Los críticos de EA toman aire en puertas de una nueva batalla por el control del partido y por su papel en EH Bildu

Formalmente, la situación interna en Eusko Alkartasuna (EA) no cambia nada. Hay un congreso convocado para febrero de 2022 en el que concurrirán candidaturas enfrentadas y la actual secretaria general, Eva Blanco, continuará en funciones en el cargo hasta entonces. Sin embargo, el sector crítico de la formación integrada en EH Bildu, que precisamente reclama más visibilidad en la coalición liderada por Sortu, ha obtenido en los tribunales un balón de oxígeno. La Audiencia Provincial de Álava ha estimado que el partido vulneró los derechos de Maiorga Ramírez, líder de los críticos, al anular su candidatura en el proceso de primarias de 2019, lo que supuso automáticamente el nombramiento de Blanco. No obstante, esta designación no se desestima.

Este asunto, y otras derivadas de la encarnizada pugna interna que vive EA desde al menos 2017, cuando se celebró el último congreso, llegaron a juicio en el otoño de 2019. Ramírez, que tiene el respaldo de los responsables de tres de las cinco organizaciones territoriales en que se divide el partido (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde), denunció que el requisito de obtener un mínimo de avales por cada una de ellas era excesivo en el caso de Iparralde. Allí solamente hay veinte afiliados y se pedían cinco por candidato y tras haber accedido al censo en el mismo día en que acababa el plazo. Su candidatura sí logró el otro de los requisitos, tener 50 apoyos en el conjunto del partido.

La sentencia, firmada por los magistrados Mercedes Guerrero, Emilio Ramón Villalain y David Losada, es muy dura con la anulación de las primarias y la proclamación consiguiente de Blanco y enmienda la plana a la magistrada que en primera instancia rechazó las pretensiones de los críticos tras el juicio. Sostienen los jueces, en primer lugar, que “se generó una normativa contradictoria”, ya que al requisito inicial de 50 se le sumó otro específico para este proceso de lograr cinco avales por territorio. Añade que esto fue acordado “una vez inmerso en el proceso electivo”. En segundo lugar, se apunta a que Ramírez tuvo más “dificultades” que Blanco, ya que solamente conoció el censo “en la tarde del último día para presentar la documentación que le permitiera validar su candidatura”. Blanco, en cambio, empezó a recoger firmas antes incluso de que se iniciara el plazo.

“Las precandidaturas mejor consolidadas en la estructura del partido disponen de la ventaja de poder recoger avales antes que aquellas otras [con] menos implantación. [Y] El calendario electoral estableció unos plazos muy breves”, se puede leer en la sentencia. Además, recalca que no es razonable que en Iparralde hubiese que lograr 5 de 20, algo que “se convirtió en un condicionante absoluto”. Se añade que las quejas internas de Ramírez ante estos problemas no fueron atendidas: “La estructura organizativa del partido no le dispensó una tutela eficaz”. La conclusión es que los derechos políticos de un afiliado que quería participar en el proceso fueron vulnerados por la dirección.

En la sentencia -que es recurrible ante el Tribunal Supremo- se hace mención en todo momento y de manera reiterada a la Ley de Partidos española y a los derechos políticos de la Constitución española de 1978. No hay ninguna referencia a que el problema fundamental de las primarias se dio en Iparralde, ya que EA es una formación que, por su visión política, está inscrita también en Francia.

La Audiencia Provincial, asimismo, dedica otra parte de su resolución judicial a ser igual de contundente pero contra las pretensiones de los críticos. El fallo insiste en que los líderes afines a Ramírez, Iratxe López de Aberasturi (Álava), Mikel Goenaga (Gipuzkoa) y Miren Aranoa (Navarra), se extralimitaron al querer el acceso al censo general de la formación más allá del de sus territorios. Se interpreta que lo hicieron por su interés en hacer prosperar a su candidato y no por sus funciones internas. No se aprecian indicios de que existan documentos falsos -los críticos han llevado a la vía penal este asunto con la imputación de dos dirigentes del equipo de Blanco- y, además, el tribunal cuestiona el funcionamiento de la comisión de garantías. Este tribunal interno del partido, que sí apoyó a Ramírez, estaba controlado por los críticos y tenía un proceder “irregular”, incluso con “presiones” a la única de los cuatro integrantes que era del sector oficial y sin permitirle ser ponente en ningún asunto, según los jueces. No había ni presidencia, ni orden del día ni deliberaciones. Como reacción a la sentencia, el equipo de Blanco ha hecho mucho hincapié en estos aspectos de la resolución judicial.

EA es un partido socialdemócrata fundado en 1986 como escisión del PNV por el lehendakari Carlos Garaikoetxea, quien ha mostrado su apoyo a los críticos. En 2011 propició la creación de Bildu primero, Amaiur después y EH Bildu al final de la mano de la izquierda abertzale tradicional (relegalizada como Sortu), de Aralar y de la escisión de IU Alternatiba, liderada por Oskar Matute. El sector de Ramírez, que es parlamentario navarro desde hace años, entiende que Sortu ha capitalizado toda la coalición EH Bildu hasta convertirla en un partido homogéneo. Este grupo ha hecho constar, por ejemplo, su discrepancia con la no utilización de la palabra “condena” o por no censurar con más claridad los recibimientos a expresos de ETA. También que cada vez hay menos cuotas para los partidos fundadores en las instituciones. Blanco, por su parte, es vicepresidenta del Parlamento Vasco y ha defendido públicamente que la actual forma de hacer política de todo EH Bildu, particularmente pragmática en Madrid, tiene mucho de la impronta histórica de EA. En el Parlamento Vasco el partido tiene tres escaños por uno de la última ocasión en que concurrió en solitario, en 2009. En las Cortes Generales, tiene una senadora, Idurre Bideguren.