En la que ha sido su primera comparecencia en el Parlamento Vasco, los representantes de la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, encabezados por su presidente, el exmagistrado Juan Luis Ibarra, han insistido en la necesidad de dotar a los agentes de la Ertzaintza de videocámaras en sus uniformes para que graben todas las actuaciones, particularmente las que impliquen arrestos o uso de la fuerza. Sin embargo, justamente hace una semana en el mismo foro, en la Cámara, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, informó de que estos aparatos, aunque estaban prometidos para 2023, llegarán “a finales” de 2024 y “no a toda la Ertzaintza sino a unas pocas comisarías”.
“Las cámaras de cuerpo son elementos clave. El acta es mucho menos fiable que una retransmisión videográfica. Es de una eficacia tremenda”, ha descrito Ibarra en el Parlamento. Ha indicado que existe cierto rechazo policial al uso de esta tecnología -“nadie quiere que le vean y le oigan”- pero ha manifestado que los 'pros' son claramente superiores a los 'contras'.
La propuesta partió del que fue el primer gran caso de este foro de reciente creación. La comisión revisó la detención de un ciudadano en Bilbao en la que se denunciaron excesos en el uso de la fuerza. Aunque el caso quedó archivado en la Justicia ordinaria, sí fue la base para que este grupo de trabajo realizara una lista de recomendaciones para evitar abusos en las intervenciones, una de ellas la de las cámaras.
Aquel informe se conoció a mediados de octubre de 2022 y también constató que la Ertzaintza no había investigado diligentemente las denuncias por posibles abusos. En apenas dos semanas, Erkoreka hizo el anuncio de la compra de “1.387” cámaras de tipo 'bodycam' y de un presupuesto de 3 millones de euros. Un año después, coincidiendo con la presentación de los presupuestos, EH Bildu interpeló a Erkoreka por el desarrollo de la iniciativa y fue ahí cuando admitió el retraso y que, además, se destinarán 0,5 millones. “En verdad, toca reconocer que el proceso de contratación se está retrasando”, señaló.
Ibarra ha explicado que la comisión que dirige “necesita avanzar en su institucionalización” después de un “comienzo precario”. No tiene capacidad, por ejemplo, de actuar de oficio para analizar algunos casos. Hasta ahora, ha operado a requerimiento tanto de Seguridad, en el caso de Bilbao y más recientemente en el del movimiento asindical Ertzainas en lucha, o el de algunos Ayuntamientos como el de Vitoria, donde se analiza la persecución a un menor que acabó lesionado. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha destacado que su función es complementaria con la de la Justicia ordinaria y con la de Asuntos Internos. Ha destacado que, por el momento, no han encontrado “injerencias” por parte de la Ertzaintza aunque sí ha indicado que han rechazado personal administrativo proporcionado por el Gobierno vasco para preservar su autonomía.
La comparecencia había sido solicitada por Elkarrekin Podemos-IU. Iñigo Martínez Zatón ha recordado que la actuación policial ha de estar “alineada” con principios constitucionales, democráticos e internacionales. EH Bildu, en su turno de intervención, ha indicado que el presupuesto para este organismo ha bajado de 35.000 a 22.000 en sus dos años de vida. Desde el PNV, Jon Andoni Atutxa ha destacado que este organismo es pionero en España y que persigue “reforzar la legitimidad” de la Policía en sus actuaciones, y ha defendido que el Gobierno atiende las propuestas planteadas aunque algunas requieran “un mayor plazo de tiempo”.
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