La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en su reunión del 27 de octubre, acordó poner en marcha un proyecto piloto para celebrar juicios en euskera. A escasos días de una gran manifestación en Bilbao por sentencias recientes sobre normas para priorizar el euskera y con peticiones de “sensibilidad” hacia la lengua cooficial realizadas incluso por el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, el organismo presidido por Iñaki Subijana comisionó a dos magistrados, Garbiñe Biurrun y Alfonso Álvarez-Buylla, para que realicen un “análisis de la viabilidad de un proyecto piloto”. Su primera misión es captar “voluntarios” para poder realizar procesos en lengua vasca y el límite fijado es que no habrá salas especiales para despachar exclusivamente asuntos en euskera, sino que todo se hará desde “el respeto a la garantía constitucional del juez ordinario predeterminado por la ley”.
El propio Subijana ya adelantó un mes antes, el 25 de septiembre, la intención de explorar ese camino. En su discurso durante la apertura del año judicial en Euskadi, el presidente del Superior manifestó que uno de sus objetivos es “promover el uso del euskera en la Administración de Justicia”. Y abundó que se estudiaría la “viabilidad” de celebrar juicios “en varios partidos judiciales” y teniendo en cuenta “el creciente número de juezas y jueces con competencia lingüística en ambos idiomas oficiales”. La Administración de Justicia, en la que cohabitan cuerpos nacionales con personal funcionario autonómico, es uno de los ámbitos menos euskaldunizados del conjunto del sector público vasco.
Las fuentes consultadas recalcan que el plan está en una fase muy incipiente, sin que exista siquiera un listado de magistrados que dominen el euskera y que deseen participar. El “criterio de voluntariedad” es una condición 'sine qua non' impuesta por la Sala de Gobierno. Se citan como precedentes algunas experiencias en el juzgado de lo Social 4 de Donostia o en el juzgado de lo Social 3 de Bilbao. La propia Biurrun suele hacer los arranques de los juicios que preside en lengua vasca.
Desde la judicatura inciden en que no es lo mismo una jurisdicción que otra. Se da por supuesto que en el ámbito de lo contencioso-administrativo, donde la parte demandada son las instituciones, será más sencillo encontrar al otro lado vascoparlantes. Eso sí, estas fuentes remarcan que “habría que preguntarse cuántas veces han requerido el uso del euskera hasta ahora el Gobierno vasco, las tres diputaciones o los ayuntamientos cuando son demandados”. En cuanto a la ciudadanía, “la gente no lo solicita porque se sabe que es prácticamente una quimera” disponer de un proceso completo en euskera, siempre según estas fuentes judiciales. Sí que hay servicios de interpretación y un creciente volumen de papeleo bilingüe, pero el castellano continúa como lengua hegemónica en la Justicia vasca.
Según datos oficiales del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, “se ha registrado una notable mejora en los últimos años”. El 45,2% del funcionario ha acreditado el perfil lingüístico exigible a su puesto y “se ha avanzando en todos los cuerpos” salvo los forenses, donde apenas el 10% tiene el nivel PL3 (EGA o C1). Sin embargo, “en los colectivos no transferidos [jueces, fiscales y secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia] el nivel de conocimiento del euskera es muy bajo” porque “sólo el 7 % de los jueces y juezas, el 2% de los fiscales y fiscalas y el 9 % de los letrados y letradas ha acreditado el PL3”.
Estos datos forman parte del informe de evaluación del plan de normalización del uso del euskera para el período 2011-2020. En este tiempo, se ha pasado de un 35% de modelos escritos bilingües a un 61%. Se estandarizan 200 plantillas al año. Más allá del “modesto” número de juicios o comparecencias en euskera o incluso con traducción -lo cual es un derecho-, el Gobierno vasco recalca que “hay también un largo camino por recorrer para garantizar el derecho de la ciudadanía a ser atendida en la lengua oficial de su elección tanto en la atención telefónica como en la presencial”. La Justicia, por ejemplo, se encarga también de los registros civiles. Incluso “el número de bodas que se celebran en euskera es muy bajo”.
En la presentación de los presupuestos de 2024, que tuvo lugar en el Parlamento Vasco a inicios de noviembre, la consejera Nerea Melgosa defendió el “impulso del euskera” en la Administración de Justicia. Citó una partida de 250.000 euros para un convenio de formación con Habe, 176.116 euros para traducción y 225.000 euros para el programa Auzia Euskaraz, que busca precisamente hacer los procesos en lengua vasca. Se persigue también “incluir las funcionalidades para tramitación en euskera” que había en el anterior aplicativo informático, el Justizia Bat, en el nuevo, llamado Avantius, traducir la Ley de Enjuiciamiento Civil, hacer un traductor “neuronal” judicial adaptado a la terminología técnica propia de este ámbito y hacer cursos de euskera telemáticos o incluso de “especialización en lenguaje judicial”. Finalmente, hay una ayuda de 9.000 euros al Colegio de Abogados de Bizkaia para un máster de acceso en euskera.
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