El Tribunal Constitucional no es el Consejo de Castilla

Es una constante en el Partido Popular la remisión al Tribunal Constitucional (TC) de todo asunto político que no se resuelva a su gusto. Este fue el caso de su recurso ante la aprobación de la ley de reforma del código Civil que sancionó la igualdad de derechos entre heterosexuales y homosexuales. Fue también el caso de su recurso ante la ley de salud sexual y de interrupción del embarazo y fue también lo que hizo al aprobarse definitivamente el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. De la primera ley no le gustaba nada que fuera en la línea de ampliar la capacidad decisoria de las mujeres sobre su maternidad, de la segunda que permitiera contraer matrimonio y formar familias mediante la adopción a homosexuales y de la tercera no le gustaban muchas cosas, concretamente 187, pero sobre todo le disgustaba el decidido paso de Cataluña hacia una capacidad de autogobierno más sólida y su fundamento en el hecho identitario. Los resultados han sido magros si se repasan los recursos presentados en su día por el partido conservador y qué fue de ellos: del primero se ha desdicho por la vía de los hechos, olvidándose del recurso y de su proyecto de ley; del segundo lo mismo y con escenografía propia en la boda de Javier Maroto la semana pasada; del tercero resultaron alterados 14 de los 187 punto recurridos y entre ellos no figuraba la alusión a Cataluña como nación.

La razón de fondo de estos reveses está, sin duda, en el hecho de que se trata de asuntos políticos que el PP no puede gestionar en ese espacio, el de la política, y remite a la justicia esperando de ella que haga el trabajo de imponer por esa vía su punto de vista meramente político. Si la constitución dice que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica” sin entrar (sabiamente y quizá, todo hay que decirlo con fecha debajo, de pura casualidad) a concretar las posibles combinaciones; si afirma que “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral” sin precisar nada acerca de si “todos” incluye a un cigoto; si la constitución afirma que “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” pero ni define a ésta ni, mucho menos, excluye que pueda haber otras sino que, al contrario, lo insinúa al hablar de nacionalidades; si todo esto es así, la única posibilidad que queda es el tratamiento político de la interrupción de todos estos asuntos.

El anuncio y tramitación por la vía AVE de una reforma del TC por parte del PP, lejos de corregir esta práctica desnortada respecto de lo que significan constitucionalmente los poderes, va más allá. Literalmente el partido del Gobierno ha propuesto que el TC actúe como si se tratara del Consejo de Castilla. Recordemos que esta institución fue la principal que en tiempos previos a toda constitución e idea de separación de poderes utilizaba la monarquía para gobernar. Era un tribunal y sus miembros magistrados, sus formas de actuación y sus ritos eran procesales, sus decisiones tomaban forma de cosa juzgada pero era una institución de gobierno, es decir, se ocupaba de asuntos políticos. Era un sistema en que el gobierno era cosa de jueces, no de leyes.

Cuando se pretende que el TC no solamente tenga que entrar una y otra vez a solventar asuntos políticos (por más que el propio tribunal ya ha insistido en varias sentencias en que no es ese su cometido constitucional), sino que se quiere además dotarle directamente de una fuerza ejecutiva que le es totalmente ajena, estamos al borde de subvertir todo el orden de la constitución. De aceptarse esto el TC tendría que pasar a denominarse Consejo de Castilla puesto que actuaría de modo más similar a este último que a cualquier TC europeo.

Y el nombre no le vendría mal porque esta reforma de un órgano jurisdiccional como el TC trae su causa directa de lo que el partido conservador se niega a enfrentar políticamente y que, con su recurso de 2006 al TC precisamente, él mismo contribuyó notablemente a generar: la reintegración de Cataluña en el Estado. Esta es la cuestión de fondo que requiere y solamente puede tener un tratamiento político, no judicial. Es confundir el orden de los poderes pensar que la justicia –ni siquiera la constitucional- está llamada por el espíritu o la letra de la constitución a resolver un asunto político. En la actuación de la Generalitat, como en la de cualquier institución del Estado, podrá haber hechos concretos que puedan tener esa dimensión pero desde luego no la tiene el asunto de fondo que mueve al PP a convertir al TC en un renuevo del Consejo de Castilla. No encarar una cuestión tan política como esta desde las instancias políticas, las parlamentarias fundamentalmente, puede convertirse en la actitud más lesiva para el propio orden constitucional. Es también –no hay más que verle la cara de felicidad- un regalo para una actitud como la de Artur Mas y sus cuates que prefieren mantener el debate político de fondo lo más alejado posible de su campaña.