El declive de Osakidetza: la Sanidad pública vasca pasa de joya de la corona a gran agujero de la gestión del PNV

José lleva años trabajando con mayores en Vitoria. Conoce bien las costuras de la Sanidad pública y de los servicios sociales. “Veo cada vez más desesperanza”, explica preguntado por el estado de salud de Osakidetza, una de las principales preocupaciones ciudadanas y uno de los temas centrales de la campaña electoral. La joya de la corona de Euskadi -aunque el título se lo ha disputado también la Ertzaintza, sumida en su propia crisis- ya no brilla tanto. ¿En el ambulatorio? “Antes, de un día para otro tenías consulta. Ahora, eso es irreal”. ¿En Urgencias? “A cualquiera que preguntes te dirá que ha estado doce horas. O dieciséis”. ¿En los hospitales? “Las consultas son cada vez más prolongadas en el tiempo y las personas mayores tienen que pelearse para que les dejen ingresadas”. “De lo que fue Osakidetza a lo que es... A un amigo, de 55 años, su hermano le ha recomendado que se haga ya un seguro privado”, apostilla José.

El PNV tiene en claro riesgo su hegemonía política en Euskadi y el desgaste por la gestión sanitaria es un factor muy relevante en este posible cambio político de calado. Tan es así que el sucesor de Iñigo Urkullu, Imanol Pradales, está prometiendo en campaña enmendar algunas decisiones de la actual consejera de Salud de su mismo partido, Gotzone Sagardui, a la que no le queda más remedio que aplaudir sentada en la primera fila de los mítines.

La legislatura que ahora acaba ha dejado los siguientes titulares. En algunos turnos han salido ambulancias medicalizadas sin médicos. En el hospital del Bidasoa ha habido servicio de Urología sin urólogos. La comarca de Tolosa no tiene hospital público de referencia. Las matronas del hospital más grande de la red de Osakidetza, Cruces en Barakaldo, han pedido disculpas por la deficitaria atención a causa de la falta de personal. En períodos vacacionales o Navidad cada vez se reduce el horario de más ambulatorios y hay consultorios exclusivamente atendidos por personal de enfermería. En Llodio, este enero, falleció un paciente de un infarto en el PAC (Punto de Atención Continuada) sin médico. Los tribunales paralizaron el cierre del servicio de cirugía cardíaca de Basurto, en Bilbao. En Vitoria se han cerrado las Urgencias generales del hospital del centro de la ciudad, el de Santiago, y el nuevo servicio de Txagorritxu empeora los tiempos de respuesta del antiguo: un paciente que acude a Urgencias en la Sanidad pública vasca a las 20.00 horas terminará de ser atendido, por término medio, a las 00.13 horas. Y eso en las ciudades o grandes municipios.

Y, aunque parezca un recuerdo lejano, hasta bien entrada la legislatura estuvo vigente la emergencia sanitaria por la COVID-19. En Euskadi pilotó la crisis una mesa de crisis conocida como Labi. Son recordados los enfrentamientos del Gobierno de Urkullu con la Justicia y, en particular, con el magistrado Luis Garrido, autor de numerosas resoluciones que frenaron los planes y las restricciones propuestas. Hubo vaivenes en las medidas planteadas -con el pasaporte COVID como ejemplo más claro- y también retrasos en la campaña de vacunación con respecto a otras comunidades al tiempo que dos exconcejales del PNV y gerentes sanitarios se colaron a las primeras de cambio, José Luis Sabas y Eduardo Maíz. Uno de ellos incluso lo grabó en vídeo. Otro alto cargo de Salud, Ibon Etxebarria, fue destituido por saltarse las restricciones para ir a jugar al golf. Ahora se ha conocido que ha pasado a ser el nuevo gerente de la principal adjudicataria del servicio de ambulancias, que ha vivido unos años convulsos de movilizaciones laborales.

Antes, en 2018, estalló el caso de las denuncias de filtraciones en los exámenes de una docena de oposiciones médicas. El asunto, como tal, está en vía muerta en los tribunales pero se llevó por delante al entonces consejero, Jon Darpón, a la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica -que llegó a contar con la colaboración de agentes afines de la Ertzaintza para evitar a los periodistas cuando declaró en el juzgado-, o el responsable de Recursos Humanos, Juan Carlos Soto. Osakidetza no entregó de primeras a la Fiscalía unas grabaciones en la que numerosas personas hablaban de “tongo” o “pucherazo” y que era un problema que se repetía convocatoria tras convocatoria.

