La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, asumirá en los próximos días la presidencia de la Comisión de Ética del Gobierno vasco, según indican fuentes de su equipo. Este órgano es el encargado de revisar denuncias contra altos cargos o consultas de los propios afectados en casos que puedan chocar con el código ético autonómico, como es el caso de los procedimientos judiciales. Será la tercera persona que asuma esta responsabilidad, ya que antes lo fueron los consejeros Josu Erkoreka y Olatz Garamendi, todos ellos del PNV.
La normativa reguladora de la Comisión de Ética atribuye a la persona titular de la cartera de “Administración Pública”, ahora renombrada, la presidencia de este órgano. Además, tienen asiento la viceconsejera de Función Pública y otro “alto cargo” como secretario, aunque “con voz pero sin voto”. Por ello, Maite Barruetabeña relevará a José María Armentia. Está por ver si es sustituido Jon Iñaki Urbina, que ya no es viceconsejero y que actuaba como secretario, aunque técnicamente podría continuar al seguir siendo director de relaciones con el Parlamento, es decir, “alto cargo”. De hecho, cuando entró a esas funciones tenían también el rango de director.
Los otros dos integrantes del plenario de la Comisión de Ética son dos expertos “de experiencia, competencia y prestigio profesional contrastado en materias relacionadas con la ética, el derecho o la gobernanza de organizaciones”. Los designa, eso sí, el propio Ejecutivo. Hasta ahora han ocupado esos puestos Elsa González y Fernando Tapia. Fueron nombrados por el Consejo de Gobierno en 2022. Se dijo entonces que venían a dar un “impulso” a este foro -muy cuestionado por la oposición hasta el punto de rebautizarlo como “Comisión de Estética” porque siempre falla a favor de los intereses del Ejecutivo- para “evitar caer en la autocomplacencia y en la rutina”. Relevaron a Elisa Pérez y Txetxu Ausín, independientes nombrados desde 2013 y 2015, respectivamente.
La Comisión de Ética, que evidentemente no ha emitido resoluciones desde la marcha de Garamendi a finales de junio, empezó sus trabajos en 2013, durante el primer mandato de Iñigo Urkullu. Desde el inicio asentó el criterio que la sola apertura de una investigación judicial -incluso penal- contra un alto cargo no era motivo suficiente para acordar su destitución. El criterio en el que ha insistido en estos años es que solamente en casos de flagrante delito o gran alarma social se ordenará una salida inmediata y que, de lo contrario, el momento procesal es la apertura de juicio.
Uno de los casos más recientes en este sentido es el de la actual consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, que cuando era viceconsejera fue denunciada por prevaricación ante la Fiscalía por haber autorizado el proyecto Valogreene Paper de Bergara. Existe un precedente que se remonta al inicio de los trabajos de esta comisión. Agustín Elizegi, que era director de la sociedad informática autonómica, Ejie, fue destituido tras conocerse que había adjudicado contratos a su antigua empresa. En otros casos ha ventilado el “cumplimiento insuficiente” de los estándares éticos con notificaciones en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Ocurrió en los casos de Hernando Lacalle, del PNV, y de Iván Pedreira, del PSE-EE.
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