Denuncian que otros dos colegios concertados de Bizkaia cobran también cuotas ilegales

Se suceden las denuncias de familias que afirman que los colegios privados concertados a los que llevan a sus hijos les están cobrando cuotas por enseñanza a pesar de recibir fondos públicos, una práctica prohibida en la normativa estatal desde 1985 y en la normativa autonómica desde 1987. A los casos de Begoñazpi e Ikasbide, en Bilbao, y al del centro Nuestra Señora de la Mercedes, en Loiu, se suman ahora los del colegio Urdaneta, también de Loiu, y La Salle de Deusto, en la capital.

Euskadi es la comunidad con mayor volumen de alumnado matriculado en centros de titularidad privada, casi el 50% del total y por encima de esa cifra en el caso específico de Bizkaia. En Loiu, de menos de 3.000 habitantes y conocida por albergar el aeropuerto de Bilbao, no hay colegios públicos pero sí cinco escuelas privadas. Así, en el contexto de la reforma educativa en la que se lleva meses trabajando el papel de la concertación ha cobrado protagonismo. Eso sí, la nueva ley en que se trabaja en realidad no cambia nada: las cuotas seguirán prohibidas. Pero, en paralelo, el Gobierno sí está lanzando algunos mensajes de aviso y de mayor control, a diferencia de lo ocurrido hasta ahora.

Las familias también están revisando con lupa las facturas que les giran ya que, además de los conceptos complementarios que sí pueden ser incorporados, como el transporte o el comedor, entre muchos otros, hay abonos obligatorios con conceptos vagos y que encubren el pago por la enseñanza. Estas cuantías han ejercido durante años como barrera para que familias con rentas más bajas entraran en estos centros en teoría gratuitos y se ha fomentado un modelo de dos velocidades con la pública asumiendo una proporción mucho más alta de alumnado con mayores necesidades. Los centros, en cambio, alegan que les faltarían 1.500 euros adicionales más por alumno de fondos públicos para no ser deficitarios.

En el caso de Urdaneta de Loiu, una familia ha aportado a este periódico un recibo de diciembre de 501,71 euros. El desglose revela que son 109,88 por el transporte, 115,15 por el comedor, 3,50 por unas fotografías, 10,99 para la AMPA pero también 4,04 de “fondo asistencial”, 131,00 para “actividades y servicios” y 108,90 para “licencias digitales”. “Nadie nos atrevemos a poner el cascabel al gato y pagamos para que no nos señalen ni a nosotros ni a nuestros hijos”, afirman desde esta familia.

En el caso de La Salle de Deusto, lo que ha ocurrido es que a la luz de los cambios normativos que se están anunciando se propone una “progresiva reducción” de las “aportaciones económicas”, lo que implica el reconocimiento de que se realizaba una práctica sin cobertura legal en el pasado y que ahora se desea mantener, aunque con otras cantidades más bajas. El concepto que se utiliza en ese colegio es “aportación a la mejora del centro” y queda en 37 euros mensuales y hay también “prestaciones complementarias” que son de 22,74 euros mensuales. La dirección ha señalado por carta a las familias que la “progresiva reducción” se hace “en línea con lo que nivel de País Vasco se está trabajando en relación con la futura nueva ley de educación que va a suponer una reorganización del sistema educativo vasco”. “Me indignó recibir esta carta, en la que encima se ponen medallas por bajarnos una ridícula parte de la cuota ilegal”, comenta la familia contactada por este periódico.

Tanto Urdaneta como La Salle son centros religiosos y están adscritos a la patronal Kristau Eskola. Al igual que con el caso de Nuestra Señora de la Merced, esta organización declina hacer comentarios sobre el cobro de cuotas en sus centros. En este contexto, este miércoles se ha celebrado en Euskadi la segunda jornada entre los alrededor de 30.000 profesionales de los centros públicos. Convocados por Steilas, ELA y LAB, la protesta es crítica con la reforma educativa al entender que perpetúa un modelo dual. Educación, con datos del 90% de los centros, ha señalado que el seguimiento ha sido del 34%, muy similar al de la huelga de antes del puente. Los convocantes han elevado al 60% el seguimiento y demandan una nueva ley que “tenga como eje la escuela pública y que haga frente a la segregación y garantice la cohesión social, que establezca un marco y una normativa general y consensuada para la publificación”.