Como ha adelantado este periódico, el Gobierno de Iñigo Urkullu maneja la previsión de presentar este martes el proyecto de Ley de Educación, una de sus medidas estrella de la legislatura y que llega al límite para ser aprobada en el Parlamento Vasco antes de que acabe la legislatura. El texto definitivo está guardado bajo siete llaves, pero en los últimos días se han cruzado varios documentos y propuestas. Este periódico ha accedido a una tercera versión de la norma, datada a 31 de enero, pero que modifica en algunos puntos el único articulado que ya era conocido por haber sido presentado en septiembre de 2022. Entre las novedades, se plantea una disposición específica para alcanzar un “pacto vasco contra la segregación”, que ahora afecta especialmente a los centros públicos. Este texto tiene su base en un acuerdo político previo entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. Todos ellos se reunirán este miércoles, ya que está convocada ya un encuentro de la comisión de seguimiento del pacto educativo.
[Este viernes, en el Parlamento Vasco, el consejero de Educación ha confirmado la presentación este martes del texto y ha afirmado que se abre un momento “histórico” en Euskadi]
Uno de los grandes caballos de batalla de cara al curso escolar 2023/2024 ha sido la introducción de nuevos criterios para combatir la segregación. Públicos o privados, todos los centros que reciben fondos públicos han tenido que reservar un cupo de plazas para alumnado vulnerable y ello ha generado tensiones con las ikastolas y, en cierta medida también, con los colegios religiosos. Ahora, se pretende blindar ese sistema de distribución equilibrada. Su redacción es la siguiente: “El Departamento de Educación del Gobierno vasco impulsará un proceso de diálogo activo con la comunidad educativa con el objetivo de lograr un pacto contra la segregación escolar”. Se trata de una formulación genérica como disposición adicional cuarta que complementa los artículos concretos también previstos. Uno de ellos, por ejemplo, menciona que los nuevos conciertos educativos deberán atender también a estas situaciones. “En todo caso, para la concertación tendrán preferencia los centros que atiendan a poblaciones escolares de condiciones económicas desfavorables, los que realicen experiencias de interés pedagógico para el sistema educativo, los que fomenten la escolarización de proximidad y los que estén constituidos y funcionen en régimen de cooperativa, cuya especificidad será objeto de reconocimiento en la normativa correspondiente”, se puede leer.
El 50% del alumnado en Euskadi está matriculado en centros de titularidad privada. Este borrador, a diferencia del primero, incorpora un título preliminar en el que explica algunos conceptos. Matiza, por ejemplo, un término nuevo que había soliviantado a los defensores de la escuela pública, el de Servicio Vasco de Educación, que iba a englobar por igual a centros independientemente de su titularidad siempre que recibieran fondos públicos. El tercer borrador lo deja así: “Es el servicio dirigido a satisfacer el derecho fundamental a la educación, prestado a través de los centros públicos y privados concertados, de acuerdo con los requisitos que se establecen en la presente Ley y en su desarrollo reglamentario”. La ley dejará claro que no se podrán cobrar cuotas en colegios concertados, nada nuevo en relación a la actual normativa vigente, aunque sí hay puntos para hacerlo realmente efectivo. El borrador retoca la cláusula para la publificación de colegios. La redacta así: “El departamento competente en materia de educación, atendiendo a sus necesidades ordinarias de planificación y de acuerdo con la Ley, desarrollará el régimen que permita la integración de centros educativos privados en la red de titularidad pública tras recabar la conformidad de dichos centros”. Antes, ponía lo que sigue en este punto: “El Departamento competente en materia de educación, desarrollará el régimen que permita la integración de oficio de centros educativos privados en la red de titularidad pública, atendiendo a sus necesidades ordinarias de planificación y de acuerdo con la Ley”.
El apartado idiomático del tercer borrador de la ley educativa no presenta grandes cambios en relación al primero ya conocido. En síntesis, se sustituye el modelo actual de tres líneas, la A en castellano, la D en euskera y la B mixta por un marco “plurilingüe” que será planteado en cada centro atendiendo a su “realidad” territorial pero “cuyo eje es el euskera”. En castellano y euskera habrá que alcanzar el B1 al terminar Primaria y el B2 en Secundaria. Se establecerá como mínimo una lengua extranjera, con objetivo de B1 al finalizar Secundaria. Las tres lenguas podrán ser “de aprendizaje”, esto es, podrá haber asignaturas en esos idiomas. Eso sí, dos puntualizaciones: “En los centros educativos financiados con fondos públicos, el euskera ha de ser normalmente el vehículo de expresión en las actividades que se desarrollen en el propio centro y en las de proyección externa”. Además, se impulsará la multiculturalidad y la integración de las lenguas de origen de los estudiantes de origen extranjero.
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