El Gobierno de Iñigo Urkullu, que no ha aprobado aún la redacción definitiva de la largamente prometida ley de Transparencia y que ya no tendrá margen en esta legislatura para sacarla adelante en el Parlamento salvo sorpresa mayúscula, ha enviado en las últimas horas a la Cámara abundante documentación al respecto. Por otro lado, uno de los archivos enviados es un informe jurídico en el que una alta funcionaria, Irantzu Zabala Errasti, alerta de algunas deficiencias de redacción que afectarían incluso al propio título de la norma -propone que sea “Ley de Transparencia y de la Agencia Vasca de Transparencia”- y pide que se incluyan en el ámbito de aplicación a organismos autonómicos como “el Parlamento Vasco, la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, el Ararteko y el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas”.
No es un asunto menor. En el caso del Parlamento Vasco, por ejemplo, en ocasiones se han echado para atrás solicitudes de información de los propios parlamentarios al entender que sus derechos de control y acceso a la información lo son respecto del Gobierno y no de la propia Cámara. Este informe plantea hacer “legalmente exigibles” la “garantía del derecho de acceso a la información pública y las obligaciones de publicidad activa”, es decir, de dar cuenta sí o sí de determinados datos internos económicos o de otro tipo.
Argumenta este documento jurídico que si la ley española abarca no solamente a la Administración del Estado sino también a la Casa Real, a las dos Cámaras de las Cortes Generales -Congreso y Senado- y a otros organismos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas del Reino, el Banco de España o incluso el poder judicial, sería deseable en Euskadi una “delimitación más precisa y clara del ámbito de aplicación”. La propuesta inicial de la consejera encargada del asunto, Olatz Garamendi, de la parte del PNV del Gobierno, era que estuvieran incluidos la Administración autonómica, las entidades “locales”, la Universidad pública (UPV/EHU) y dos organismos consultivos, el Consejo Económico y Social (CES) y el Consejo de Relaciones Laborales (CRL).
Este informe pide también “mayor precisión” en la definición de lo que serán “infracciones”, ya que la seguridad jurídica es especialmente relevante y “exigible en su máxima intensidad” en los apartados sancionadores. Hay que concretar más qué es “falta de colaboración” o una decisión “arbitraria”. Es más, se cuestiona que se puedan crear nuevas posibles conductas sancionables a los empleados públicos cuando ello “podría subsumirse” en regulaciones ya existentes. Asimismo, se pide aclarar las funciones y el propio nombre del organismo que se creará para supervisar la aplicación de la ley, Gardena, que ya existe pero que pasaría a ser una “Autoridad Vasca de la Competencia”.
Otro de los informes muestra que en Euskadi, la única comunidad autónoma sin una ley de este tipo, sí existe una demanda ciudadana de peticiones de transparencia a las instituciones, un derecho habilitado por la ley estatal. En 2015 fueron 30 las solicitudes y en 2021, el último ejercicio con datos, ya habían pasado a 332, diez veces más. En total, ha habido 952 peticiones de acceso a datos públicos de las que 657 han sido admitidas. En 123 casos el resultado ha sido de “inadmisión”, en 70 de admisión “parcial”, en 32 de “denegación” y en 70 de “desestimiento” o derivación a otra ventanilla. El tiempo medio de respuesta en días naturales es de 35,08 días. “Van creciendo de forma exponencial las solicitudes y también el número de reclamaciones que se reciben”, explica este documento. Los datos incluyen también los de los ayuntamientos, ya que corresponde a la Administración autonómica también tramitar sus expedientes en materia de Transparencia.
El Gobierno de Urkullu cerrará cuando se celebren las elecciones autonómicas su tercera legislatura y, por tercera vez y a salvo de un giro de guion, no habrá logrado el objetivo de aprobar una ley de Transparencia. La vasca es una comunidad autónoma excepcional en España en este sentido: salvo por Ceuta y Melilla el resto tienen normas autonómicas. Existe un compromiso desde la primera legislatura y ahora hay un borrador en redacción -el anteproyecto es de julio-, pero los plazos que se manejan para su presentación (diciembre) harán imposible ya que el Parlamento pueda completar toda la tramitación requerida a pesar de que el Ejecutivo, con el apoyo de PNV y PSE-EE, tenga mayoría absoluta.
En la primera legislatura, no se prometió como tal pero sí se quiso incluir después dentro de otra ley más general. El Ejecutivo, entonces en solitario del PNV y en minoría, la tuvo que retirar por falta de apoyos y con la voluntad de hacer una regulación específica de Transparencia. En la segunda, nunca llegó el proyecto prometido para 2018 por el Gobierno, pero los partidos que lo conforman, PNV y PSE-EE, sí rescataron el borrador del anterior cuatrienio y lo tramitaron en el Parlamento. Nunca llegó a finalizar su recorrido. Ahora, se ha superado ya el plazo de tener una propuesta de la consejera Garamendi en la segunda mitad de 2022 y el nuevo horizonte es diciembre de 2023. Eso sí, en las últimas semanas el Ejecutivo está presentando el proyecto en diferentes ámbitos. Este viernes, la consejera Garamendi tiene una pregunta sobre cómo va la redacción de la ley formulada en la sesión de control por Josu Estarrona, de EH Bildu.
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