El Ejecutivo de Iñigo Urkullu, en su primer Consejo de Gobierno después de que haya trascendido que no continuará en el cargo, ha presentado el proyecto de ley de Transparencia, una propuesta que no tiene margen material para ser tramitada y aprobada en el Parlamento Vasco en los pocos meses que quedan de legislatura, incluso si las elecciones fueran en junio de 2024. Es la tercera de Urkullu y es la tercera en la que no se cumple la promesa de que Euskadi deje de ser la única comunidad autónoma sin esa herramienta. Con todo, la consejera Olatz Garamendi ha dado por hecha su entrada en vigor (“creará”, “se implementa”, ...) y, en la presentación, ha destacado el “compromiso” con “mejorar” en esta materia, en concreto para “garantizar la transparencia, la participación ciudadana en los asuntos públicos y la rendición de cuentas”.
En el primer calendario legislativo de Urkullu, que es lehendakari desde finales de 2012, no constaba ninguna propuesta en este sentido. Eso sí, se prometió un capítulo sobre ello dentro de la norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para Transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones.
En la legislatura de 2016 a 2020, se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la promesa de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla y en 2020 volvió a decaer.
Ahora, en el tercer intento, la promesa era que el Ejecutivo la enviase a la Cámara en el “segundo semestre de 2022”. No fue así. Garamendi, eso sí, puede apuntarse el tanto de tenerla lista en noviembre y no en diciembre, que fue su último plazo. “Ahora irá al Parlamento. Serán los parlamentarios los que vean si tienen o no posibilidad... Estamos trabajando, esta norma estaba en el calendario y vamos cumpliendo. Seguimos trabajando día a día con toda normalidad”, ha señalado Garamendi a preguntas de los periodistas después de que, a su lado, el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, haya manifestado el lehendakari “no ha hecho ninguna referencia a las noticias” sobre su salida y sobre la inminencia de las elecciones vascas. “En lugar de decepción, tengo una gran satisfacción. Por lo tanto -y lo digo sinceramente- el texto llegará a donde llegue pero en todo caso es un activo”, ha abundado.
Sobre la propuesta presentada, Garamendi ha indicado que finalmente sí recoge algunas aportaciones que se habían recibido. Por ejemplo, se accede a ampliar el perímetro de la ley también a organismos como el Parlamento Vasco, el Ararteko o el Tribunal de Cuentas. Señala que la parte de transparencia incluso puede afectar a “partidos políticos, organizaciones sindicales o incluso entidades privadas” que reciban ayudas públicas. Asimismo, la norma incorpora las exigencias estatales y europeas para proteger a denunciantes de corrupción mediante un “canal externo”. En este caso afectará igualmente a las Diputaciones y Ayuntamientos, no solamente a la Administración autonómica y su perímetro. El texto incorpora también un planteamiento para regular los 'lobbies' o grupos de influencia.
La ley, de ser aprobada, consolidaría Gardena como “Autoridad Vasca de la Competencia”. Ahora mismo ya opera una ventanilla con ese nombre donde se canalizan las peticiones de información con base en la normativa básica estatal. El Ejecutivo pretendía que Gardena fuera un ente “independiente” y “sometido a control parlamentario”, con medios personales y materiales propios.
La principal fuerza de la oposición, EH Bildu, se ha apresurado a enviar un comunicado tras la presentación de la norma. Sostiene que el Gobierno “demuestra escaso interés” en “frenar las prácticas irregulares”. Recuerda que la media de tramitación de una ley es de 13 meses. “La realidad es que vamos a seguir sin ley”, ha valorado Josu Estarrona, que en los últimos años ha planteado iniciativas para reclamar más pasos al Ejecutivo.
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