Dos especialistas del hospital de Santiago, en Vitoria, que se sintieron perjudicados por lo ocurrido en las pruebas de Angiología y Cirugía Vascular, fueron víctimas de represalias por levantar la voz. Osakidetza tendrá que abonarles ahora 61.181 euros como indemnización (a cada uno) pero el asunto ha destapado que estos dos especialistas, de los únicos que hacían algunas intervenciones complejas y muy específicas, ahora ya no trabajan en la Sanidad pública y que sus responsables prefirieron incluso tener a pacientes esperando durante un año -o derivarlos a otros hospitales- antes de que los atendieran estos facultativos. Darpón y dos de sus colaboradoras en el Gobierno, Fátima Ansotegi y Mayte Bacigalupe, acabaron en la compañía sanitaria Keralty. Detrás de esta empresa, la antigua Sanitas Internacional, está la familia Grajales -vinculada al PNV- y también el exconsejero y exvicelehendakari Jon Azua.

¿Y las listas de espera? Osakidetza lleva cuatro años sin publicar los datos en su portal de transparencia. Es fácilmente comprobable y es algo que no sucede en ninguna comunidad autónoma del entorno. Si han ido conociendo datos en esta legislatura ha sido por la oposición, que lo ha preguntado en el Parlamento Vasco. Particularmente activa ha sido la portavoz de EH Bildu en la comisión de Salud, Rebeka Ubera, con cientos de preguntas registradas y un control periódico de la evolución de las tres listas de espera, la quirúrgica, la de consultas especializadas y la de pruebas diagnósticas. El tapón que generó la COVID-19 -que ha dejado casi 9.000 fallecidos en Euskadi y la mayor presión asistencial de la historia de la Sanidad vasca- ya se ha ido relajando en los últimos meses, pero los datos siguen sin ser los de 2019, al menos los que se conocen. En ese mismo portal de transparencia, los datos más recientes de satisfacción o quejas son de 2017. Las segundas fueron del orden de 30.000 hace siete años cuando ahora superan ya las 50.000, también según datos enviados al Parlamento a instancias de la oposición.

Una preocupación ciudadana creciente

El Sociómetro es el principal estudio sobre la realidad social vasca. Lo elabora el Gabinete de Prospecciones Sociológicas (GPS), un organismo público dependiente de la Presidencia vasca. En noviembre 2012, en puertas de la llegada a Ajuria Enea de Urkullu, el 7% consideraba la Sanidad pública una preocupación. Ahora ese mismo indicador ha subido al 35%, según el último Sociómetro, de febrero. Solamente el mercado laboral genera más quebraderos de cabeza a la sociedad. El Deustobarómetro de la Universidad de Deusto eleva al 41% esa inquietud.

Más datos. En 2024, Sagardui maneja 4.896 millones de euros. Es la cartera de más peso económico de todo el Gobierno, como es costumbre. Supone casi un tercio del techo de gasto, 15.025 millones. El PNV suele repetir que la cuantía ha crecido de manera muy relevante en los últimos. Es cierto. Eran 3.964 millones los previstos para 2020 antes de la llegada de la COVID-19. Pero entonces era el 33,5% del gasto total de la Administración y ahora es el 32,6%. Euskadi destina a Salud del orden del 6% de su PIB, lo que es menos que el 6,3% de media autonómica, según el Ministerio de Sanidad.

A nivel político, en los últimos meses de legislatura el Gobierno de Urkullu insistió en planes de alivio de las listas de espera y anunció hasta el último minuto en que fue posible antes de la campaña electoral nuevas inversiones en infraestructuras, ambulatorios y edificios. Una lluvia de millones y de cifras. A Urkullu le gusta la frase de “dato mata a relato” y ha querido hacer ver que las cosas en Osakidetza no están tan mal como las dibujan en la oposición.

Un relevante dirigente político vasco explicó a este periódico en una conversación sobre el estado de la cuestión que Osakidetza ha hecho que el PNV se convierta en un partido “mortal”. Ahora sí, la ciudadanía puede castigarle por su gestión, algo que no había ocurrido en el pasado. El propio PNV, en privado, admite que es su gran punto negro en la campaña y no tiene inconveniente en hacer ver que rectifica algunas medidas adoptadas, aunque discursivamente insista en que todo ha ido bien estos años. Dos ejemplos concretos: Pradales ha comprometido un médico permanentemente en el PAC de Llodio, donde falleció un paciente y reabrir algunos servicios cerrados en estos años. Sagardui no va en las listas del PNV y tampoco está participando como oradora en los actos de campaña.

