La Comisión de Ética de Álava ha dado el visto bueno a que la actual diputada foral de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural, Amaia Barredo, continúe en el cargo a pesar de la investigación judicial que pesa sobre ella por un presunto delito de prevaricación en la tramitación de un proyecto en su anterior cargo, el de viceconsejera de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Antes de su nombramiento, que se produjo en julio, Barredo no informó ni al diputado general, Ramiro González, ni a su partido, el PNV, de que la Fiscalía había completado una investigación contra ella y que había hallado indicios de delitos, de modo que la denunció ante un juzgado de Vitoria.
Este organismo, que apenas ha adoptado seis resoluciones desde su creación, tres de ellas en 2023, considera que el momento oportuno para recomendar el cese de un alto cargo investigado por la Justicia es el de la apertura de juicio oral y la comisión sostiene que en este asunto de Valogreene Paper, el proyecto de Bergara que motivó la apertura de diligencias, queda aún muy “lejos” ese momento. En este sentido, se alinea con una resolución similar emitida por la Comisión de Ética autonómica, que también autorizó a Barredo a seguir como viceconsejera cuando tuvo la primera constancia de las investigaciones del ministerio fiscal. Es presidenta de la Comisión de Ética alavesa la teniente de diputado general y cabeza del PSE-EE en la coalición con el PNV, Cristina González, y son vocales Elena Ferreira, Javier Garaizar y Fernando Salazar.
El caso de Barredo llegó por dos vías a la Comisión de Ética foral. Por un lado, González pidió un pronunciamiento tras encontrarse de sopetón con el caso en pleno inicio de su tercera legislatura. Por otro lado, la propia aludida remitió otro escrito. La resolución de ahora compila ambas respuestas. En todo caso, recoge unas valoraciones de la diputada foral que se adelantan a la resolución judicial de su expediente y contradicen claramente la tesis de la Fiscalía, ya que da por “legal” toda su participación en Valogreene Paper.
Barredo indica que realizó su trabajo “con honestidad, de acuerdo al marco legal establecido y con el aval técnico y jurídico de especialistas de las diferentes áreas intervinientes en materia de autorizaciones ambientales”. La Comisión de Ética indica que ella misma “concluye que la actuación por ella realizada en ningún caso reúne los elementos de la figura delictiva prevista en el artículo 404 del Código Penal”.
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