condicionada por el obstáculo añadido que de la coalición PNV-PSE-EE no controla las juntas generales de las tres diputaciones. Por tanto, necesitaban el apoyo de otro partido, tarea que tras incesantes titubeos ha recaído sobre Podemos, fuerza minoritaria cuya alternativa en materia de fiscalidad es mucho más avanzada.
Las reacciones al acuerdo han sido dispares. Mientras Andoni Ortuzar, todavía presidente del PNV, lo celebró luciendo una corbata morada, la presidenta de la patronal vasca Confebask lo considera un castigo a los empresarios. Entre los titulares catastrofistas destacan 'Expansión': “Castigo fiscal en Euskadi a las rentas altas y las grandes empresas” y 'El Correo': “Podemos impone sus exigencias a PNV y PSE-EE para girar a la izquierda su reforma fiscal”. Todo eso unido a mensajes de odio a Podemos.
Titular de 'Deia' del 5 de marzo: “Bildu y PP usan la revisión fiscal para hacer oposición al PNV y la llevan al precipicio”. Ambos partidos han pasado de expresar voluntad de negociar a desautorizar el contenido de la reforma, aunque sólo EH Bildu presenta enmienda a la totalidad.
El PP apoyó la reforma fiscal del 2017, lo cual significa que no suponía ningún avance significativo, pues el PP, como Vox, quiere reducir impuestos para favorecer la privatización de los servicios públicos. En esta ocasión el PSE-EE, puede que a causa de las discrepancias entre el PP y el PSOE a nivel estatal, vetó la presencia del PP en la negociación.
El caso de EH Bildu resulta contradictorio. En Madrid apoya al gobierno del PSOE, en Euskadi rechaza implicarse, después de haber intentado formar un gobierno soberanista con el PNV. A nivel estatal EH Bildu apoya la exención de tributar para el IRPF cobrando el SMI. En Euskadi sin reforma fiscal la cantidad exenta del IRPF habría quedado en los 14.000 euros vigentes, muy por debajo de los 20.000 que establece el acuerdo final. En el País Vasco perciben el SMI 61.000 personas. En sentido contrario, EH Bildu aprueba la desgravación de las EPSV de empleo, un privilegio que beneficia a 1.300.000 personas.
La postura del sindicato ELA es la más extrema, llegando a declarar que es una oportunidad perdida y exigiendo dar marcha atrás. Si ELA actuase de la misma manera en la negociación colectiva no llegaría a ningún acuerdo. La decisión de firmar un convenio no se basa en el todo o nada, sino en el logro de mejoras que no impliquen retrocesos. Si ELA decidiese intervenir en las instituciones políticas con ese negacionismo, destacaría como elemento antisistema.
Al carecer de representación para negociar, Sumar intenta tener protagonismo desde el Parlamento Vasco, presentando una proposición no de ley que insta al Gobierno a utilizar la Ley de armonización fiscal con enfoque de país. Sumar lo tenía difícil para cuestionar el resultado de la reforma, dado que las medidas acordadas con Podemos son más progresistas que la fiscalidad estatal.
Si Podemos se hubiese atrincherado en su programa fiscal para rechazar el acuerdo, como EH Bildu, el resultado habría sido similar a la “socialización del sufrimiento” promovida en otra época por la Izquierda Abertzale. El mérito de Podemos se basa, más que en lograr mejorar la reforma fiscal del PNV-PSE-EE, en asumirla por imperativo social o ético, evitando que la gente más vulnerable se viese privada de esas mejoras que, incluso siendo escasas, en condiciones de precariedad extrema resultan vitales para sobrevivir.
La dirección de Podemos Euskadi ha tenido un gesto de responsabilidad y de solidaridad que no cabe confundir con el electoralismo. Los sectores sociales más débiles son abstencionistas, o lo que es peor, votan contra sus propios intereses, favoreciendo a las derechas reaccionarias. Por el contrario, puede que el electorado radical e incluso militantes de Podemos, consideren que esa decisión es una concesión al gatopardismo del PNV-PSE-EE: introducir pequeños cambios para que en lo fundamental todo siga igual.
Hay otros elementos a destacar en la comprometida decisión de apoyar una reforma fiscal tan limitada. A nivel estatal las relaciones de Podemos con el PSOE y PNV son tensas. Puede que en el equipo de Ione Belarra no agrade ese acuerdo que en Euskadi legitima y refuerza a tales partidos. Sin embargo, pese a los rumores difundidos en la prensa local, no hay indicios de desautorización, lo cual evidencia que Podemos Euskadi ejerce el derecho a decidir en su ámbito territorial, conforme corresponde a un partido con estructura federal.
No obstante, la conducta de la dirección de Podemos Euskadi ha dejado un cabo suelto: si tenía sentido no aplicar el resultado de la consulta dirigida a la militancia, porque la participación había sido escasa y las opiniones a favor y en contra eran igualadas, la firma del acuerdo definitivo requería una nueva consulta y hacerla extensiva a las personas inscritas como simpatizantes.
Estado de bienestar, reparto de la riqueza, son conceptos asociados a una izquierda transformadora hoy en declive. Aunque la prensa afín al modelo económico neoliberal interprete que, con las ventajas logradas por Podemos, la reforma fiscal vasca se escora a la izquierda, la realidad es bien distinta. Sin modificar la estructura del sistema fiscal, más que reforma es revisión. Y tan insuficiente que no cumple los requisitos mínimos para poder considerarla redistributiva. En consecuencia, constituye el fracaso de una izquierda que aspira a ser la alternativa al modelo socioeconómico vigente.
La corrección fiscal aprobada por PNV-PSE-EE con el apoyo de Podemos, es un tímido paso hacia una fiscalidad progresiva, equitativa y eficiente. Para que la fiscalidad deje de ser discriminatoria y avance hacia la justicia social, debería incluir medidas esenciales de la propuesta inicial de Podemos: Evitar que la mayor parte de la carga fiscal recaiga sobre la clase trabajadora, añadiendo tramos superiores al IRPF, impuestos de Patrimonio y de Sucesiones. Aumentar la recaudación en el Impuesto de Sociedades de las grandes empresas. Unificar las bases imponibles del ahorro y del trabajo. Eliminar las bonificaciones a la compra de viviendas y suprimir los beneficios fiscales de las EPSV.
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