El 'caso Davalor', claves de la sorpresiva investigación de la Fiscalía a la consejera vasca Arantxa Tapia

Davalor Salud era una empresa especializada en mejorar problemas de visión. La 'startup' navarra se presentó como un proyecto innovador y acabó quebrando y con el empresario promotor, Juan José Marcos, declarado culpable del concurso de acreedores en la jurisdicción mercantil. Esta compañía da nombre a un caso judicial en Navarra pero cuyos ecos han llegado ahora al Gobierno vasco. La Fiscalía superior, cuya titular es Carmen Adán, ha abierto diligencias de investigación sobre el papel de la consejera Arantxa Tapia después de que la Fiscalía navarra estimara que “indiciariamente” Tapia pudo cometer un “delito de tráfico de influencias”, penado con hasta “dos años” de cárcel, a raíz de una denuncia personal del histórico dirigente de la derecha navarra Jaime Ignacio del Burgo plagada de errores como cuando se refiere a la consejera como “Tapias” o al lehendakari como “Urkullo”.

¿Por qué denuncia Del Burgo a Tapia? El 'caso Davalor' ya está siendo investigado por un juzgado de Pamplona. Además de Marcos, está imputado el exvicepresidente, exconsejero de Desarrollo Económico y expresidente del PNV navarro, Manuel Ayerdi, que presentó su dimisión cuando surgió esta causa a instancias de UPN, la principal fuerza de la oposición en la etapa de Uxue Barkos y aún ahora con María Chivite. Ahora también está personado como acusación el PP. Tendrán que declarar en diciembre al igual que otras cinco personas vinculadas con la sociedad pública SODENA. El eje del caso es que Navarra procuró 2,65 millones de euros en ayudas públicas en forma de préstamos a pesar de su delicada situación económica y se analiza si la decisión se hizo contra los criterios técnicos.

¿Y por qué se extiende ahora el caso al Gobierno vasco? Davalor Salud tocó la puerta del Ejecutivo de Iñigo Urkullu para recibir financiación, pero se le dijo que no por su delicada situación económica. En todo caso, el Gobierno explicó en el Parlamento Vasco lo siguiente: “Al tratarse de una empresa navarra, la consejera Arantxa Tapia trasladó en una de las habituales conversaciones telefónicas con su homónimo [sic] navarro, la existencia de dicha solicitud, así como la decisión que había adoptado el Gobierno vasco al respecto”. El homólogo de Tapia era Ayerdi, y ahora se analiza si esa llamada fue más una instrucción para apoyar económicamente a Davalor Salud que un despacho entre colegas. Para ello, habría que probar que Tapia hizo valer su influencia sobre Ayerdi. La denuncia de Del Burgo hace mucho énfasis en su militancia compartida en el PNV, aunque por rango el segundo era miembro del Euzkadi Buru Batzar y Tapia no tiene ninguna responsabilidad orgánica. Y habría que probar también que ello le generara un beneficio, siquiera indirecto. El texto de Del Burgo menciona incluso a Andoni Ortuzar, “presidente nacional” del PNV y exdirector de EiTB.

Davalor Salud tenía como principal acreedor a la Fundación Tekniker, una fundación privada pero que tiene al Gobierno vasco como patrono y aportando el 30% de los ingresos, según sus propios datos. Del Burgo recalca también que otra empresa a la que Davalor Salud debía dinero era Vicomtech, cuyo “director actual es Julián Flórez, marido de la consejera”. En todo caso, Tapia -la única junto con Josu Erkoreka que lleva desde 2012 en el gabinete de Urkullu- siempre ha dado cuenta de este conflicto de intereses y siempre se ha abstenido en asuntos relacionados con Vicomtech, como consta en documentos públicos. Hay al menos cinco desde que se publican en el portal de Transparencia.

En Navarra, el PNV forma parte de la coalición Geroa Bai. Los hechos se refieren a la legislatura foral de 2015 a 2019, cuando la presidenta era Uxue Barkos. Desde 2019 le sucedió María Chivite, socialista, y Geroa Bai es socio minoritario en el gabinete. La coalición de Socialverdes y PNV siempre ha minimizado el 'caso Davalor' y lo ha presentado como una 'vendetta' política trasladada a los tribunales. La propia Barkos, ahora senadora, manifestó lo que sigue a este periódico: “Me apena que quien lleva siendo el primer partido en esta comunidad muchos años [por UPN] y que tiene el apoyo sagrado de muchos miles de navarros sea capaz de hacer este uso tan bastardo de los tribunales para influir en lo que la política no le ha otorgado. [...] De ninguna de las maneras [hay nada irregular]. La actuación de Ayerdi fue totalmente conforme a lo que se establece en norma. Y no sólo lo digo yo, también lo dice la Cámara de Comptos y lo han señalado diferentes instancias. Pero, en fin, esto tiene la política”.

En el Gobierno vasco optan por la prudencia y la cautela, aunque el asunto llega con las elecciones muy próximas. Oficialmente no hacen comentarios porque tampoco han recibido notificación alguna de la Fiscalía. La única información que manejan es de los medios de comunicación. Eso sí, es un criterio ya asentado de la Comisión de Ética que una denuncia o incluso una posible imputación no son motivo bastante para una destitución o cese. El momento recomendado para la separación del cargo es la celebración de un juicio penal. Y, al menos en la rama vasca del 'caso Davalor', eso queda a años luz. De momento, la Fiscalía dispone de seis meses para su preinvestigación y, después, decidirá si eleva el caso a un juzgado de Instrucción para la realización de una investigación ordinaria o si lo archiva.