El “cambio cultural” y la opinión de los exconsejeros

El punto de inflexión en el debate político sobre Osakidetza llegó hace dos años, en el verano de 2022. Sagardui pronunció dos conferencias sobre el futuro de la Sanidad vasca. La más comentada fue un evento de Bilbao llamado Executive Forum España y que estaba patrocinado por dos farmacéuticas privadas, Pfizer y GSK. Sagardui leyó lo siguiente: “No podemos obviar que tanto la especialización de recursos derivada de la innovación en técnicas y tecnologías como la escasez de médicos de familia apuntan a un horizonte de mayor movilidad de la ciudadanía para recibir atención. Euskadi es una comunidad pequeña, con buenas redes y servicios de comunicación. La movilidad no debería ser un problema, pero lo es. Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio cultural, de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanecerán cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Recurriremos a consultas telemáticas, a herramientas de triaje telemático. Esto va a ser así”.

El “cambio cultural” se interpretó como una apelación a desplazarse más lejos para ir al ambulatorio o que se extenderían las consultas sin médico o telemáticas. El Gobierno de Urkullu se apresuró a negar que tuviera en cartera un plan de “recortes” aunque la consejera de Salud admitió que la plantilla había recibido sus palabras con “frustración”, con “tristeza” y hasta con “enfado”. “No era mi intención, para nada”, dijo entonces. A finales de 2023, Osakidetza conmemoró su cuadragésimo aniversario. Se habló de un “sueño” para la sociedad vasca. “Fue, es y será uno de los puntales de nuestro modelo de bienestar”, dijo entonces Sagardui, que estuvo acompañada por todos los exconsejeros de Salud o Sanidad vivos y por una amplísima representación de la sociedad.

Nekane Murga fue la predecesora de Sagardui al frente de Salud. Llegó al cargo en 2019 tras la dimisión de Darpón por las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas de 2018 y a ella le tocó gestionar la llegada de la COVID-19 hasta que salió del Gobierno tras las elecciones de julio de 2020. En una conversación con este periódico, admite que existe un malestar con la Sanidad pública vasca. “Parte de lo que demanda la sociedad no lo estamos haciendo en el tiempo que ellos demandan. La población tiene una percepción y no podemos mirar hacia otro lado. Estamos dando un servicio de calidad con buenos profesionales, pero hay cosas en las que no estamos sabiendo llegar a la población”, manifiesta hablando en primera persona de Osakidetza.

La exconsejera matiza, eso sí, que Euskadi se enfrenta a un problema de falta de profesionales que es común “en el Estado y en Europa” en un momento de “aumento de las necesidades”. El Gobierno vasco se ha encontrado más cómodo en esta batalla, ya que puede presentar este problema como un factor externo y no como un problema propio. Por un lado, ha demandado al Ministerio de Sanidad que incremente las plazas de sanitarios. Por otro, se ha lanzado a captar extracomunitarios mediante una reforma legal y la transferencia de la competencia para homologar sus titulaciones.

En la etapa del socialista Patxi López, el responsable de Sanidad fue Rafael Bengoa, que luego fue asesor incluso de Barack Obama y que ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Osakidetza no ha logrado aún recuperar el tono prepandémico. Y esto ha creado una sensación en la ciudadanía de perdida de acceso a Osakidetza”, sostiene. Bengoa es de los que lleva años avisando de que la ciudadanía, al menos “aquellos que pueden”, está “buscando cobertura privada”. Este domingo, en el partido del principal equipo vasco de baloncesto, el Baskonia, hasta tres compañías de aseguramiento médico ofertaron sus servicios. “En 2021, un total de 504.762 personas residentes de la comunidad autónoma de Euskadi contaron con un seguro de salud, lo que supuso un incremento del 6,4% en relación con el ejercicio 2019”, reveló el Eustat a comienzos de 2022.

“Se puede y se debe romper esa tendencia, pero eso no se logra atacando el aseguramiento y provisión privada sino reforzando y estabilizando el sector público tras las elecciones vascas. Ese reforzamiento no es sólo un esfuerzo inversor sino crear un modelo asistencial que sea mucho más proactivo, monitorizando los enfermos crónicos de forma digital en sus domicilios y, en atención primaria, anticipando e identificando quienes se estén descompensando de esas enfermedades y evitar así que aparezcan en Urgencias y se hospitalicen”, diagnostica. Bengoa plantea también “recuperar la confianza de los profesionales”.

