Tarifas

A las puertas de unas elecciones forales y municipales -y en una situación de apretura económica para muchas familias-, las diferentes fuerzas políticas  empiezan a mostrar su batería de propuestas, intenciones, ocurrencias y deseos con los que ganarse la simpatía del electorado. Entre ellas, se ha colado la  propuesta de gratuidad y/o superreducción de tarifas del transporte público. Resulta impopular mostrarse crítico con la iniciativa, pero yo, que no necesito captar el voto de nadie y que conozco en panorama de la movilidad en nuestro país, tengo que serlo. 

Y debo serlo porque, lejos de haberse abierto un necesario debate sobre cómo mejorar el actual servicio público de transporte y sobre cómo financiarlo, quienes han planteado la propuesta se han quedado en la cosmética, en el “ta-ta-chán”,  en el efectismo de presentar la gratuidad/abaratamiento ante los medios de  comunicación y la sociedad como quien te hace un regalo. 

Es decir, generar ilusiones, sinestesia y alucinaciones -nada que no se pueda conseguir consumiendo un hongo bien escogido-, se ha convertido en el objetivo único de la iniciativa. La incógnita que queda sin resolver -como con el hongo-,  es cuánto va a durar el efecto de la alucinación y, sobre todo, qué pasará  después, una vez haya desaparecido la ilusión pasajera.  Yo soy un firme partidario de reducir al máximo el transporte privado, pero también soy consciente de que la oferta del transporte público actual no cubre todas las necesidades de movilidad. Por lo tanto, habrá que mejorar no sólo las tarifas, sino también las frecuencias y los servicios de transporte. 

Creo que el ejemplo más paradigmático se da en el servicio de Cercanías que perpetra Renfe en Gipuzkoa. Es un servicio manifiestamente mejorable. Podríamos decir que es difícilmente empeorable o, en el más amable de los  diagnósticos, simplemente lamentable. Su gratuidad temporal ha podido estimular algo -poco- la demanda, pero mientras no exista una mejora de servicios, su gratuidad no impulsará el cambio de paradigma en la movilidad del  territorio de Gipuzkoa. Y ése es el objetivo que deberíamos perseguir. 

La inversión que va a requerir la reducción o supresión de tarifas puede retraer a muchas administraciones a mejorar servicios y frecuencias, que es lo que  necesitamos y lo que, desgraciadamente, se va a quedar sin presupuesto. Lo  peor es que, siendo ésta una apuesta temporal, pasajera y basada en la ocurrencia, no sería de extrañar que el consumo de recursos económicos que requiere la adopción de medidas cosméticas haga que, a medio o largo plazo,  tengan que reducirse los servicios básicos. 

Me gustaría imaginar -con ayuda de más psilocibios, si fuera preciso- que los impulsores de la medida tuvieran la intención de abrir un debate sobre el modo  en que tenemos que financiar un servicio tan esencial como el transporte público y, de paso, que fueran capaces de responder preguntas como: ¿Cuál es el precio o el sistema tarifario capaz de aumentar el uso del transporte público? ¿Cómo  podemos aumentar la financiación del transporte público? ¿Cómo podemos mejorar el servicio y hacerlo más atractivo? ¿Tendremos recursos suficientes  para mantenerlos?  

No parece que la Diputación Foral de Gipuzkoa ni el Gobierno vasco estén  estudiando ningún especial gravamen a empresas para que colaboren económicamente en la mejora del transporte público. Ése sí podría ser un debate  interesante que, efectivamente, sí se ha dado en otros países, pero no aquí. Aquí seguimos la estela de lo que llamamos “Madrid”. Supongo que el PSE tiene la necesidad de “vender” algo en el País Vasco, más allá de ser la muleta acrítica del PNV. 

Entretanto, en este país seguimos sin afrontar uno de los mayores retos del transporte público, que es dar una alternativa real al coche privado para acceder a docenas de polígonos industriales. De poco sirve reducir las tarifas sino mejoramos el servicio público; de nada sirve si, en muchos casos, ni siquiera existe ese servicio de transporte público.  

La tozuda realidad nos demuestra que quienes te financian con dinero público la gasolina –a razón de 20 céntimos el litro- y los que aprueban ayudas a la compra de tu nuevo coche privado, son los mismos que te reducen la tarifa del transporte público a las puertas de las elecciones. Son, obviamente, medidas contradictorias, pero buscan el aplauso en un amplio mercado de votantes, renunciando de forma deliberada a un debate en profundidad sobre movilidad. 

Asimismo, resulta curioso constatar que el presupuesto vasco para 2023 crea un fondo de 12 millones para soportar la gratuidad y el abaratamiento del transporte,  cuando se sabe que, para mantenerlos durante todo el año, serían necesarios 72 millones. Es decir, se contentan con poderlo financiar dos meses, con una fecha de caducidad que, prácticamente, coincide con las elecciones. 

Ya sabemos, también en el ámbito de la movilidad, lo que son las ocurrencias y  los excesos electorales. De hecho, el actual responsable de la Guardia Civil en  el País Vasco y otrora dos veces candidato a la diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, ya prometió en su día, en campaña electoral, tarifas planas de 25 euros al mes en todo el transporte público en Gipuzkoa. La promesa quedó en eso, en promesa. Jamás se materializó. 

Si este culebrón sobre tarifas, servicios y responsabilidad pública sirve para abrir un debate sobre cómo mejorar la calidad de los servicios de transporte público y  sobre cómo financiarlo, habrá merecido la pena. Si, como me temo, se presta sólo a vender medidas amables durante un periodo limitado, simplemente  habremos vuelto a perder tiempo y recursos económicos que son precisos para  acometer, en materia de movilidad, un cambio necesario que sigue durmiendo -ya libre de hongos- el sueño de los justos.