Con una investigación abierta al menos hasta enero de 2022 y con 20 imputados ya entre miembros de tribunales y opositores -una cifra que podría crecer aún-, el Departamento de Salud entiende que en la investigación por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) “está quedando clara [...] la no responsabilidad de los máximos rectores de entonces” en las posibles irregularidades. La consejera Gotzone Sagardui defiende expresamente a sus predecesores Jon Darpón, dimitido en 2019 por este caso, y Nekane Murga, a la que una testigo señaló como conocedora de las filtraciones en su etapa anterior como doctora, a la luz de un auto judicial que rechaza la imputación de Darpón, de la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y de otros altos cargos (entre los que no está Murga). Además, el propio aludido ha enviado un mensaje muy breve en Twitter, escrito en euskera, dando las gracias al PNV por su apoyo: “Ser miembro del PNV es como para estar orgulloso, también haber trabajado por Osakidetza y mi país”
Entiende Sagardui que de las novedades de la investigación -adelantadas por este periódico- “se deduce también la pretensión expresada desde el inicio, es decir, que el fin fue el de proceder al desarrollo de un proceso lo más transparente y participado posible que contaba con cláusulas de compromiso de confidencialidad en la elaboración de las pruebas”. Pese a ello, hay sospechas de que hubo anomalías en una veintena de exámenes, en los que hay notas altas habitualmente entre colegas de hospitales de los autores reales de las preguntas. Además, al menos una de las partes personadas como acusación, el sindicato LAB, ha mostrado su intención de recurrir la decisión de la magistrada, llamada Cristina Rodríguez Ruiz, ya que considera que no es posible que se produjeran filtraciones de manera aislada sin el amparo de un sistema diseñado para permitirlas.
Salud ha hecho estas consideraciones en un comunicado que incluye también otras reflexiones del equipo de Sagardui. Una de ellas es que desean remarcar que el Gobierno “desde el primer momento” y “hasta ahora” está mostrando un “compromiso de colaboración con la Justicia” para el “total esclarecimiento de lo sucedido”. La consejera lanzó un mensaje similar en una reciente entrevista con este periódico. Ello contrasta con algunas polémicas pasadas, como cuando no se entregó a la Fiscalía todo el material recabado en la investigación interna llevada a cabo en junio de 2018, lo que incluía grabaciones con denuncias claras de que había habido “tongo”, en expresión utilizada en uno de los audios que aparecieron meses más tarde.
El mensaje del Gobierno de Iñigo Urkullu sigue al del PNV, que ya mandó un “abrazo grande” a Darpón y deslizó que deberían asumir responsabilidades quienes le señalaron como responsable de la OPE. De hecho, el comunicado del Departamento de Salud expresa también la “esperanza” del Ejecutivo de que “sea superado” el “daño reputacional personal e institucional sufrido por tantas acusaciones por agentes políticos, sindicales y mediáticos” a los que no señala por el nombre.
elDiario.es/Euskadi
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