El problema del personal

En Osakidetza no se celebran elecciones sindicales desde hace una década. El último convenio se firmó en 2007, con Juan José Ibarretxe de lehendakari, y caducó en 2009. “No cerramos los ojos frente a los problemas. Los reconocemos. Pero no vamos a hacer lecturas catastrofistas porque Osakidetza tiene hoy más personal que nunca y el compromiso del PNV es poner en marcha medidas para poner solución a los problemas que pueda tener”, suele repetir en sus actos electorales la formación nacionalista. EH Bildu, por el contrario, habla de “declive” y de “volver a poner en pie” el Servicio Vasco de Salud, así como de publificar servicios y contratos externalizados, como las ambulancias o la atención hospitalaria de Tolosa. “Tenemos la Sanidad más cara de España pero hace aguas por todos los lados”, sostiene el PP de Javier de Andrés. Sumar y Elkarrekin Podemos Alianza Verde también incluyen en cada mitin referencias a Osakidetza. Incluso el PSE-EE, socio de Gobierno del PNV, critica duramente la gestión sanitaria del PNV.

“Tenemos déficit de matronas, pediatras, enfermeras de salud mental, médicos de familia y, en vacaciones, también de enfermeras. Se están haciendo parches pero la decisión ha sido de recortar servicios, empezando por los horarios de los centros en Navidad, Semana Santa o verano. Se quiere trasladar una imagen de normalidad 24/7 cuando no es así”, denuncia Amaia Mayor, del sindicato Satse de enfermería. Patxi Nicolau, de ESK, abunda: “La atención primaria es un inmenso PAC que solamente atiende lo indemorable y lo peor es que la gente se está acostumbrando a esperar. La atención primaria ha acabado en la UCI y necesita los cuidados intensivos que el PNV se niega a darle”. “La pandemia supuso que las listas de espera se dispararan. Ha habido que ir achicando agua poco a poco, pero ahora el ambiente que se respira es más tranquilo”, matiza un profesional del hospital Donostia, que añade que el problema de falta de manos es “generalizado” y que España decidió reducir plazas de formación mientras se potenciaban centros universitarios privados.

Desde el sindicato LAB, Jesús Oñate argumenta que “la dirección de Osakidetza, con el beneplácito del PNV y PSE-EE, lleva esquivando la adopción de medidas para fortalecer el sistema sanitario publico desde hace décadas”. “Su estrategia es debilitarlo para propiciar las privatizaciones. Califican de 'complementarios' los trabajos del 30% de la plantilla actual (administrativos, mantenimiento, cocinas, limpieza, etc…) y, por ello, susceptibles de ser privatizados bajo lo que denominan colaboración publico-privada-social. Si añadimos a esto las décadas de privatizaciones ya materializadas y las derivaciones de trabajos puramente sanitarios, entenderemos la magnitud del desmantelamiento y los intereses económicos que lo financian”, abunda Oñate.

En estos años han brotado movilizaciones. Prácticamente en cada OSI -que es como se conocen las comarcas sanitarias en que se divide Osakidetza- han surgido protestas, sentadas o manifestaciones. Incluso en un caso, en Donostia, fueron los propios jefes de servicio los que comandaron una rebelión a modo de 'lobby'. “A la población se nos transmite la sensación de que nos hemos topado de repente con un servicio sanitario en descomposición, agotado e insostenible y apuntamos a los gestores, ahora el PNV, como culpables definitivos de esto que nos parece un desastre muy particular. De este modo, nos agotamos señalando daños y exigiendo a la clase política que nos devuelva algo que nunca fue nuestro”, señala Marta, del colectivo OLAS (Osakidetzako Langileen Sarea).

Esta doctora, en todo caso, entiende que la solución para la Sanidad pública vasca no pasará exclusivamente por la sustitución del modelo del PNV por el de EH Bildu, en caso de que lograse gobernar. “Hemos visto lo que ocurre en el resto del territorio nacional con el Gobierno más progresista y vemos claro que es incapaz de ofrecer un servicio sanitario público digno porque la clase política es parte del problema. La solución en Osakidetza, en el sistema sanitario público universal, no va a venir de ningún partido político institucional. Vendrá del control por parte de la clase trabajadora de la asistencia sanitaria y su organización, de la producción de material y productos farmacéuticos. Además del control de la investigación y formación de todas sus trabajadoras y de la intervención sobre los condicionantes de la salud”, argumenta.